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Juicio derrumba la fantasía de las ciudades 'santuario'

Rubén Navarrette Jr./The Washington Post | Viernes 08 Diciembre 2017 | 00:01:00 hrs

El homicidio en San Francisco, hace dos años, de Kate Steinle, de 32 años, cometido por un inmigrante indocumentado frente a los padres de ella, fue una tragedia. Y el hecho de que el presunto atacante saliera del juzgado solo con una condena por un cargo menor de armas equivale a una farsa.

Pero, a diferencia de lo que dicen Fox News y los programas radiales conservadores, este hecho no tuvo nada que ver con esas legendarias tierras de ficción conocidas como ciudades santuario.

Los medios de derecha se niegan a abandonar esa fantasía. Las ciudades santuario no son reales. Eso se debe a tres cosas: el federalismo, el derecho penal y el sentido común. Los agentes federales de inmigración no reciben órdenes de funcionarios locales, que aprueban resoluciones simbólicas para sentirse más poderosos de lo que son. Y la policía local que arresta a los malos y los alguaciles del sheriff que los meten en la cárcel del condado no tienen ningún requisito que los obligue a hacer el trabajo de los agentes federales, excepto en Texas, donde ahora es un delito que las policías locales y la del estado no cooperen con los agentes de inmigración.

En el caso de Steinle, sólo hay un motivo por el que los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se llevaran a José Inés García Zárate, cuando la Cárcel del Condado de San Francisco lo dejó en libertad en abril de 2015. Es que ICE no expidió una orden de arresto que exigiera que se le entregara a García Zárate.

La agencia sólo emitió una “orden de detención”, que pedía que se mantuviera al sospechoso detenido hasta que las autoridades de inmigración lo recogieran–cuando tuvieran tiempo, si lo tenían.

Se dejó a García Zárate libre –porque no tenía antecedentes serios.

Es cierto, García Zárate había sido deportado cinco veces, hecho que enoja realmente a los críticos de las ciudades santuario. Sin embargo, no parecen tan enojados con los que dan trabajo a los inmigrantes no autorizados. También es raro que muchos de los mismos a quienes les molesta el hecho de que García Zárate volviera tras ser deportado, aun apoyen el llamado del presidente Trump para tener una fuerza de deportación. ¿De qué servirá eso?

No obstante, aun con múltiples deportaciones, García Zárate era aún una persona de baja prioridad para las fuerzas de seguridad. Eso se debe a que–aunque había sido condenado de varios delitos mayores–sus ofensas estaban relacionadas con delitos de drogas no-violentos. No se lo consideraba peligroso.

El inmigrante indocumentado se volvió peligroso cuando tiró contra Steinle, mientras jugaba con una pistola cargada, que dice haber encontrado debajo de un banco–una pistola que pertenecía a un guarda forestal, quien dijo que la había dejado en su vehículo cerrado con llave–y disparó una bala que mató a Steinle.

Una vez que se disparó el tiro, Steinle se convirtió–para el entonces candidato presidencial Trump y los medios conservadores–en una mártir de la causa por la eliminación de las ciudades santuario. Es ahí cuando ICE procedió a cubrirse la espalda. La agencia federal apuntó el dedo contra las autoridades locales y afirmó que quiso apresar a García Zárate pero que se le negó el acceso al asesino.Un delincuente de poca monta con una educación de segundo grado y viviendo en la calle fue--por cuestiones políticas--elevado de pronto al nivel del famoso jefe narco Joaquín “El Chapo” Guzmán. Así es como lo trataron los fiscales. Lo acusaron de homicidio en segundo grado y permitieron que el jurado considerara homicidio en primer grado, lo que requiere premeditación y motivo. Nunca obtendrían eso en este caso de un jurado que estuviera a medias sobrio y sano. Y aunque dieron a los jurados la opción de condenar a García Zárate del delito que en realidad cometió-- homicidio involuntario sin premeditación--confundieron al panel al proporcionarle una serie de resultados posibles.

Los fiscales metieron la pata. Tendrían que haber imputado al acusado de lo que en realidad hizo, y quedarse con lo que tenían, pero la presión política probablemente los afectó, y como resultado, un homicida no pagó su delito.

Nada de esto debería sorprendernos. La política tiene su manera de distorsionar la realidad y hacer parecer lo absurdo como plausible. Y en el debate migratorio, el efecto se multiplica geométricamente.

 


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