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Opinión

OPINIÓN

Sin protección de 'La Niña Blanca' en Jalisco

Pudieron haber pasado desapercibidas las secuelas de aquel operativo en el fraccionamiento Montecarlo, del que logró escapar alias 'Iker' Tomás N., pero ello no implicó que se le perdiera la pista por completo

LA COLUMNA

lunes, 22 abril 2024 | 06:00

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-Sin protección de “La Niña Blanca” en Jalisco

-Conflicto de interés corralista en lo oscurito

-Profe Chaparro con la camiseta puesta 

-Unanimidad PRI-PAN-Morena a favor de la ASE

Pudieron haber pasado desapercibidas las secuelas de aquel operativo en el fraccionamiento Montecarlo, del que logró escapar alias “Iker” Tomás N., pero ello no implicó que se le perdiera la pista por completo.

Mientras los secuestros de migrantes siguen en Juárez a todo lo que da, el calificado como jefe “coyote” estuvo ciertamente desaparecido por un tiempo, paseando en algunos destinos turísticos nacionales hasta que lo hallaron de nuevo los federales.

Fue detenido el pasado viernes 19 de abril en una residencia ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, en un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, mismas corporaciones que reventaron aquella casa del Montecarlo, en Juárez, el 12 de octubre del año pasado, cuando logró evadirse gracias, supuestamente, al aviso que le dieron otros jefes ministeriales, pero de la Fiscalía del Estado.

Presumiblemente, fue un informante del grupo delictivo “La Empresa” el que proporcionó información y número de teléfono de “Iker” a cambio de protección institucional, al mencionar que lo había visto en aquella, logrando así la localización y captura.

No sabemos si la detención de este pez gordo, o triple AAA, como lo catalogan las fuerzas castrenses, vaya a traducirse en una real desarticulación de una de las principales bandas que operan el delito de secuestro de migrantes en sendos territorios de Chihuahua. 

Quizá ahora sí se sepa dónde quedaron 600 mil dólares sustraídos de la casa de Iker en Montecarlo, “vigilada” por esculturas de la Santa Muerte, “la Niña” Blanca. Había un millón en esa vivienda, faltaron 600 mil.

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Durante los cinco años que estuvo como gobernador constitucional del Estado, Javier Corral, se negó siempre a hacer pública su declaración de conflicto de interés, e inclusive, la evolución de su patrimonio.

Tenemos las cinco declaraciones rendidas por dicho funcionario público, y en las correspondientes al 2016, que es la de inicio, hasta la del 2021, fue siempre esa su decisión.

Al menos en la declaración de conclusión se agregan ciertos elementos acerca de su patrimonio, inversiones e ingresos, pero sin transparentar jamás el dato puntual, tal y como debiera ser en una real y auténtica rendición de cuentas.

Estuvo y está hasta estas fechas su declaración en la penumbra de la opacidad. Esas declaraciones fueron obtenidas vía solicitud de transparencia y de manera evidente son versiones públicas muy cuidadas.

Aun así, es posible detectar ciertos detalles que deben llamar la atención. Primero el rubro de ingresos por salario y prestaciones como gobernador, que en un inicio era de 127 mil 914 pesos, algo así como un millón 534 mil pesos anuales, sin aguinaldo, en el 2021 fueron casi un millón 800 mil pesos.

Otro rubro es el de unos ingresos por arrendamientos, que suman al año cerca de quinientos mil pesos en el 2017, pero en el 2021 rebasan los 600 mil.

Esta es la opacidad -en sus bienes y conflicto de interés- que hace evidente su incapacidad moral para encabezar un área anticorrupción, exigiendo transparencia y rendición de cuentas, cuando sus declaraciones están alejadas de la vista de los mortales, y siempre fueron durante cinco largos años, ejemplo de oscuridad. Así ocurrió también con algo más delicado, sus actas de nacimiento y nacionalidad.

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Tenemos en versión digital de La Columna algunas capturas de pantalla del ruido que hicieron en redes sociales los desfiles, en Chihuahua y Juárez, de los nuevos Mercedes-Benz enviados de la capital para comenzar a operar el BRT-2, sistema que ha trastornado las calles de la frontera desde el desastroso gobierno estatal anterior, lo que ahora será tratado de corregir poniéndolo a funcionar en forma.

