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Opinión

¿Por qué ni el chequecito perdonaron a Pinedo?

Para reforzar la permanencia en prisión de Antonio Pinedo, excoordinador de Comunicación Social de Javier Corral, le fue enderezada la otra causa penal de la que hemos dado cuenta en exclusiva desde el fin de semana, por 160 mil pesillos que el exfuncionario cobró a manera de liquidación extralegal

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 19 marzo 2024 | 06:00

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-¿Por qué ni el chequecito perdonaron a Pinedo?

-Carga la mano Infonavit al Municipio

-Tres nuevos edificios para la UACH

-Pocos usuarios de Pensiones en Juárez

Para reforzar la permanencia en prisión de Antonio Pinedo, excoordinador de Comunicación Social de Javier Corral, le fue enderezada la otra causa penal de la que hemos dado cuenta en exclusiva desde el fin de semana, por 160 mil pesillos que el exfuncionario cobró a manera de liquidación extralegal.

El acusado, quien además duró sin trabajar en la nómina estatal varios meses después de dejar el cargo con el que inició el penoso quinquenio, se fue en medio de un escándalo de corrupción, pero no fue obstáculo para recibir el jugosito regalo de despedida.

Tenemos que dejar en lo obvio que el documento cobrable le fue firmado por el prófugo exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien no movía una hoja sin el visto bueno de su patrón, el exgobernador, Javier Corral.

Cortesía del fiscal Anticorrupción, Abelardo “Bayo” Valenzuela, al juarense recluido en el Cereso de Aquiles Serdán le fue ejecutada una segunda orden de aprehensión y le fue formulada imputación la tarde del pasado viernes, como informamos con toda oportunidad.

El dato que llamó la atención es lo que puede contener esa segunda causa por peculado, valuada en unos cuantos miles de pesos, lo que se suma al pago de su aviaduría con la que lo protegió Corral Jurado tras hacerlo renunciar.

Es un monto mínimo, sobre todo si se compara el presunto negocito ilegal de 10 millones de pesos que hizo Pinedo Cornejo con su expareja, la hermana de ella y un proveedor todavía prófugo, de la facturera Xtreme Sports, lo que le costó el cargo, pero no la amistad con Corral. Con el exgobernador terminó peleado, pero tiempo después y solo en calidad de apariencia.

Total que algo puede haber oculto en la otra imputación. No sólo incurrió en delito el que cobró, sino quien ordenó que le pagaran por sus desconocidos talentos y servicios, puestos a disposición de lo que algún tiempo fue llamado “el nuevo amanecer”, mote más parecido a una burla que a un slogan oficial.

El que no le hayan perdonado ni el chequecito al reo Pinedo, podría llevar algo más que la mera acusación por un desfalco menor, uno que cualquier corralista podría sacar de su cartera para pagar el vergonzoso pecadillo, extra a su aviaduría que gozó durante varios meses después de renunciar como funcionario de primer nivel.

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Tendrían que ser más ambiciosos los del Infonavit al momento de proponer programas de rescate integrales sobre las casi 30 mil viviendas abandonadas que hay en la ciudad, pero además meterle recursos financieros y no dejar toda la carga en el Ayuntamiento.

Nos referimos al programa “Aliados por la Vivienda”, que la institución federal está implementando a nivel nacional, pero que está muy lejos de responder a una solución integral; solo abarca un espectro pequeño de las 600 mil viviendas abandonadas a nivel nacional.

En dicho programa el Infonavit le permite en este caso al municipio de Juárez, rehabilitar viviendas y efectuar acciones de rescate social del entorno de la misma, con la finalidad de ofertarla a personas vulnerables.

Se supone que el municipio, al colocar la vivienda restaurada, podrá recuperar algo del dinero invertido, y decimos que es un supuesto, porque en los convenios marco no hemos encontrado ningún dato que permita corroborarlo.

Es más, en el contrato hay una cláusula donde se libera al Infonavit de tener que retornar cualquier gasto.

Tendría que hacer dicha dependencia un mayor esfuerzo, no solo normativo, sino financiero, para alentar la recuperación de la mayor cantidad de viviendas, la rehabilitación y recolocación de las mismas, que en su mayoría tienen un deterioro elevado, y que requieren algo más que una manita de gato.

