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Departamento de Justicia de EU se enfoca en ofensores de bajo nivel

The New York Times | Lunes 07 Mayo 2018 | 12:40 hrs

Agencias /

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Washington— Bobby Amos se encontraba parado afuera de una iglesia Episcopal en Alabama la primavera pasada, rogándole a un policía que lo matara.  Había tratado de suicidarse apuntando un arma a su cabeza, según dijo su esposa, y ella la ocultó en la iglesia, a donde él la siguió para sacarla de allí.

Ese día, había pocos indicios de que Amos de 39 años, representara un peligro para alguien, excepto para él mismo.  Fue arrestado al estar desarmado afuera de la iglesia, y de acuerdo a su abogado, Fred Tiemann, lo que necesitaba era tratamiento y terapia.  La policía recuperó el arma del edificio.

La fiscalía federal, citando la condena que recibió Amos por robo cuando tenía 15 años, lo cual fue catalogado como delito mayor, lo acusó de posesión ilegal de un arma de fuego.  Él se declaró culpable en noviembre y se encuentra purgando una sentencia de tres años en una prisión federal.

Urgida por el procurador general Jeff Sessions para que castigue a los ofensores tan severa y rápidamente como sea posible, la fiscalía federal ha aumentado la persecución de casos de bajo nivel relacionados con la posesión de armas, de acuerdo a oficiales que aplican la ley y a una revisión de los registros de la corte y estadísticas de delitos federales.

La condena de Amos forma parte de las amplias medidas estrictas que ha aplicado el Departamento de Justicia sobre la violencia con las armas durante los primeros 15 meses de la administración Trump.

Sessions está poniendo en acción sus propios puntos de vista que ha tenido desde hace tiempo respecto a la justicia penal, que forjó mientras se desempeñó como procurador en Alabama durante la guerra contra las drogas.

Ese enfoque refleja una filosofía popular entre los conservadores y que ha sido apoyada desde hace tiempo por los cabilderos que están a favor de las armas:  que la aplicación efectiva de las leyes existentes puede reducir los delitos sin tener que aprobar otra legislación.

“Creo totalmente en la aplicación de las leyes relacionadas con las armas, considero que no tendría ningún valor tenerlas en un libro si no se aplican”.

La estrategia de Sessions ha desatado un debate sobre si está logrando que el país sea más seguro respecto a los delitos violentos, ya que en varias ocasiones él y el presidente Trump se han comprometido a lograrlo, o está destinando recursos a procesos de bajo nivel en lugar de perseguir a los objetivos más importantes como los proveedores de armas.

“Es una buena idea el aplicar las leyes existentes, eso es algo que la fiscalía debe hacer. Pero ir sólo tras las personas que están comprando armas ilegalmente es solo una parte de la historia”, comentó Avery Gardiner, copresidente de The Brady Campaign, una coalición no lucrativa que trabaja para combatir la violencia de las armas.

Las personas condenadas por delitos relacionados con armas de fuego representan más del 17 por ciento de la población de las prisiones federales, es el segundo grupo más grande después de los delitos vinculados a las drogas.

En el 2017, el 96 por ciento de los acusados de esa ofensa federal fueron sentenciados a prisión, de acuerdo a información del Departamento de Justicia.

“La aplicación de la ley no siempre es la solución a los diferentes tipos de delitos”, comentó Inimai Chettier, director del Programa de Justicia de la Universidad de Nueva York. 

“El resultado es que podría incrementar la población de las prisiones federales sin reducir ese problema”.



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