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Casas de seguridad, un arma de doble filo para indocumentados

The New York Times | Miércoles 29 Agosto 2018 | 09:14 hrs

The New York Times /
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The New York Times /

Estados Unidos— Hace dos semanas, seis hombres le hicieron señas desesperadas a un policía para que se detuviera. Los hombres, todos inmigrantes indocumentados, le contaron una historia desgarradora al oficial que estaba haciendo un patrullaje de rutina en esta ciudad.

Unos días antes habían cruzado el río Bravo con la ayuda de los coyotes. Después de que los trasladaron de casa en casa, terminaron confinados en una casa rodante en el centro de Laredo, una ciudad de 250 mil habitantes, principalmente latinos, a lo largo de la frontera mexicana. Como no podían pagarles a los traficantes la cantidad que exigían por haberlos pasado al otro lado de la frontera, amenazaron y encerraron a los hombres en la casa, sin comida ni agua. Los inmigrantes patearon la ventana trasera para escapar.

Horas más tarde, cuando un escuadrón de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y policías entraron a la casa rodante, todavía quedaba un hombre. Dijo que estaba esperando que lo trasladaran al siguiente destino, ya que había hecho su primer pago de 2 mil 500 dólares, la tarifa del contrabando. Esperaba pagar 3 mil 500 dólares más sobre la marcha.

Las tarifas forman parte del negocio de contrabando de personas a lo largo de la frontera suroeste con México que tiene un valor aproximado de 500 millones de dólares anuales. Las casas de seguridad, como la casa rodante, son el centro de una cadena de contrabando que mueve a cientos de miles de personas de un lado a otro de la frontera y por Estados Unidos.

En los últimos dos años, las autoridades han realizado operativos en más de doscientas casas de seguridad tan solo en el área de Laredo. Casi mil 300 migrantes -la mayoría de ellos pobres y desesperados- fueron arrestados, según la Patrulla Fronteriza y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"Estas son solo de las que nos enteramos", dijo Timothy J. Tubbs, agente adjunto especial a cargo de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional en la ciudad.

En la ciudad de Laredo, rodeada de una extensa llanura de maleza y cactus, se encuentra el mayor puerto de entrada terrestre hacia Estados Unidos, con una cantidad que anualmente supera los dos millones de camiones que cruzan la frontera. También es el cruce fronterizo más grande para los alimentos comercializados entre Estados Unidos y México; por esta ciudad pasan más de 557 mil millones de dólares al año en importaciones y exportaciones, según la Corporación para el Desarrollo Económico de Laredo.

Además, la carretera interestatal 35, que corta a la mitad el corazón de Estados Unidos en su camino a Minnesota, conecta con otros caminos interestatales importantes, lo cual la convierte en un puerto de entrada ideal para el contrabando.

Las casas de seguridad son estaciones de paso fundamentales en esas rutas de contrabando que, para el alcalde de Laredo, Pete Saenz, son una mancha oscura en la ciudad.

"Es perturbador e ilegal", comentó Saenz. "No solo ponen en riesgo las vidas de la gente que se queda en las casas de seguridad, sino además las vidas de las personas que los rodean", agregó.

La concentración de miles de guardias fronterizos, kilómetros de cercas, sensores de alta tecnología y puntos de revisión migratoria con los presidentes George W. Bush y Barack Obama -que se ha convertido en el aspecto más importante de la mano dura contra la inmigración del gobierno de Trump- ha obligado a los migrantes (a quienes la desesperación lleva a huir de la violencia en sus países de origen) a caer en manos de contrabandistas o coyotes para ingresar a Estados Unidos. Los coyotes mismos son rehenes financieros de los cárteles del narcotráfico que les cobran miles de dólares por operar en su territorio.

Una casa de seguridad puede ser cualquier tipo de domicilio, en cualquier parte.

En Laredo, se encuentran en barrios pobres y vecindarios de clase trabajadora, así como en algunas áreas más adineradas. Incluso existe un motel que se dedica a esas practicas y está ubicado al lado de una estación de la Patrulla Fronteriza.

"Puedes estar en un barrio donde los niños juegan en las calles y podría haber una casa de seguridad a un lado", manifestó Jason D. Owens, el jefe interino de la Patrulla Fronteriza para el sector de Laredo, cuya oficina hizo un mapeo de las casas que han allanado las autoridades locales y federales.

