Ajuste violento en medio de la campaña

-Ajuste violento en medio de la campaña

-De 200 a 300 delincuentes libres por mes

-Sinvergüenza corralista va por el Verde

-Video: El reclamo de Aldonza a Avitia

El grupo delictivo de Gente Nueva (Cártel de Sinaloa) que mantiene el control de Parral y el área serrana de aquella región decidió tomar acciones drásticas, sanguinarias, sin importar implicaciones político-electorales.

Tardaron varios meses para actuar contra los dueños(as) del carril de carreras de caballos llamado Maturana a quienes responsabilizaron en un hecho que tuvo desenlace acá en esta frontera, en Juárez.

El alias “010”, José Domingo Carrera López, líder de Gente Nueva en Parral, fue levantado de aquel carril en agosto del 2023 por un comando que usó vehículos con logos y colores iguales a los utilizados por la Guardia Nacional.

La operación fue impecable, entraron los captores a Parral sin ser detectados por sus contrarios, lo sustrajeron y lo mantuvieron privado de la libertad casi medio año. Hasta enero del 2024 fue dejado su cuerpo en la salida sur de Ciudad Juárez, por la carretera Panamericana.

Junto al cadáver fueron colocados 310 kilos de droga sintética, cristal, etc., y una narco manta firmada por el Nuevo Cartel de Juárez contra la venta de “esa basura”.

Este domingo fue atacada en Parral la dueña del carril, su marido, cantante de música norteña, dos niños y la madre de la dueña.

La mamá logró salvarse. Fue llevada lesionada a un hospital cercano e intentaron los agresores matarla en el propio nosocomio pero alcanzó huir por una ventana mientras los policías que custodiaban el lugar eran desarmados.

Ese múltiple homicidio, sus características tanto de brutalidad como importapoquismo por ejecutarlo aunque entre las víctimas hubiera menores, necesariamente tendrá un impacto en la campaña electoral en la región, igual de intensa.

Es obvia la relación entre el crimen organizado y distintos actores políticos en la capital del mundo. Aparte de la venganza, parcial aún, por la muerte del “010”, hay un aparente mensaje hacia quienes pretenden modificar el estado de cosas en la administración gubernamental.

Las tendencias hablan de gran competencia entre los principales contendientes por la alcaldía, en proporción de 33 por ciento por equipo: el Movimiento Ciudadano, que tiene la alcaldía; el frente PRI-PAN-PRD, que pudiera quedarse con el cargo, y la alianza Morena-PT-Verde que ha logrado, con el apoyo de Morena-Ciudad Juárez, colocarse en condiciones iguales.

Las restantes tres semanas hacia la jornada electoral serán de angustia extraordinaria.  Evidentemente los dueños de la plaza no piensan soltarla.

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En números gruesos, la posible determinación de eliminar la prisión preventiva oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representaría al estado mantener libres entre 200 y 300 presuntos delincuentes cada mes.

De ese tamaño son los ingresos a los Ceresos de la entidad con la cautelar que debe aplicarse de forma automática por algunos delitos, más lo que ingresan con prisión preventiva justificada, aplicable a otro catálogo de ilícitos con la debida argumentación.

De los ingresos a las cárceles del estado, entre 500 y 600 cada mes, alrededor de la mitad o un poco menos son personas acusadas de delitos graves que ameritan la medida cautelar por el solo hecho de ser sospechosos de los mismos, sin necesidad de que el Ministerio Público refuerce su argumentación o que los jueces de control penal justifiquen su aplicación.

A nivel nacional son más de 60 mil los reos internados en penales estatales y federales los que están recluidos bajo esta figura, por los delitos de mayor impacto, que van desde el secuestro hasta el feminicidio y otros.

Pero varios proyectos de la SCJN, a raíz de los señalamientos de la Corte internacional, coinciden en la necesidad de eliminar ese castigo previo a la sentencia contra las personas, independientemente de que resulten delincuentes sentenciados o inocentes.

Eso ha desatado la polémica en el mundo jurídico y político, a grado tal que los gobernadores de todos los estados y todos los partidos, incluida la panista Maru Campos de Chihuahua, enviaron la petición a la SCJN para que no elimine la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, el criterio judicial internacional, al mismo nivel que la Constitución, considera como una anomalía jurídica la norma mexicana y de ahí parte el reclamo a México para la eliminación de la oficiosidad de esta cautelar que, bajo cualquier punto de vista, es una penalidad anticipada contra cualquier imputado.

