No se dan abasto en secuestro de migrantes

-No se dan abasto en secuestro de migrantes

-Optó Maru por no contaminar caso Cruz

-La suplente de regidora pendiente en NCG

-Adriana, el otro caso pendiente de Corral

Ni las corporaciones de seguridad, ni municipales, ni estatales, ni federales, incluido el Ejército y la Guardia Nacional, saben cuántos migrantes permanecen secuestrados en estos momentos.

Tienen muy pocas denuncias, no llegan a 20, pero han comprobado durante las últimas semanas que son decenas, quizá cientos, los que permanecen privados de su libertad por los grupos delictivos.

No tenían registro las autoridades, por ejemplo, de alguna denuncia que señalara el secuestro de 147 extranjeros que fueron descubiertos por policías tras una llamada anónima que alertó de su presencia en el fraccionamiento Sierra Vista.

Ocurrió lo mismo el primero de mayo en Infonavit Casas Grandes, donde fueron 104 los rescatados de una casa de seguridad.

Tampoco en ese caso tenían las policías denuncia por desaparición o secuestro de personas a pesar que llevaban cautivos más de una semana.

A la condición de movilidad por miles de kilómetros con apenas la alimentación indispensable para sobrevivir, debe ser sumada la agresión física y psicológica a que son sometidos al momento de ser capturados por coyotes-secuestradores.

Una vez que son cautivos por las bandas delictivas les son retirados los teléfonos celulares y utilizados los mismos aparatos para contactar a quienes tienen familias en sus lugares de origen o en los Estados Unidos, de donde fluyen en grandes cantidades los pagos como rescate.

Hasta el momento y hasta donde sabemos, los criminales no han pasado de agresiones físicas menores y terror psicológico (con videos de por medio) porque consiguen pagos cuando menos del 50 por ciento de los secuestrados pero es evidente que en cualquier momento pueden desatar una tragedia o hasta una catástrofe.

Los policías de todas las corporaciones no se dan abasto para investigar y localizar a personas cautivas. No se están dando abasto en estos momentos; son ríos de migrantes los que siguen llegando en trenes, caminando, en camiones foráneos, en aviones y en gran cantidad de vehículos de plataforma.

Son muy pocos los que denuncian, la mayoría prefieren pagar si está en sus posibilidades y evitar que las amenazas puedan ser convertidas en realidad.

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Algunas voces sugerían que la gobernadora Maru Campos, al volver esta semana con el anuncio del arranque de operaciones del Juárez-Bus, adoptaría una postura dura contra Cruz Pérez Cuéllar y sus operadores, a raíz del cuestionable ataque que lanzó la Fiscalía Anticorrupción justo antes del comienzo de la campaña electoral con la que busca reelegirse el edil.

Las versiones apuntaban a que podría la mandataria usar la supuesta mesa lista que le trataron de dejar para buscar algún tipo de ventaja política, en una confrontación política que sin duda domina el morenismo juarense encabezado por el alcalde candidato.

Dicen, incluso, que había hasta ciertas presiones para que la jefa del Ejecutivo aprovechara la recta y se lanzara contra el Pérez Cuéllar y su equipo, quienes llevan la delantera en una contienda en la que nomás no figuran los demás abanderados, ni siquiera el del bloque opositor del PAN, PRI y PRD.

La realidad fue diferente a esas versiones. Ganó en Campos Galván la decisión de mantener la antigua buena relación con Pérez Cuéllar. Optó por no contaminar con retórica el caso contra el edil juarense, quien debe haber tomado nota de ello.

De esta forma, la gobernadora determinó mantenerse al margen y dejar que sean las autoridades correspondientes que hagan lo conducente en las acusaciones ya conocidas, que derivaron en las presiones que optó por aplicar la “autónoma” Fiscalía encabezada por Abelardo “Bayo” Valenzuela.

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Dejó la víbora chillando, como se dice coloquialmente, la regidora Cinthia Rubio Tabarez, que ayer se presentó a la tesorería municipal de Nuevo Casas Grandes a regresar el pago de la dieta mensual que ya no le correspondía al menos en su totalidad por la licencia con carácter de definitiva que pidió el pasado 24 de abril.

La gota que derramó el vaso de agua con la regidora fue su posición crítica hacia la alcaldesa Edith Escárcega, que va por el mismo camino que su media hermana, la alcaldesa en prisión Cinthya Ceballos.

En esa sesión, la regidora exhibió que en la dotación de algunos terrenos había beneficios indebidos para la mamá de otra regidora, específicamente la de Hacienda; pero que además, existía conflicto de interés, porque la señora había sido cliente de Edith Escárcega, antes de asumir ésta el puesto de alcaldesa.

Por eso decimos que con su renuncia, la regidora de desarrollo urbano dejó la papa muy caliente, porque el tema quedó evidenciado en una sesión de cabildo, por lo que deberá ser revisado con lupa por la síndica municipal Venus Olmos o en su momento por la Auditoria Superior del Estado, en la revisión anual de ley.

Con un detalle adicional, la suplente de Rubio está en los Estados Unidos y hasta lo que sabemos, pocas ganas tenía de regresarse a ocupar el cargo.

Tal vez lo que no le han dicho es que hay un sueldo de más de treinta mil pesos mensuales más arrimadijos, durante mayo, junio, julio, agosto y diez días de septiembre, lo cual no suena nada mal. Como quiera están ahí unos 150 mil, nada despreciables.

Algunos sospechan que le hablaron como queriendo no encontrarla. Es más ni su nombre aparece en la página web del ayuntamiento, solo dice, pendiente.

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La detención de la priista juarense, Adriana Fuentes, en el mes de abril del 2021 cuando protestaba contra las obras de la pre troncal del BRT en el bulevar Manuel Gómez Morín, muestran otra de las facetas autoritarias del exgobernador Javier Corral.

En aquella ocasión, cero importó a los agentes de la entonces Comisión Estatal de Seguridad (CES) arremeter contra Fuentes, en ese tiempo candidata a la alcaldía por el tricolor.

Barrieron contra ella sometiéndola junto con un grupo de vecinos de los alrededores de esa arteria; fueron todos consignados ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado y liberados unas cuantas horas después. Para ella hubo disculpas de los oficiales involucrados en el operativo.

Poco más de tres años después, vuelve a sobresalir el caso porque Fuentes acusa ahora a la Fiscalía General de la República (FGR), representación social del Gobierno federal ante la que denunció al Estado por las agresiones “brutales” (así están descritas) que sufrió junto con otros 14 manifestantes el 12 de abril del 2021. La querella por supuesto alcanza a Corral.

Los ministerios públicos que llevan el caso ofrecieron a la priista reparar el daño con el pago de los gastos médicos que implicó aquella agresión, con el fin de que se desista de la denuncia.

Aunque no fuera a ser escandalosa la sanción para los agresores, llama mucho la atención que la postura de la FGR sea la de darle carpetazo al asunto, como si estuvieran haciendo favores al ex gobernador, ahora sumado precisamente al gobierno de la Cuatroté.

Lo cierto es que no deja de revivir el desprecio que muchos ciudadanos chihuahuenses sufrieron del exmandatario. Intolerante a la protesta y a la crítica, hasta la fecha.