Quiso BBVA denuncia y cobrar alto deducible

•Quiso BBVA denuncia y cobrar alto deducible

•Empieza a oler corrupción en Guardia nacional

•Toda la carga migrante es para estado y municipios

•Se va el jefe de la Guarnición, el general Buchan

Un choque leve por la avenida Tecnológico, en las primeras horas del pasado viernes, exhibió las deficiencias de BBVA Seguros, el ala de aseguranzas del principal banco que opera en México.

Hizo algo de ruido en redes sociales y grupos de WhatsApp la búsqueda del vehículo conducido por el presunto responsable del incidente. La imagen de la placa vehicular de lo que parece ser un Nissan Sentra de no muy reciente modelo, puede verse en la edición digital de La Columna.

En el semáforo del Parque Central, el conductor del vehículo con dicha matrícula causó el accidente con otro automóvil, al atravesarse en un carril y frenar intempestivamente. El impacto no dejó lesionados y los daños fueron menores, por fortuna.

Sin embargo, el de la placa decidió irse del lugar, alegando que no tenía tiempo de esperar seguros y menos autoridades porque tenía trabajo. El otro involucrado fue el que captó la foto de la placa y la compartió para quejarse, aunque no tanto por la actitud del presunto responsable, sino de la atención recibida del seguro.

Resulta que BBVA se negó a responderle por los daños si no pagaba un altísimo deducible, pero además quería mandarlo a presentar denuncia a la Fiscalía o a encontrar al dueño del vehículo. Increíble el nivel de burocracia para responder por daños realmente mínimos.

Juárez es de las ciudades de México más rentables para las aseguradoras, fuera de la capital del país, por la gran cantidad de automóviles que circulan a diario, pero las instituciones financieras se sirven con la cuchara grande las ganancias, sin asumir la responsabilidad que implica el negocio.

El gran mercado de la frontera es alentado por la obligatoriedad de los seguros para transitar, pero parece haber cero supervisión de los amañados contratos, que finalmente repercuten en la credibilidad de los seguros y las autoridades que deberían regularlos.

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Parece ya muy lejano aquel violento año de 2011, cuando era alcalde el apenas fallecido Héctor “Teto” Murguía, y padeció en carne propia a la delincuencia con uniforme de la Policía Federal, cuando apenas tenía dos años de haber sido creada. Era el sexenio del panista Felipe Calderón.

“El Teto” -que traemos a la memoria por doble motivo, su reciente deceso y el problema de la seguridad- padeció en enero el asesinato de uno de sus escoltas, Jorge Humberto Muñoz Pérez, de 29 años de edad, cuando cenaba en una casa a unas cuadras de hotel Impala, donde estaban hospedados los federales.

Al elemento municipal lo mataron los policías de la otra corporación cuando, encapuchados y agresivos, le pidieron identificarse por parecer sospechoso. El agente bajó su arma y aun así le dispararon.

La escolta de “Teto”, alarmada, lo sacó de forma urgente del domicilio del padre Hesiquio Trevizo donde se encontraba, pidió refuerzos y lo puso a salvo, ante la posible teoría de que era un ataque contra el alcalde. Al parecer no lo fue.

Luego, en mayo del mismo año, el entonces presidente municipal, cuando circulaba por la Gómez Morín, ordenó detenerse a su convoy cuando, de nueva cuenta, los eficientes federales habían encañonado a otros de sus escoltas.

Fue una confrontación pública ampliamente difundida, con impacto hasta Los Pinos, pues para entonces los federales ya estaban convertidos en una plaga en Juárez, con extorsiones, secuestros y homicidios a su alrededor, delitos que habían aprendido a capitalizar.

Ese es el otro motivo por el que “Teto” es traído al presente. Entre los municipales de Juárez no manejan un registro específico y menos oficial, pero ya comienzan a hablar de que las quejas contra la Guardia Nacional, aquí en la frontera al menos, han superado eso que ocurría hace poco más de 10 años.

Hay diferencias, desde luego. Los delitos en los que se involucraron los federales de ayer eran otros de los que ahora son achacados a los federales de hoy, que cambiaron de uniforme y también de elementos en muchos de sus despliegues. Ahora son casi puros militares prestados por la Secretaría de la Defensa Nacional a la GN.

También cambiaron de delitos. Ahora son señalados de asesinatos a sangre fría, de proteger, aliarse y hasta ayudar a los “polleros” para ser parte del negocio de la trata y hasta de ataques sexuales ocultos por sus mismos mandos. Muy delicado todo.

