Con el miedo al chicotito presidencial basta

LA COLUMNA
de El Diario
2019-01-05

Continúan los actos de fe primero en las propuestas de campaña y ahora al frente de la Presidencia de la República.
No queda duda. Es un ejercicio de administración basado en un líder fuerte y con tanto ahorro de carisma que puede visitar Ciudad Juárez sin guaruras, tomarse un café en Starbucks, recibir solicitudes para la selfie y llegar a un evento rodeado de manifestantes que le aplauden mientras abuchean y reclaman a su acompañante. Es Andrés Manuel López Obrador a un lado de Javier Corral.
Bajo el lema “me canso ganso” impone su parecer ante un gabinete que empieza a resistirse, como lo dejó ver el propio AMLO en Tamaulipas apenas antier y ante la sociedad en general beneficiaria o perjudicada por sus acciones gubernamentales.
Para la mañana del 1 de enero no estuvieron completos reglamentos ni líneas claras sobre el nuevo esquema fronterizo, salarial, de ISR, IVA y precios en la gasolina, pero a lo largo del día y de la semana fueron apareciendo los ‘milagros’.
Se concretaron los cambios en la medida que los “temerosos” fueron bajando la guardia y convenciéndose de que los anuncios por sólo darlos el presidente toman carácter de obligatorios, así que no les quedó otra que sumarse a los pocos que dieron los primeros pasos bajando el precio de la gasolina y el IVA desde los primeros minutos del 2019. Pudo más la voz que la ley.
Fue sometido a prueba un presidente con ideas firmes sobre lo que desea como resultado de su gestión: el beneficio de los mexicanos, pero alejado de la ortodoxia administrativa y rancios protocolos solemnes del ‘sí señor presidente’ con los cuales se había gobernado a un pueblo de 130 millones de personas.
Hasta el momento, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la reducción de la violencia, las becas a jóvenes y ancianos, y particularmente la llamada zona libre o franca, con la reducción de impuestos y aumento de salarios al doble, constituyen un acto de fe. Es la voz del presidente.
Los proyectos adolecen de pulcritud técnica y no han superado muchas de las objeciones específicas que se les han realizado. Hasta desparpajo frente a posibles equívocos ‘políticos’. El decreto de zona libre es por dos años, pero ayer el presidente ante empresarios, políticos y periodistas en esta frontera lo alargó a seis años.
Precisamente en el caso de la zona libre no hay reglas ni claridad en la operación a una semana de iniciado el ejercicio fiscal. Las empresas y sus áreas contables despertaron el primer día del año sin saber qué hacer porque la burocracia regresa de vacaciones hasta mañana, aunque ya estén trabajando con las disminuciones.
Todo lo que tenemos al momento son las madrugadoras conferencias de prensa y las dos intervenciones públicas del presidente en relación con el tema, la de Monterrey y Tamaulipas, sin una profundidad o andamiaje de operación.
El decreto publicado el pasado 29 de diciembre del 2018 poco esclarece, más aun cuando su contenido choca con lo que hemos escuchado en boca del titular del Ejecutivo federal, y se aleja en mucho de lo que se conoce como una zona franca.

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Ejemplos de zona libre o franca tenemos muchos. México no es la excepción. Carlos Salinas emitió un decreto para constituir una zona en la frontera sur.
Publicado el 21 de agosto de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, dicha orden ejecutiva tenía un artículo único, mediante el cual “se crea la zona libre de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del sur del país, colindante con Guatemala, en el tramo comprendido entre el municipio de Unión Juárez y la desembocadura del Río Suchiate en el Océano Pacifico, dentro de la que se encuentra situada la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden a dicha región”.
Poco nos dice este apartado, por lo que debemos acudir, particularmente al segundo transitorio, que impone la obligación a la Secretaría de Comercio, previa opinión de la Secretaría de Hacienda, para que se emitan en 30 días, “las disposiciones de carácter general respecto a las mercancías cuya importación y exportación se grave, restrinja o prohíba dentro de la zona libre que se crea”.
Ya nos dimos cuenta entonces, que en el caso reciente de la mal llamada zona “libre o franca” instaurada en Juárez y toda la frontera, no es verdaderamente tal. Que la zona libre se refiere a importación y exportación de mercancías, y los impuestos o gravámenes aplicables a las mismas. Lo de hoy es un régimen de excepción fiscal decretada dentro de las atribuciones administrativas que tiene el Ejecutivo federal.
Pero además, si nos vamos al tercer transitorio del añejo decreto de la zona franca del sur, no hay un vacío legal mientras se emiten las reglas, ya que en ese lapso entraría en vigor la reglamentación aplicable en la zona libre de Quintana Roo. No se deja ni un minuto sin existir un marco jurídico de aplicación, que en el caso actual no existe. Lo que hay es confianza y por supuesto temor al chicotito de López Obrador.