"Literalmente son almacenes de seres humanos, como si fueran paquetes que tuvieran que ser enviados a su destino".

El mapa de la agencia también incluye a las casas de seguridad en México. Sin embargo, en las calles de Nuevo Laredo, una ciudad mexicana en la frontera con Estados Unidos, pocas personas estuvieron dispuestas a hablar del tema. Los policías que patrullaban las calles se negaron a hacer comentarios.

Decenas de miles de viviendas, hoteles y otros edificios se usan como casas de seguridad, que se extienden desde la frontera hasta muy adentro del territorio de Estados Unidos. Esos sitios albergan a migrantes hasta que los traficantes pueden conseguirles transporte -por lo general en la parte trasera de camiones, donde la gente no puede ser detectada de inmediato- para pasar por los puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza.

Luego los migrantes llegan a otra casa de seguridad donde son detenidos por los coyotes, que exigen pagos antes de trasladarlos a su próximo destino.

Según los registros de tribunales federales, entrevistas con autoridades y las declaraciones de inmigrantes, los traficantes amenazan a los migrantes que no pueden pagar y, muchas veces, los agreden; en ocasiones violan a las mujeres. Esas personas también son víctimas de los llamados escuadrones de la muerte, que los secuestran de las casas de seguridad de un grupo rival de traficantes y los extorsionan a ellos o a sus familiares para que les entreguen dinero, según muestran los registros de los tribunales federales y del área de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Por lo general, las casas de seguridad no tienen agua corriente ni aire acondicionado. Hasta cien personas están hacinadas en una sola vivienda, en espera de que los traficantes los trasladen.

"Las condiciones son terribles", comentó Owens. "No sabes lo que te vas a encontrar cuando entras en una casa de seguridad". Este mes -durante una redada en una casa cerca del parque Slaughter, un lugar conocido por su béisbol de Ligas Menores y juegos de fútbol- las autoridades permitieron que un reportero de The New York Times viera el interior de la casa.

En el primer piso de la estructura de dos pisos había un departamento amueblado de manera modesta con una televisión, una bicicleta y juguetes. Los agentes de la Patrulla Fronteriza dijeron que parecía que una familia vivía en el piso de abajo, una táctica común usada por las organizaciones de contrabando para disimular sus objetivos delictivos.

En la planta alta, los pisos apestaban a orina. Las ventanas estaban cubiertas para bloquear la vista hacia el interior. Los únicos muebles que había eran colchones sin sábanas ni cobijas sobre el piso, que estaba lleno de ropa y botellas de agua. Diez migrantes y dos personas que se sospechaba que eran traficantes fueron puestos bajo custodia por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Un hombre que vivía al lado, pero que se negó a dar su nombre, dijo que había denunciado la actividad en la casa porque "la gente entraba y salía como si fuera un Walmart".

Los libros de contabilidad que los oficiales federales han encontrado en varias casas de seguridad muestran que a un operador común y corriente le pagan cerca de 500 dólares a la semana. Algunos son inmigrantes sin papeles que administran las casas para pagar parte de sus deudas con los traficantes. Por lo general, se necesita a dos personas para que administren las casas de seguridad: deben encargarse de la alimentación de los migrantes, cobrarles el dinero y organizar su transporte.

Ese tipo de casas se han vuelto un problema tan serio en el estado de Texas que recientemente se instauró una línea de atención telefónica para denunciarlas a cambio de una recompensa de hasta 2 mil 500 dólares. Con la Operación Crackdown -un programa que dirigen la Guardia Nacional del estado, el gobierno de la ciudad de Laredo y la Patrulla Fronteriza-, las casas de seguridad son demolidas para evitar que se vuelvan a usar en el futuro.

"Intentamos que los criminales no puedan explotar esos inmuebles", comentó Owens durante una ceremonia para demoler una construcción utilizada como casa de seguridad frente a una primaria.

Owens mencionó que la unidad de inteligencia de la Patrulla Fronteriza, junto con las autoridades locales y otras agencias federales, han encontrado decenas de esas viviendas gracias a entrevistas con migrantes, denuncias de vecinos y la vigilancia de agentes encubiertos.

A pesar de ello, Owens aceptó que las autoridades suelen estar un paso atrás de los traficantes, que acostumbran moverse de casa en casa para evadir la ley.