Las adormiladas comisiones de derechos humanos, estatal y nacional, deberían tener registro más exacto, pero es claro que cada vez son más parecidas aquella Policía Federal de Calderón y la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

Y van que vuelan hacia el desfiladero mayor.

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Tendría que hacerse un desglose por parte de la administración estatal y los ayuntamientos de Juárez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y Jiménez, entre otros, para saber cuánto han invertido en atender a los migrantes.

No tenemos idea de la cantidad de recursos que, debiendo ser utilizados en beneficiar a los chihuahuenses o juarenses, han sido destinados para atender a los migrantes, especialmente mujeres y niños, como si no existieran carencias en rubros de salud, educación y seguridad, solo para poner tres ejemplos.

Para darnos una idea de que cualesquiera que sean esas cantidades invertidas, no deben ser unos cuantos pesos, sino millones, tenemos la licitación pública presencial número DIF /LP/01/2024, divulgada por el organismo DIF Estatal Chihuahua.

Dicha licitación considera tres millones 280 mil pesos para atender la alimentación de los menores migrantes, mediante abarrotes, carne, lácteos, frutas y verduras, y pañales, para ser entregados como apoyo a la Casa del Menor Migrante en esta ciudad.

La recepción y apertura de las propuestas de quienes estén interesados en prestar dichos servicios, tendrá lugar el 23 de enero próximo, en las oficinas que tiene Desarrollo Integral de la Familia, allá en la capital.

Evidentemente estos son apenas unos pocos recursos de los muchos que tiene que invertir no sólo el Gobierno del estado, sino algunos municipios, en favor de los migrantes, que han sido abandonados a su suerte una vez pisan territorio nacional en la frontera sur en Chiapas, principalmente.

Tendría que pedirle el gobierno estatal y los municipales el retorno de los recursos invertidos en migrantes a la federación, para volverlos a utilizar en el mismo rubro, incluyendo los que resulten necesarios para instalar albergues adecuados, si es que continuará la política migratoria errática como hasta el momento así ha parecido.

No debe negarse, por supuesto, ese apoyo a los migrantes, pero la federación debe cumplir con su parte para auxiliarlos.

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Tenemos en La Columna confirmada la información sobre un cambio importante en la Guarnición Militar de la ciudad, como parte del programa permanente de relevo de mandos en la Sedena. Esta semana será el  movimiento en Juárez.

Se trata del comandante de la guarnición, el general Jorge Alberto Buchan, quien dejará su cargo para asumir la jefatura del estado mayor en la 4/a Zona Militar en Hermosillo, Sonora, su lugar será ocupado por el recién promovido (noviembre de 2023) general brigadier DEM César Gutiérrez López, quien asumirá el mando de la Guarnición en Juárez a partir del miércoles próximo.

La Sedena hace esta rotación de mandos de manera periódica, permanente e institucional, como una medida de prevención, para evitar que los titulares de las regiones, zonas o plazas puedan establecer acuerdos o relaciones no convenientes para el correcto desempeño de sus funciones. Si así, sabe Dios, ahora sin rotarlos, imaginemos.

Lo que llama la atención, y tenemos que consignarlo, es que el pasado viernes grupos sociales y empresarios le organizaron una comida de despedida a Buchan, que en realidad se convirtió en una expresión de agradecimiento por el trabajo que realizó Buchan en Juárez.

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El pasado viernes estaba programado el comienzo del juicio oral contra el duartista Christopher James Barousse, exdirector del Instituto Chihuahuense de la Juventud, pero fue diferido hasta el próximo 22 de enero.

El también exdirigente de los jóvenes del PRI a nivel estatal y nacional enfrenta una causa por presunto desvío de más de dos millones de pesos, causa penal que le valió cuatro meses de prisión preventiva, hasta lograr el proceso en libertad en marzo de 2021, ordenado por la justicia federal.

El caso, dicen en la Fiscalía General del Estado, estaba casi planchado para comenzar la última fase procesal, pero algo atoró un arreglo previo para darle salida al tricolor.

Luego, para el 17 de este mes estaba previsto el inicio del juicio al exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, otro más duartista por razones políticas y familiares, Gerardo Villegas Madriles.

Sin embargo, nos adelantan que tampoco habrá de comenzar el proceso. Muy posiblemente también será diferido para principios de febrero.

Tal vez en ambos ya existe hasta una resolución dictada previamente, nomás hace falta revisarle los puntos y las comas. Tal vez por eso es el patadón al bote en esos casos