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El decreto, que en su contenido nada dice de una zona franca o libre, tampoco establece una excepción fiscal general y aplicable de manera directa, sino que ha de cumplirse una serie de requisitos para ello.
Con una larga introducción o proemio, que poco ayuda para el aterrizaje técnico fiscal de la decisión, el decreto se compone de 15 artículos que exponen los requisitos para acceder al beneficio, pero que terminan siendo elementos abundantes pero generales. Tratan de ser reglas pero no llegan a ello.
Para colmo, esos requisitos no deberán ser aclarados por el SAT en un plazo determinado, mediante la expedición de reglas necesarias para la correcta aplicación, sino que esta autoridad “podrá” hacerlo. Es decir, se elimina la obligación de emitir las reglas y se deja en el arbitrio su expedición.
En lo medular, se trata de una medida que otorga estímulos fiscales mediante la figura del crédito tras el cumplimiento de requisitos, como tener domicilio en la frontera los últimos 18 meses, realizar las actividades no excluidas, darse de alta y ser admitidos en un padrón de beneficiarios hasta un mes después de la solicitud cuyos efectos inician a partir de su otorgamiento.
Agréguese a ello que el decreto entra en vigor el 1 de enero de 2019. O sea, que las personas morales o físicas que deseen acogerse al mismo debieron aplicar la reducción en el IVA o ISR en bienes o servicios sin regla alguna, más que basados en el decreto mismo.
El problema es que si los contribuyentes no han solicitado su ingreso al padrón y mucho menos han sido aceptados, ¿cómo van a lograr la conciliación del IVA no cobrado en la venta de sus bienes y servicios, que es del 50 por ciento, que por cierto ya pagaron?
¿Cómo deben facturar?
¿Y el ISR, que se reduce en un tercio, y que no va a generarse durante ese lapso de un mes o más tiempo?
¿Y si el alta se solicita una semana o más después del 1 de enero y se autoriza hasta febrero?
Las preguntas son mil.

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Más allá de las cuestiones políticas, y la asertividad del presidente en la denominación errónea que una y otra vez ha dado a las medidas fiscales implementadas, desde su anuncio en Monterrey, Nuevo León, a fines del año pasado, el asunto es de incertidumbre plena en el comerciante o el prestador de servicios.
En el camino se ha ido enmendando la plana. Se anuncia que vienen las reglas de operación para esta semana que inicia.
Lo mejor y más fácil hubiera sido, lisa y llanamente, una exención fiscal para la zona exclusiva de la frontera norte. Con un decreto de artículo único. Pero las diferencias que el presidente enfrenta en su gabinete empiezan a ser patentes.
Técnicamente no puede permitirse una reducción en el ingreso de 80 mil millones de pesos que se estima sería un cálculo conservador con la aplicación de dicha zona de excepción, y no el remedo de crédito fiscal autorizado y metido con calzador con un decreto que es una trampa leonera.
Por eso decimos que se trata de un salto de fe. Desde el 1 de enero muchos empresarios de todos los giros empezaron a aplicar los beneficios fiscales, sin entender a plenitud cómo van a instrumentarse desde el Sistema de Administración Tributaria.
Se aplican las medidas por la confianza de que aún goza el nuevo jefe presidencial, repetimos, pero a ver hasta dónde aguantan los mismos tecnócratas de su equipo y los operadores financieros de las empresas mexicanas, acostumbrados al rigor de la certidumbre. Por lo pronto disfruta horrores el grueso de los consumidores Y trabajadores fronterizos.

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