‘Necesita intervenir Federación en Cereso’

Mientras que familiares de personas privadas de su libertad señalaron haber notado que en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal Número 3, ubicado en esta frontera, hay internos con “privilegios”, un agente investigador agregó que la pertenencia de diferentes presos a grupos de la delincuencia organizada dificulta el control por parte de las autoridades.

“Ese es el tema, los directivos del penal no pueden, la verdad no pueden, mientras la Federación no meta mano, los directivos no van a poder. Es delincuencia organizada y, si se le atraviesan a los jefes de las diferentes pandillas, pues los van a matar, tan sencillo como eso”, comentó el agente del Ministerio Público estatal, entrevistado con la condición del anonimato.

La gobernabilidad en el interior del Cereso 3 fue cuestionada el pasado lunes por el titular de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, Jorge Nava, quien señaló que un detenido como probable responsable de diversos asesinatos –e identificado como Víctor Manuel Z. R., alias “El Troy” y presuntamente integrante de la organización criminal “La Empresa”– declaró haber recibido las órdenes desde el interior del centro penitenciario estatal.

Otros dos casos similares, planteó por separado el agente investigador entrevistado, se documentaron con declaraciones de testigos o implicados en asesinatos registrados en 2016 y 2018, también atribuidos a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

“Tenemos otros casos de alto impacto en el que hay un detenido, Luis Alberto C. A., en posesión de drogas y armas, y lo traemos en el radar porque realizó varias ejecuciones y las personas relacionadas con él, que se volvieron testigos protegidos, también hacen referencia a que las órdenes vinieron del interior del Cereso (…) por teléfono celular”, indicó.

Por separado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) –de la que depende el Cereso 3–, Emilio García Ruiz, dijo que, más que requerir apoyo de la Federación para el manejo de los presos, se requeriría que dicho nivel de gobierno trasladara a penales bajo su control a quienes fueron considerados como “objetivos” de las autoridades de Seguridad Pública.

“En los centros estatales se tienen identificadas a personas que en su momento fueron consideradas como objetivos prioritarios para la seguridad pública y como generadores de violencia, y lo que se requeriría de la Federación, más que auxilio en los Ceresos para el control de los mismos, sería que se trasladen a Ceferesos”, planteó García Ruiz.

“Por requerir medidas especiales de seguridad que no se pueden proporcionar debido a la falta de infraestructura penitenciaria adecuada para albergarlos, falta de equipamiento tecnológico y de personal operativo suficiente para su vigilancia y custodia, entre otras cosas. Esas personas son justo las que provocan inestabilidad en los centros penitenciarios, que pueden provocar cierto descontrol”, agregó.

Un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundido en mayo indicó también que el Cereso estatal ubicado en esta frontera es uno de los 15 detectados a nivel nacional –de entre 113 revisados– que cuentan con personas privadas de la libertad realizando funciones de autoridad o “autogobierno”.

El mismo diagnóstico arrojó que en el citado penal hay también deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario e incluso presencia de actividades ilícitas, como cobros o extorsión y sobornos, entre otros problemas.

Familiares entrevistados en la zona aledaña al Cereso indicaron ayer haber observado reos con beneficios diferentes al resto, como calzado deportivo con cintas, venta de comida y, como señaló uno de los consultados, uso de teléfono celular en los patios del reclusorio.

“Los que traen los teléfonos son los que también manejan la cocina, son los privilegiados, que nunca se va a quitar”, dijo el familiar –que también pidió no ser identificado.

“Tienen que comprar comida porque la que les dan está muy fea. Ahí mismo compran pollo, enchiladas, menudo, carne asada; hay un encargado, es un interno”, agregó otra persona entrevistada.

Al respecto, García Ruiz dijo que, si bien hay internos que trabajan como empleados en el área de cocina, no son quienes la manejan.

“Los emplea la empresa proveedora de alimentos y no cualquiera puede ser porque tienen que tener cierto perfil y son capacitados constantemente; hay espacios al interior donde se venden cigarros, refrescos, artículos de limpieza, etcétera”, dijo el funcionario.

“Es decir, lo que no se incluye dentro de la alimentación que se les proporciona, pero esto se maneja por medio de Comercio Penitenciario y se emplea a personas privadas de la libertad para atenderlas. Eso les beneficia económicamente y se cumple con uno de los ejes de la reinserción social, como lo es el trabajo y la capacitación para el mismo”, agregó. 

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