Desmantelado, Migración en el estado

El Instituto Nacional de Migración (INM) se desmorona poco a poco. En los últimos días la Oficina de Representación (OR) del INM en esta frontera ha recibido las renuncias de personal en áreas importantes como Archivo, Finanzas, Recursos Materiales, la subrepresentación local y de Núcleos Familiares, así como de agentes, dio a conocer personal del propio instituto.

La situación que viven los empleados federales es arrastrada desde el incendio registrado en las instalaciones de la estación migratoria, ocurrido el 27 de marzo del 2023, denunciaron de manera anónima, por temor a represalias. 

Los movimientos del personal se recrudecieron a partir del asesinato del representante local del Instituto Nacional de Migración, Lorenzo Gabriel Pico Escobar, en un ataque a mano armada registrado el 15 de abril del 2021 sobre la carretera a Casas Grandes, donde también fueron asesinados dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Luego se registró una serie de denuncias por probables actos de corrupción contra guardias de seguridad contratados por el INM y contra funcionarios, actualmente sujetos a proceso penal por el homicidio de 40 extranjeros encerrados en la celda de la estación migratoria. 

Tras la vinculación a proceso de los empleados del INM, que incluyó al comisionado Francisco Garduño Yáñez, los movimientos al interior de la dependencia no han concluido, ya que personal con hasta 15 años de antigüedad ha optado por renunciar ante el “descontrol” que impera en la OR, en medio de la peor crisis migratoria vivida en esta frontera. 

“El instituto tiene suficiente personal ahorita en Ciudad Juárez. Somos suficientes, tenemos más de 300 elementos trabajando aquí”, dijo Garduño el pasado martes. Sin embargo, un gran número de elementos trabaja como “comisionado”, lo que implica un cargo oneroso al erario, al explicar el personal del INM que se les paga mil pesos diarios por persona.

Las últimas renuncias fueron de la encargada del Departamento de Archivo, Silvia del Hierro; la jefa del Departamento de Finanzas, Socorro Valles y su auxiliar, agente María Antonia Mendoza. Ambas empleadas tenían más de 10 años en el INM. Este departamento, de los más importantes por recibir y distribuir los recursos para la operación de la OR, se quedó acéfalo, ya que sólo operaba con las dos exempleadas. 

También renunció la encargada de la jefatura de Recursos Materiales. En este caso el nombramiento no era oficial, ya que el puesto lo desempeñaba Eduardo A. M., quien está vinculado a proceso y fue liberado bajo caución recientemente y mientras se encuentre bajo proceso no se le puede nombrar el cargo de manera oficial, como ocurre con los otros cargos de los empleados detenidos. 

Parte de la escalada de renuncias se encuentra la subrepresentante local y encargada de Núcleos Familiares, Minerva Chávez Parra; tras su salida, el INM empezó a trasladar a las familias al sur del país en abierta violación a sus derechos humanos. 

Estas actuaciones irregulares fueron admitidas por Garduño Yáñez, quien dijo a El Diario que se estaban trasladado a las familias porque los albergues aquí están saturados.

Este argumento fue descartado ayer durante la visita a Juárez de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien estuvo en el albergue Leona Vicario con el fin de analizar la gestión y el financiamiento de estos centros que brindan apoyo a las personas que están en situación de movilidad en el norte del país.

Estuvo acompañada de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

“Conversamos sobre el modelo de atención digna y humanitaria que aquí se presta a nuestros hermanos y hermanas migrantes que se encuentran en esta frontera”, dijo Montiel.