Ni la Corte ni quieres promueven el garantismo dimensionan el impacto que tendría la medida sobre la espalda del MP y el riesgo que representa para la sociedad; las instancias persecutoras de los delitos no ven tampoco más allá del grado de dificultad y profesionalismo que les exigirá justificar y argumentar sus peticiones de prisión preventiva a los jueces.

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Más corralista que buena parte del gabinete de Javier Corral, David Holguín Baca fue becado en el quinquenio pasado con la Dirección de Transporte del Estado, una de las posiciones que mayores fracasos tuvo, como quedó evidenciado con los camiones destartalados y los eternos conflictos con los concesionarios.

Si la capital del estado no se salvó del paso de un gobierno ineficiente y corrupto en materia de transporte, Juárez menos, la prueba está en que apenas comenzará a funcionar la segunda troncal de la frontera que nunca pudieron arrancar Corral y su protegido en el ramo.

Fue de fracaso en fracaso en la regulación de concesiones, aplicación de la nueva ley en la materia, compra de camiones para las troncales, etcétera.

Pues bien, ahora Holguín Baca reapareció tan congruente con su corralismo que aceptó la postulación por el Partido Verde Ecologista de México. Busca la diputación local por el Distrito 15.

No pudo con el paquete del transporte en el estado y ahora, sin rubor alguno, va a buscar una curul para la que obviamente no tiene posibilidades, pero igual con el ejemplo de algunos excompañeros de su administración, a lo mejor ya sabe cómo hacer negocios con las candidaturas fallidas.

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Existió un subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, de 20 millones 576 mil pesos, que son muchos, en relación al monto federal autorizado, que es de 327 millones de pesos, nada menos que del orden del seis por ciento.

De esos millones, faltaban al 15 de abril de ser reintegrados casi la totalidad, nada más que 17 millones, un dineral.

Desconocemos cuál es la razón de haber ejercido menos del total autorizado, cuando es la materia de seguridad pública una de las áreas que más dinero necesita.

Tendría que aclarar el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, si los recursos federales llegaron tarde, como siempre ocurre, liberados después del séptimo u octavo mes.

O bien, cuáles licitaciones o ejercicio de recursos y en qué capítulos sufrieron retrasos y cuáles fueron las causas de ello.

Estos subejercicios no son otra cosa que argumentos al gobierno federal, no de ahorita, sino de siempre, de la falta de eficiencia en las entidades federativas al momento de ejercer los dineros federales etiquetados.

Le dan incentivos a la federación para pensar en hacer con seguridad lo que hicieron con salud, centralizar todo el uso de los recursos, en una mega corporación policiaca, cuyos cimientos ya fueron construidos con la Guardia Nacional.

El mencionado fondo, conocido por sus siglas como FASP, contempla aportación federal mayoritaria, por 327 millones y una aportación estatal por poco más de cien millones, para rubros como equipamiento, tecnología, edificación, adquisición de bienes muebles -entre ellos vehículos- así como pago de personal.

No son por tanto recursos que puedan ser minimizados o desaprovechados bajo ningún concepto.

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Ni cómo decir que no, el candidato al tercer distrito local por Morena en aspiración a reelegirse, Óscar Daniel Avitia Arellanes, reconoció agresiones de militantes morenistas contra su contrincante, la abanderada priista Aldonza González.

Ayer la candidata a legisladora por el Frente Amplio le pidió respeto a los brigadistas de la alianza partidista opositora, luego que tuvieran un roce con los suyos, en la colonia Galeana.

En un video presentamos en versión digital, se observa a Aldonza encararlo, de compas, cuando se toparon en un recorrido por unas segundas de esa colonia, pidiéndole que al menos platique con su gente.

“¿Viste lo que pasó?”, le espeta con tranquilidad, pero enérgica la priista.

Óscar asintió. “Me arrancaron una lona ayer. Fueron con mis brigadistas y les aventaron agua”, agregó ella.

El morenista respondió rápidamente: “No, no, no, discúlpame”, en respuesta afirmativa.

“Nomás platica con ellos”, le insiste la candidata. Avita le contesta que “sí, claro”.

El material debió hacerse público, en un intento porque los ánimos en la contienda electoral no suban, y se mantenga el respeto que debe existir no sólo entre los actores políticos que participan en el proceso, sino entre los brigadistas.

Un día de estos la situación puede subir de tono y lamentarían las consecuencias.