¿Bajó atorón federal contra coyotes?

Durante los últimos días ha quedado menos que en sutil la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que algunos representantes de la ley consideraron sería contundente y también sistemática sobre todo para combatir el desbordado tráfico de migrantes que ha convertido en opulentos millonarios a modestos líderes de pandillas.

Sabemos que una célula perteneciente a esa instancia de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó el pasado martes un cateo en un domicilio del fraccionamiento la Playa y se llevó de ahí a una pareja, Daniel Guillermo S. B. (alías Tío Dany), y a Mariana Ivette C. S.

Les fue asegurada algo de mariguana, unos cuantos cartuchos útiles, tres cargadores para pistola llenos con 15 balas cada uno, pero a lo largo de la semana no fue dado a conocer ningún dato oficial sobre imputación y menos vinculación por algún delito mayor de delincuencia organizada. Quedó en duda si se trató de “coyotes”. El caso es denominado “Candys”.

Tampoco supimos el destino de dos calificados como “toros” en el trasiego de drogas y tráfico de personas que fueron detenidos la tarde del siete de noviembre en un fuerte operativo implementado en el exclusivo Rincones de San Marcos.

Ministerialmente encabezó el “aseguramiento” la FEMDO pero las investigaciones, el seguimiento de las mismas y la operación de captura fue dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Posiblemente los datos fueron manejados en alguna instancia de FGR para su difusión pública pero si fue así no trascendieron de manera importante; por tanto, sigue en enigma lo que ocurrió con esos arrestados, Harley S. F, alias “El Cubano” (por su origen en ese país), y Jorge Orlando C. G., juarense.

Solo puede conjeturarse que su aprehensión pudo tener algún vínculo con los golpes dados entre el 17 y el 18 de octubre directo por la Sedena y FGR a la banda de polleros liderada por el alias “Deadpool” y/o “Fátima”, Jesús Plácido Q., otro “toro” en ese delito, jefe en el equipo de La Empresa.

Esa célula de “Fátima” es una de las varias integrantes de La Empresa que pusieron en alerta desde mediados de año a las autoridades estadunidenses y mexicanas por el tráfico masivo de migrantes a través de túneles, o gigantescas alcantarillas, ubicadas por el Río Bravo, entre Ciudad Juárez y El Paso.

Aunque las autoridades federales de ambos países desde entonces seguían la pista de las alcantarillas, e inclusive existen indicios de investigación federal de México, (FGR), sobre el involucramiento de policías en ese ilícito (oficio dirigido a la Fiscalía estatal el 18 de mayo), puede decirse que hasta octubre hubo en la detención de Jesús Plácido y su grupo, y de líderes de otras células, señales claras que hablan de intentos serios por desarticular el tráfico por esa y otras vías desde el lado poniente de Anapra, el centro de Juárez y hasta el suroriente por el Valle de Juárez.

Los cálculos de ambos gobiernos hablaron hace poco de aproximadamente cuatro mil migrantes que eran cruzados cada mes solo por los peligrosos desagües a razón de entre mil y ocho mil dólares cada uno, según los acuerdos con los “coyotes” que pudieran ir de solo pasar de Juárez a la ciudad vecina, o traídos desde Centro y Sudamérica, cruzados a El Paso y llevados hasta algún punto en el interior de los Estados Unidos.

Cualquier cantidad entre mil u ocho mil dólares multiplicada solo por los casi cuatro mil enviados por las alcantarillas, es hablar de un negocio superior a los ocho dígitos mensuales.

El mero delito de tráfico ha sido objeto de grandes discusiones binacionales por los millones de extranjeros que han logrado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos durante los últimos años y que han provocado y siguen ocasionando severas crisis en su tránsito por México. 

Ciudad Juárez ha sido una de las más golpeadas por la desorganización oficial en este renglón. No existe aportación digna de resaltar para su manutención durante sus estadías aquí, menos para salvaguardar su integridad, hasta ahora con algo, muy poco aún, de persecución contra los secuestradores.

La intervención extraordinaria de la FEMDO fue originada más que por eso, más que por la mera trata de personas en movimiento; fue obligada precisamente por el crecimiento en la violencia de los grupos delictivos para obligarlos a descomunales pagos y por la disputa entre los propios grupos criminales que pretenden el monopolio en los traslados.

Hay muchos casos, pero el más estremecedor de ellos fue el hallazgo este año, en agosto, de los cuerpos de los 13 migrantes asesinados en un paraje de Coyame (entre Chihuahua y Ojinaga), que fueron secuestrados y desaparecidos por delincuentes en 2021.

Las acciones en Ciudad Juárez llevadas a cabo este año por el área de operaciones estratégicas y antisecuestros de la Fiscalía General del Estado colocan en su justa dimensión los barriles de pólvora en los que son colocadas las víctimas de los polleros, o coyotes.

Esa Fiscalía Antisecuestros ha participado en la liberación de 93 personas por rescate, ha resguardado a seis que escaparon de sus captores y ha conseguido la libertad de 21 por negociación. 128, el total de víctimas.

También han detenido sus policías a 56 secuestradores, 38 en flagrancia y 18 mediante órdenes de aprehensión. Han conseguido 43 vinculaciones a proceso.

Esa cantidad de 128 debe ser modesta para el tamaño del problema, si hablamos de cuatro mil que pasan por túneles y un promedio de 20 mil que siguen registrando las autoridades estadunidenses como “asegurados” solo en El Paso.

Eso nos lleva a concluir que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) debe nuevamente pisar el acelerador y dejar la sutileza de su presencia durante los últimos días para aparejar sus acciones con el tamaño de la realidad descrita.

Antisecuestros de la Fiscalía estatal ha logrado establecer que la inmensa mayoría de los raptos ha corrido por cuenta de pequeños o grandes grupos pertenecientes a La Empresa, desde la banda de “Las Gordas”, “El TJ” y “La Tía” asegurados en septiembre, hasta “El Pancho”, “El Cepillo” o “El Nano”, aprehendidos en mayo.

Es innegable que del tamaño de la migración, de los cientos de miles de personas en intermitente movimiento, de forma paralela es el ejército delictivo aguardándolas para exprimir cualquier peso en sus bolsillos o las cuentas de sus familiares en los Estados Unidos que muchas veces trabajan solo para pagar esos viajes; o peor aún, para pagar por la liberación al momento de caer los suyos en grupos distintos a los acordados en sus lugares de origen o durante alguno de las trayectos en los agobiantes viajes, con frecuencia en la literal indigencia.

El peligro no cede porque los peregrinajes no paran ni en el extremo calor ni en el extremo frío. Lo menos que debe esperarse de los distintos niveles de gobierno es que aminoren las penurias evitando que sean objeto de vejaciones, robos y/o  actos bárbaros como lo ha sido el secuestro.