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Empaña violencia histórica elección

Paulina Villegas y Kirk Semple
The New York Times | Lunes 01 Julio 2019 | 00:01:00 hrs

AP /

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Chilpancingo, Guerrero— Los votantes elegirán a más de 3 mil 400 funcionarios locales, estatales y federales el domingo, en las elecciones generales más grandes que jamás se hayan visto en México. También es quizás la temporada electoral más violenta de la historia moderna mexicana.

Al menos 136 políticos y sus operadores han sido asesinados en México en lo que va del pasado otoño a la fecha, de acuerdo con Etellekt, una compañía de análisis de riesgo. En el estado de Chihuahua suman 4 víctimas de la violencia electoral.

Más de un tercio eran candidatos o potenciales candidatos: la mayoría contendían por cargos locales. Otros incluían a funcionarios electos, miembros de partido y trabajadores de campaña.

En el largo recorrido rumbo a las votaciones, la mayor parte del enfoque nacional e internacional se centra en la contienda por la presidencia. Aun así, para millones de personas que viven en los lugares más violentos del país, las elecciones de funcionarios locales quizás tengan el más grande impacto en sus vidas cotidianas.

Y los grupos del crimen organizado ya han decidido muchos de dichos resultados electorales.

“Nadie ha estado más activo durante estas campañas que los grupos del crimen organizado”, dijo Alejandro Martínez, un alto funcionario del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Guerrero, una de las entidades más pobres más violentas.

Veintenas, si no es que cientos, han abandonado sus candidaturas porque temen por sus vidas. Algunos partidos no han podido nombrar a sus nominados que estén dispuestos a contender por alguno de los cargos.

Algunos candidatos se han visto obligados a viajar en autos blindados, con guardaespaldas a sus flancos, y a vestir chalecos antibalas en público. En lugares de los estados más violentos, las amenazas han hecho que sea imposible hacer campaña.

“Uno debe estar un poco loco para lanzarse por algún puesto aquí”, dijo Martínez.

La colusión entre los políticos y las organizaciones criminales en México no es nada nuevo. Pero por el transcurso de la última década, los criminales cada vez más buscan apropiarse de la política local al intentar influenciar el proceso electoral, utilizando la violencia para efectivamente seleccionar cuidadosamente a los candidatos que a ellos les convienen.

Con funcionarios cooperativos en cargos clave locales, los grupos delictivos han podido proteger mejor y hacer crecer sus empresas ilegales ejerciendo el control de las fuerzas policiacas de la localidad, asegurando lucrativos contratos gubernamentales y exigiendo considerables porcentajes de los presupuestos municipales.

Esta tendencia no ha sido tan evidente como en vísperas a las elecciones del domingo.

Adicionalmente a los asesinatos, más de 400 casos de agresión contra políticos y sus operativos han sido reportados en esta temporada, incluyendo intentos de asesinato, amenazas, actos de intimidación y secuestros, de acuerdo con Etellekt, la cual recopiló información del gobierno, académicos, la sociedad civil y reportajes de noticias.

Casos de este tipo han sido reportados en al menos 346 municipios de todo el país.

Esta campaña oscura del crimen organizado, que actúa casi con plena libertad a los ojos de los débiles y corruptos sistemas judiciales y policiacos de la nación, surge justo ahora que la violencia ha alcanzado niveles récord en el país, lo cual, en turno, ha sido un tema central de la contienda presidencial.

“Si el estado mexicano no puede garantizar que la voluntad del pueblo será respetada, entonces no tenemos una democracia”, dijo Antonio Orozco Guadarrama, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero. “esto pone a nuestra democracia en gran peligro”.

El problema se agravó en medio de sísmicos cambios que tuvieron lugar tanto en la economía como en la política mexicana.

El gobierno por mucho tiempo ha mantenido una estrategia de atacar a los grupos del crimen organizado eliminando a sus cabecillas. Tal acción se basó en la creencia de que si le cortan la cabeza de una organización criminal, el cuerpo morirá.

Pero, en lugar de ello, la táctica sirvió para fragmentar las grandes empresas delictivas en pequeños grupos que son más violentos y más locales. En el pasado los grupos de gran tamaño se enfocaban más que otra cosa en la producción y tráfico de drogas, pero los grupos pequeños, los cuales son más volátiles, han abarcado una variedad más amplia de delitos, tales como la extorción, el secuestro, la prostitución, las apuestas ilegales y el robo de combustibles.

Con sus negocios enfocados en cuestiones de índole local, los nuevos grupos criminales tienen una gran necesidad de colaboración con los funcionarios de tales localidades.

A los cárteles más antiguos que por la mayor parte se dedicaban a traficar drogas hacia Estados Unidos, no les importaba quién era el alcalde, siempre y cuando dicho alcalde no se involucrara o intentara frenar sus negocios”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en la Ciudad de México. “Pero en este nuevo mundo de pandillas más localizadas, controlar a los gobiernos locales es una ventaja crucial”.

La fracturación del paisaje delictivo coincide con la fracturación del paisaje político de México. Por 71 años, hasta el año 2000, la política de la nación estaba en manos de un monopolio de un único partido.

Tanto el partido como el crimen organizado eran monolíticos y rígidamente jerárquicos, y la colusión entre ambos por lo regular ocurría a los más altos niveles.

 

 



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