Hace una semana, antes de un operativo justo después de la medianoche, un comando integrado por agentes federales y ayudantes de alguaciles del condado Webb en Texas, observaba mientras un vehículo utilitario de color blanco avanzaba lentamente por el bulevar Concord Hills, una autopista al este de Laredo.

Las autoridades de inmediato rodearon el vehículo. Con armas en mano, sacaron a siete hombres que se escondían en la parte trasera. Al volante iba una chica de 16 años.

En una entrevista, uno de los arrestados dijo ser del estado mexicano de Veracruz. El hombre les dijo a los agentes de la Patrulla Fronteriza que unos días antes había cruzado el río Bravo solo y que no les había pagado a los traficantes por el viaje ni se había quedado en una casa de seguridad.

Sin embargo, los agentes comentaron que es casi imposible cruzar el río Bravo cerca de Laredo sin pagarles a los cárteles que controlan fuertemente la ribera mexicana. El hombre insistió en que temía que lo enviaran de regreso a Nuevo Laredo, y pidió ser deportado a otro lugar de México.

Las autoridades le pidieron a The New York Times no identificar a los migrantes por su nombre, dada la actual investigación de tráfico de personas. Otro de los hombres en el automóvil, quien también fue arrestado, contó una historia distinta. Se identificó como el primo del primer hombre y dijo que ambos habían cruzado el río y que poco después los traficantes los habían recogido.

También explicó que formaban parte de un grupo de hombres que había sido trasladado a cuatro casas de seguridad distintas. Venían de una de esas viviendas cuando fueron detenidos por los agentes.

En algunos casos, los agentes encuentran las casas después de que los migrantes se han ido.

Este mes, en respuesta a una llamada del Motel 6 ubicado al lado de la autopista interestatal 35, la policía local encontró a tres hombres que denunciaron haber sido retenidos por los traficantes que les habían cobrado 9000 dólares a cada uno.

Uno de los hombres dijo que él y los otros dos habían cruzado el río Bravo en julio luego de pagar 2 mil 800 dólares a los coyotes en México. Los traficantes llevaron a los hombres a varias casas de seguridad mientras esperaban su traslado a San Antonio, donde se encontrarían con personas que los llevarían en el siguiente tramo de un recorrido cuyo destino final sería Kentucky, según les dijeron.

Acabaron en el Motel 6, que sería su última escala antes de San Antonio. Ahí, según dijeron, los subieron a un automóvil para hacer un viaje de dos horas hasta otro hotel que supuestamente era su destino final.

No obstante, uno de los hombres reconoció el hotel como el Motel 6 que acababan de dejar. Tan pronto como tuvieron oportunidad -uno de los traficantes salió y el otro fue al baño- los tres migrantes escaparon a la recepción del hotel para llamar a la policía.

Lance Smith, un agente especial del área de Investigaciones de Seguridad Nacional, comentó que en varias ocasiones se han realizado operativos en el mismo Motel 6. Por lo general, dijo, los empleados del hotel alertan a los agentes de actividades sospechosas, pero no siempre sucedía así con muchos de los hoteles a lo largo de la interestatal 35.

Smith manifestó que lo mismo sucedía con muchos de los arrendatarios de las casas de seguridad. Algunos han llamado a las autoridades después de enterarse de que la vivienda que rentaron se usaba como casa de seguridad. Otros han sido menos cooperativos. En cualquier caso, es difícil que los fiscales federales o locales acusen a un arrendatario de tráfico de personas.

"Es difícil probar que tenían conocimiento", comentó Smith. "Estoy seguro de que algunos lo saben, pero no podemos probar que saben que el inmueble se usaba como casa de seguridad".

Owens, el jefe interino de la Patrulla Fronteriza en Laredo comentó que era fundamental actuar en contra de las casas de seguridad para desmantelar las bandas de tráfico de migrantes que operan a lo largo de la frontera.

Durante los operativos, los agentes confiscan documentos como libros de contabilidad, teléfonos y recibos de Western Union que muestran la forma de operar de los grupos. También confiscan dinero y, en algunos casos, el inmueble.

Owens comentó que no tenía esperanzas de que la mano dura evite que los propietarios y otras personas les renten las casas de seguridad a los traficantes de migrantes, ni que esas acciones detengan el contrabando.

"No obstante, no tener la casa de seguridad aumenta el riesgo de ser capturados", comentó Owens. "Queremos dificultarles lo más posible su funcionamiento y las operaciones que ponen en riesgo la vida de la gente".

 



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