Si como es el caso de Juárez, solo son dos o tres mil las viviendas que entrarían al programa, no sería más que el diez por ciento del total de casas habitación abandonadas, lo cual es apenas una aspirina a la solución del problema.

No hay en este caso ausencia de voluntad del municipio, al contrario, el convenio fue firmado en la ciudad de México y hasta donde sabemos se ha tratado de cumplir a cabalidad.

Ocurre que el Infonavit prácticamente anda buscando a quién echarle la pelotita del problema, sin invertir un solo peso, cuando son ellos parte de la solución, porque fueron ellos los de la normatividad laxa a la hora de construir y autorizar los créditos. La verdad como es.

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Este miércoles tempranito andará el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en esta frontera.

El maestro, Luis Rivera Campos, viene para oficializar la apertura de tres edificios más de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Forma parte esa de una de varias actividades llevadas a cabo por la institución educativa en el marco de su XIX Semana Académica, denominada "Agenda Mexico 2024-2030".

De estos tres edificios, construidos en el área de estacionamiento de los alumnos y que constan de tres plantas, dos de ellos serán destinados para aulas y el tercero para albergar las oficinas administrativas.

La intención de esta administración que preside Rivera es posicionar a la UACH en esta frontera; de ahí el interés de traer en este año a Ciudad Juárez la extensión de la Facultad de Medicina que, dicho sea de paso, durante su visita hará importantes anuncios sobre los avances que llevan en este tema.

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Tenemos el dato fresco sobre la fecha para el debate entre los seis candidatos a la presidencia municipal de Juárez.

Quedó oficializado el 17 mayo, con sede aún por definir, aunque está entre el teatro Gracia Pasquel o el Gimnasio Universitario, ambos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta ocasión no habrá moderadores locales; quedó definido que vendrán chihuahuitas a conducirlo.

Los temas serán sacados de la plataforma que abrió el Instituto Estatal Electoral (IEE) para consulta a los ciudadanos, formato que quedará establecido en 12 bloques: seguridad, ecología y medio ambiente, corrupción, violencia de género, migración, apoyo a juventudes, cultura y deporte, movilidad, derechos e inclusión, pueblos originarios, economía y obra y servicios públicos.

Solo será un debate y no se tiene contemplado que los aspirantes a diputados tengan uno propio.

Lo que hay que mencionar es que, como el candidato a vencer es por supuesto el morenista Cruz Pérez Cuéllar, podemos esperar que le quieran echar montón.

El agarre se lo podrían dar él y el segundo más fuerte, el de la alianza opositora PAN, PRI y PRD, Rogelio Loya. Los demás, Fernando Rodríguez Giner, del Verde; Esther Mejía, del Movimiento Ciudadano, Jaime “Máquina de Fuego” Flores, del Partido Pueblo, y Enrique Romanillo, de México Republicano, solo van a calentar las sillas.

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Ha sido desordenado y anárquico el crecimiento de Pensiones Civiles desde su fundación en 1957, a través de un decreto expedido por el entonces gobernador Teófilo Borunda.

Ese contexto es lo que explica que teniendo Juárez más del 50 por ciento de la población -1 millón 512 mil habitantes de acuerdo con el último censo del Inegi levantado en el 2000-, tenga apenas a uno de cada diez derechohabientes de dicho descentralizado.

Conforme al cierre del 2023, Ciudad Juárez tiene algo así como 17 mil derechohabientes de PCE, contra 52 mil en Chihuahua; el resto de la derechohabiencia se reparte entre las regiones de Cuauhtémoc con cerca de nueve mil, Delicias con seis mil, Camargo con mil 500 y Parral con 7 mil 500.

En esa anarquía está el adeudo de dependencias y organismos, como la UACH, que ha venido solventándose en la actual administración, pero que alcanzó niveles dramáticos con el anterior gobierno corralista, incluso con la famosa “pluma cuata”, o sea el denominado diferencial médico.

Nada más a la UACH se le cargaron cerca de 400 millones de pesos, porque a decir de Pensiones, no había forma de acreditar que organismo público consumió tales servicios, y como Salomón, decidió partir la deuda y distribuirla en partes iguales, en la cereza del pastel del desorden administrativo existente.

Tal vez es ese problema histórico –y el evidente centralismo- el que explica por qué tanta diferencia entre el número de derechohabientes existentes en esta ciudad y en el resto del estado.

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