Por caso Crusius, regaña juez a fiscal de Distrito

El juez estatal que preside el juicio del hombre acusado de asesinar a 23 personas en un Walmart de El Paso en 2019 criticó el viernes a la fiscal de Distrito Yvonne Rosales por hacer comentarios públicos sobre el caso mientras la Fiscalía ha hecho poco para prepararse para el proceso legal.

El juez de Distrito 409 Sam Medrano, claramente enojado, citó el comunicado de prensa de Rosales emitido a principios de esta semana anunciando su intención de llevar el caso a juicio el próximo verano en su tribunal. El viernes emitió una orden de mordaza que impide que los fiscales, los abogados defensores, los agentes del orden público y los testigos discutan el caso con los medios.

“La fanfarronería termina hoy”, dijo Medrano al final de una audiencia de 20 minutos.

El juez criticó repetidamente a Rosales ante reporteros, abogados y familiares de las víctimas del tiroteo que llenaron la sala del tribunal. Dejó en claro que sus quejas estaban dirigidas a Rosales.

Medrano también criticó a Rosales por sugerir que estaría lista para el juicio en menos de un año. Dijo que la Fiscalía de Distrito no había hecho una sola presentación en el caso desde que asumió el cargo en enero de 2021.

“Ni un alegato, ni una moción, ni una solicitud, ni un registro comercial, ni una propuesta de cuestionario del jurado, ni una subpoena duces tecum, ni una lista de testigos, ni una lista de testigos expertos ha presentado su oficina”, dijo Medrano.

Cuando Rosales sostuvo que había presentado algunos documentos ante la Corte, el juez respondió: “Si es que se presentaron para archivarse, se archivarían ayer ya tarde, porque revisé el expediente, no hay ni uno”, dijo.

Joe Spencer, uno de los abogados que representan al presunto tirador, también le dijo al juez que no había visto ningún documento de la Fiscalía durante casi dos años. Rosales ha estado en el cargo por aproximadamente 18 meses.

Spencer y Medrano dijeron que los comentarios públicos de Rosales sobre el caso podrían afectar el derecho del acusado a un juicio justo y dificultar la selección de un jurado en El Paso.

Medrano es el último de una serie del jueces que han criticado a Rosales o a su oficina por el manejo de casos penales.

(DESC)

El proceso judicial por una masacre

Rosales, en una declaración del 27 de junio, dijo que esperaba que el juicio por asesinato en la capital del estado contra Patrick Crusius se llevara a cabo en el verano de 2023.

Crusius, de Allen, Texas, fue arrestado a los 21 años poco después del tiroteo en el Walmart de Cielo Vista que mató a 23 e hirió a otros 23, el 3 de agosto de 2019. Los fiscales alegan que poco antes del tiroteo, publicó un comentario en línea diciendo que había conducido a El Paso desde el Norte de Texas para llevar a cabo un ataque y detener una “invasión hispana”.

El acusado ha estado recluido en la Cárcel del Condado de El Paso desde su arresto, enfrentando cargos federales y estatales que conllevan una posible pena de muerte. No estuvo presente en la audiencia del viernes.

Los fiscales federales no han decidido si buscar la pena de muerte, pero Rosales y su predecesor, Jaime Esparza, dijeron que buscarían la ejecución de Crusius si fuera condenado por cargos estatales.

La declaración de Rosales se produjo tres días después de que el juez federal de Distrito David Guaderrama, quien preside el caso federal, fijó la fecha del juicio para el 8 de enero de 2024. Los fiscales habían pedido que el juicio federal comenzara en junio de 2023, y los abogados de Crusius habían pedido que comenzara en marzo de 2025.

“Felicito al juez Guaderrama por establecer el caso para juicio en un plazo que permitirá a la Fiscalía federal tomar una determinación final sobre si buscarán la pena de muerte contra Patrick Crusius. La Oficina del Fiscal de Distrito continuará buscando la pena de muerte y, como tal, esperamos que nuestro caso vaya a juicio para el verano de 2023”, se lee en el comunicado.

La decisión de fijar una fecha para el juicio recae en el juez y se supone que involucra tanto a los fiscales como a los abogados defensores.

Aunque Rosales le dijo a Medrano que ella “sí indicó” ese proceso a los medios, su comunicado de prensa no mencionó ni a los abogados defensores ni al juez.

Cuando Medrano le preguntó a Rosales por qué publicó la declaración, ella se desvió.

“No sé qué publicaron los medios, su señoría. … Les informé claramente que nos acercaríamos al abogado contrario y a este tribunal” para establecer una fecha para el juicio, dijo, y enfatizó su declaración de que “esperaba” una fecha el próximo verano.

La defensa, señaló Medrano en la Corte, no ha “ido a los medios” para publicar sus preferencias de fecha de juicio.

Rosales le dijo a Medrano que prefería un juicio estatal antes que un caso federal debido a la pena de muerte.

“Nuestro objetivo era programar este caso antes, ya que estamos buscando la pena de muerte, y la Corte federal no está buscando la pena de muerte en este momento”, dijo.

Cualquier acción de la Fiscalía que viole los derechos al debido proceso del acusado pone el caso en riesgo de un nuevo juicio, lo que prolonga un proceso que ya es difícil para los familiares de las víctimas, dijo Spencer durante la audiencia del viernes.

“Los principios del debido proceso están en riesgo en este caso”, dijo Spencer. “Y este caso será juzgado una y otra vez si no se hace correctamente”.

Medrano dijo que emitió la orden de mordaza para proteger el caso y garantizar un juicio justo. Señaló que es la primera orden de este tipo que ha emitido en sus 26 años en el estrado.

El juez no dijo cuándo fijaría una fecha para el juicio por los cargos estatales, aunque dijo que no interferiría con la fecha del juicio federal de Guaderrama en enero de 2024. Spencer dijo durante la audiencia que los abogados defensores no podían prepararse simultáneamente para los juicios por cargos estatales y federales en los próximos 18 meses.