Una estafa que llegó a Juárez desde España

-Una estafa que llegó a Juárez desde España

-Corral urde intrigas con magistrados

-Se perfila Mario Delgado para arrasar

-Temores impiden desbloqueo ferroviario

A partir de varias quejas que iniciaron con escritores juarenses, se dio a conocer una estafa que ha escalado a nivel internacional orquestada por un español de nombre Manuel Pérez Petit. Él, quien se ostenta como director de una editorial de la que nadie conoce antecedentes, pidió hasta 800 euros a escritores de la fronteriza ciudad para publicarles libros que jamás han visto la luz.

Por un lado el español contrataba sin sueldo a escritores novatos, prometiéndoles grandes ingresos, y por otro cobraba a los mismos cuotas para supuestamente publicarles. Jamás les cumplía.

El titular de la inexistente editorial Kolaval -cuya falsa matriz se encuentra sospechosamente en su tierra natal, Sevilla, España- involucró también víctimas de países como Argentina y Colombia. Desde allá y hasta esta frontera se han iniciado denuncias en contra del sujeto por falta de pago, así como por amenazas de éste si se hace público el conflicto.

Según se han enterado escritores colombianos, mexicanos y argentinos, Pérez Petit ha tenido antecedentes por falta de pago y engaño desde el 2012. Cuenta con una denuncia por incumplimiento puesta por las escritoras María Gabriela Inclán y Beatriz Cecilia Torres García, pero además realizó actividades similares de promover la publicación de talentos nuevos entre 2016 y 2018, cuando promovía otra editorial de nombre Camelot.

La foto que puede verse en la versión digital de La Columna corresponde a agosto de 2019, cuando fraguó y concretó sus estafas en Ciudad Juárez, donde se entrevistó con algunas de sus víctimas, entre ellas el escritor Walter Schaefer Trujillo, de la UACJ.

En otras partes del país ha afectado a escritores a quienes les ha prometido la publicación de sus obras, así como a trabajadores que supuestamente colaborarían en direcciones generales en México, Argentina y Colombia, así como también en Juárez, Oaxaca y Chiapas.

Cabe destacar que las deudas por falta de pago a trabajadores de los diferentes países se ha elevado a miles de euros, por lo que ya han iniciado las acciones legales contra Pérez Petit, de quien sólo se sabe que fue a refugiarse a Sevilla.

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El viernes sostuvo encerrona Javier Corral con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, su presidente, Pablo Héctor González Villalobos; y el íntimo amigo del gobernador, Roberto Siqueiros Granados, miembro también del Consejo de la Judicatura.

Los temas ahí abordados por supuesto corresponden al interés general de los chihuahuenses pero no aparecen en comunicados ni conferencias de prensa porque son resueltos en el estricto interés particular del nacido en El Paso.

Eso nos lleva a formular solo hipótesis, una de ellas tiene qué ver con los graves problemas de administración de justicia que sufren los parralenses debido a las restricciones consecuencia del Covid.

La otra tienen que ver, por supuesto, con la permanente obsesión de Corral contra la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos. Ha contado para ello con la “asesoría” de los magistrados si la intención es continuar atacando por distintos flancos; uno de ellos, el legal.

Todo el presupuesto y todo el poder público para dedicarlo a asuntos particulares. En ese cuadro solo habría faltado quien opera políticamente para Corral Jurado contra la alcaldesa, el diputado panista, Fernando Álvarez.

Un alcalde –no priista, no panista- que ha sido permanente crítico de Maru también estuvo en el encuentro palaciego.

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Después de esa reunión tuvo Corral otro encuentro también importante pero, igual, solo para su exclusivo interés.

Hizo llevar a Palacio a su compadre, asesor y exsecretario General de Gobierno durante los primeros años de su régimen, César Jáuregui Robles.

Ahí debieron ser vistos tres posibles asuntos: evolución sobre la extradición de Duarte, los casos que lleva Corral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (donde mantiene Jáuregui enorme control) y el adeudo de casi 330 millones de pesos que mantiene el Gobierno estatal con varias constructoras que edificaron la Ciudad Judicial en Chihuahua durante la administración pasada. A una de ellas la defiende el propio Jáuregui en demandas interpuestas contra el propio gobierno.

Puro paso con huarache en las horas finales del corralismo.

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El nombre de Yeidckol Polevnsky ya no podrá ser borrado de la historia como protagonista en el triunfo de la izquierda y de Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) durante las elecciones del 2018.

Sin embargo, todo indica que hasta ahí llegó. No hay por dónde competir contra el jefe de los diputados federales de Morena por la dirección nacional de ese partido, Mario Delgado.

Va ella tan abajo en las preferencias que ha sido superada hasta por los últimos alientos de Porfirio Muñoz Ledo, el también legislador experto en lianas partidistas.

Es claro que, ahora sí, hubo línea desde Palacio Nacional en favor de Delgado y será quien arrase en la famosa encuesta nacional que definirá la nueva presidencia de Morena.

Así se van perfilando los resultados. Yeidckol muy lejos de su antigua corpulencia partidaria.

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Entre los pocos alcaldes priistas chihuahuenses que no fueron convocados al encuentro de ayer con Gobernación, Conagua y otras dependencias federales involucradas en el conflicto por el agua, está el edil de Guachochi, Hugo Aguirre.

Guachochi es uno de los municipios serranos fuertes aún manejados por el tricolor. Su alcalde ha conseguido hacer bastante ruido durante las últimas semanas moviéndose en pos de la candidatura a gobernador 2021.

Es obvio que por ahí fue el atorón que lo dejó fuera de la ida a la Ciudad de México.

Omar Bazán, presidente del PRI en el estado, también aspira a la postulación por la gubernatura y no se anda por las ramas. Opera con la rudeza que operaron sus antecesores en cargos similares.

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Aproximadamente el 25 por ciento de las exportaciones nacionales que cruzan por Juárez llegan por tren. Con el bloqueo ferroviario a la altura de Estación Consuelo, en Meoqui, al sur de la capital del estado, se han visto frenadas cargas que alcanzan globalmente un valor cercano a los tres mil millones de dólares.

Ni por eso se ha logrado un acuerdo entre el Gobierno del Estado y las autoridades federales para desbloquear ese paso que se acerca a cumplir un mes tomado por productores de la región, como parte de las protestas por el agua.

El pasado 15 de septiembre por la noche y luego los primeros minutos de este domingo, mandos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, estuvieron por intervenir en Consuelo para desalojar a los manifestantes y liberar las vías férreas. Lo hicieron ante la presión cada días más fuerte que con justa razón ejercen la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

Pero la falta de entendimiento político y coordinación entre ambos niveles de gobierno desbordó y a los minutos de giradas las órdenes para desalojar, tanto estado como federación dieron marcha atrás. Les ganó el miedo, el temor de asumir el costo político de la necesaria decisión de desbloquear las vías férreas, lo que terminó por darle más aliento a la protesta.

La afectación a la logística nacional alcanza dimensiones monumentales, ante lo cual se hacen de la vista gorda autoridades estatales y federales.