Muy vivillo, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, instruyó recorridos vistosos por ambas ciudades, para que jalaran la atención de los ciudadanos, objetivo logrado a juzgar por la cantidad de publicaciones e interacciones que fueron vistas en redes por el paso de los vehículos.

Así, en Chihuahua en vez de salir directamente de sur a norte por vialidades alejadas de la mancha urbana, atravesaron parte del centro y circularon por el periférico De la Juventud hasta la carretera a Juárez; una vez aquí, recorrieron la Tecnológico hasta la Rivera Lara, para luego dirigirse a los patios cercanos al estadio de beisbol, donde quedaron resguardados.

El impacto publicitario fue favorable, como puede verse en múltiples comentarios de la gente. La proporción es aproximadamente de 10 opiniones positivas contra dos negativas, que acusan generalidades como que no habrán de servir las unidades o que hay favoritismo para Juárez y abandono para la capital o viceversa. Lo de siempre, pues.

El reto ahora es que comience con esas 22 nuevas unidades el BRT-2 y empiece a dar muestra de su utilidad y funcionalidad para los juarenses. 

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Este día en la sesión de cabildo, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar habrá de pedir licencia para enfocarse en el arranque de su campaña hacia la reelección, programado para el primer minuto del jueves 25.

En la lista de asuntos de la sesión también van las licencias del regidor Jorge Bueno Quiroz y de las regidoras Ana Carmen Estrada y Austria Galindo, lo que cambia un poco, pero no de fondo la conformación del máximo órgano de gobierno municipal.

En esta semana, además, buena parte del aparato municipal que creó Pérez Cuéllar dejará cargos importantes de la administración para incorporarse a la campaña, con renuncias y permisos temporales para que no haya señalamientos del obvio apoyo del equipo administrativo del alcalde a su proyecto por la reelección.

Ya se despidieron de sus oficinas el director de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana; Enrique Licón Chávez, coordinador de Proyectos de Administración y Control de Proyectos; el director de Regulación Comercial, Arturo Urquidi Astorga.

También dejaron limpios sus escritorios, por mientras, el director de Asentamientos Humanos, Julio César de la Cruz; el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Nájera Payán, más los que se sumen poco a poco a la aventura electoral.

Por eso, desde la semana pasada el profesor Martín Chaparro, exdirigente estatal de Morena y alcalde suplente de Pérez Cuéllar, se puso la camiseta a fin de tomar las riendas de la administración por lo menos durante un mes y medio.

Es la razón por la que ha estado tanto en las reuniones de gabinete cerradas como en la mesa de seguridad del fin de semana, pues desde hoy y hasta el regreso del alcalde titular, con triunfo electoral en la bolsa, le tocará dirigir en serio, no nada más cobrar las casi tres quincenitas.

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Para mañana martes fue citado el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, a reunión con la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por la morenista Leticia Ortega, a fin de entregarle su boleta de calificaciones del año, con la que es evaluado el trabajo fiscalizador.

La única sorpresa en dicha evaluación pudo conocerse desde el viernes, pues PRI, PAN y hasta Morena le dieron un envidiable 9.8 y un cumplimiento del 100 por ciento en cinco de ocho apartados que son utilizados como criterios para medir la labor de la Auditoría Superior del Estado (ASE). La unanimidad fue notable en tiempos en que los legisladores pelean por todo.

Esta es la segunda evaluación realizada a la ASE, en la que destaca un aumento en los resultados de cumplimiento respecto al año anterior. El 100 por ciento fue alcanzado en observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública, Informe General, los Informes Individuales, entre otros. 

La ASE es el único ente autónomo evaluado con un sistema riguroso que mide el nivel de cumplimiento en el ejercicio de sus funciones bajo un manual de procedimientos implementado por la Comisión de Fiscalización. De ahí la relevancia del nivel alcanzado.

Los votos ya definidos fueron de la morenista presidenta de la comisión, así como de los panistas Saúl Mireles, Carla Rivas y Rosa Isela Martínez, además del priista Noel Chávez. Mañana únicamente le será comunicada a Acosta Félix la calificación y las observaciones para mantener y superar ese nivel.

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