El matrimonio ya no salva de deportación

Vivian Yee/The New York Times
2018-04-22

Nueva York – Le habían mostrado al funcionario de migración sus pruebas -los ocho años de fotografías en Facebook, el certificado de nacimiento de su hijo de cinco años, las cartas de sus parientes y amigos reafirmando su compromiso- y ahora estaban tan cerca, pensó Karah de Oliveira, de ser una pareja normal.

Trece años después de que su esposo recibiera una orden de deportación a Brasil, su lugar de nacimiento, el reconocimiento oficial de su matrimonio le permitiría, con unas cuantas firmas, poder decir que es estadounidense.
Con residencia legal, podrían comprar una casa y pedir un préstamo al banco. Podría abordar un avión. Podría llevar a su hijo a Disneylandia.
Entonces el funcionario reapareció.
“Tengo buenas y malas noticias”, dijo. “La buena noticia es que voy a aprobar tu solicitud. Claramente, su matrimonio es real. La mala noticia es que ICE está aquí, y quiere hablar con ustedes”.
ICE era el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia federal a cargo de arrestar y deportar inmigrantes
En un cuarto trasero de la oficina de migración de Lawrence, Massachusetts, dos agentes estaban esperándolo con esposas. Su esposo se disculpaba, diciéndole que sentía mucho haberla hecho pasar por todo esto.
Karah de Oliveira le dio un beso de despedida. “Haré todo lo que pueda para sacarte”, dijo.
Durante décadas, casarse con un ciudadano estadounidense había sido una garantía casi absoluta de residencia legal, el mayor problema era comprobar que la relación era real.
Sin embargo, con el gobierno de Trump instigando una persecución fiera de inmigrantes ilegales a lo largo del país, muchos de los que recibieron órdenes de deportación se topan con que sus trabajos, casas, y familias ya no son una defensa ni siquiera para aquellos que se casaron con estadounidenses.
Conforme el gobierno de Trump arresta a miles de inmigrantes sin antecedentes penales y reforma las expectativas incluso para inmigrantes legales —un correctivo necesario desde hacía tiempo, dicen los funcionarios, a las políticas laxas del pasado— muchos que han vivido sin papeles por años están buscando de manera urgente el estatus legal a través de un padre, hijo adulto o cónyuge que ya son ciudadanos o residentes permanentes.
No obstante, en un número de casos cada vez mayor, los inmigrantes con órdenes de deportación pasadas que nunca fueron obligados a irse están recibiendo la autorización después de una entrevista con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la agencia que administra los permisos de residencia y la ciudadanía, solo para que ICE los arreste.
“Es como jugar dados en Las Vegas o algo así”, dijo William Joyce, ex juez migratorio que ahora se dedica a las leyes migratorias en Boston. “No es 100 por ciento seguro, pero estás jugando con fuego si vas a esa entrevista. Podrás entrar, pero quizá no salgas”.
Durante los últimos años de la administración de Obama, el gobierno dejaba en paz a la gente sin antecedentes penales; en lugar de eso, se enfocaba en inmigrantes que habían llegado recientemente o que habían sido condenados por crímenes serios.
Sin embargo, el gobierno de Trump hace énfasis en que cualquiera que viva en Estados Unidos de manera ilegal es blanco de deportación, una política que ha aumentado los arrestos migratorios en más de 40 por ciento desde el inicio de 2017.
Aquellos que recibieron órdenes de dejar el país hace años son blancos fáciles para una agencia con recursos limitados para la puesta en vigor de las leyes, especialmente si la gente entra a una oficina de inmigración.
Los agentes de ICE que antes permitían que muchos inmigrantes ilegales se quedaran en el país siempre y cuando pasaran revista de modo regular han comenzado, durante el último año, a arrestar a esos mismos inmigrantes que alguna vez tuvieron citas de rutina con ICE.
A diferencia de aquellos que no tenían contacto previo con el sistema de inmigración, quienes ya habían recibido órdenes de deportación tienen poca, o ninguna, protección contra la deportación inmediata.
La mayoría de los que han sido arrestados bajo las políticas del gobierno de Trump tenían posibilidades muy escasas de alcanzar un estatus legal en algún momento, ya fuera por casarse con un ciudadano o alguna otra ruta.
El conseguir un permiso de residencia permanente a través de sus cónyuges y familiares se había vuelto mucho más fácil en años recientes para aquellos que estaban en el país de manera ilegal.
Sin embargo hasta 2013, los indocumentados tenían que irse del país y esperar a que terminara su proceso de solicitud desde el extranjero, en algunos casos hasta por una década, antes de regresar con permisos de residencia permanente.
Cuando el gobierno de Obama creó dispensas para acortar el proceso. Las trabas continuaron: los solicitantes tenían que pasar por escrutinio y revisiones de seguridad, por ejemplo, para comprobar que ser deportado le causaría a un ciudadano estadounidense —cónyuge, por ejemplo— grandes problemas.
Una vez que el funcionario de inmigración certificaba que sus matrimonios eran reales, aquellos con órdenes de deportación antiguas podían pedirle a un juez de migración que la eliminara para que pudieran continuar con sus solicitudes.
No obstante, ahora es riesgoso simplemente presentarse a una entrevista.
“Muchas personas deben tomar una decisión muy complicada entre permanecer en las sombras sin un estatus migratorio formal” o arriesgarse a ser arrestados, dijo Genia Blaser, abogada del Immigrant Defense Project, un grupo con sede en Nueva York que ha estado atendiendo llamadas de inmigrantes preocupados por las nuevas políticas.
Un vocero de ICE, John Mohan, dijo que ICE siempre ha trabajado con otras agencias gubernamentales para reunir información con el objetivo de aplicar la ley.
“ICE no exime a ninguna clase o categoría de extranjeros susceptibles a la deportación de probables ejecuciones legales”, dijo. “Cualquier individuo que viole las leyes migratorias de EU podría ser objeto de arresto, detención y deportación de Estados Unidos”.

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