Olvida el embajador a sus paisanos en el bordo

 -Olvida el embajador a sus paisanos en el bordo

 -Reos federales para llenar el nuevo Cereso  

 -Presidenta del Tribunal con mensaje a magistrado

 -La síndica empresaria quiere presupuesto

 Cualquiera pensaría que un anuncio en estos días de la Embajada de Venezuela en México sería para hacer algo -lo que fuera, hasta una mera declaración- en torno al problema de sus connacionales atrapados en Ciudad Juárez durante los últimos meses.

 Es más, tras el operativo a finales de noviembre de la Policía Municipal para retirar a los venezolanos que se habían instalado en campamento en el Río Bravo, cualquier intervención de la diplomacia de aquel país, por lógica, debería estar dirigida a prestar atención a la crisis humanitaria.

 Pero no, el drama de los refugiados venezolanos parece no importar al lejanísimo gobierno de Nicolás Maduro, cuya postura comodina también ha compartido la administración de Andrés Manuel López Obrador que en esta materia decidió dejar sola a la autoridad municipal.

 Resulta que, en estos días, según bien informadas fuentes diplomáticas, el embajador venezolano en México, Francisco Arias Cárdenas, está por hacer oficial el anuncio de una visita al estado de Chihuahua, tentativamente a mediados de diciembre.

 ¿La agenda? Esperaríamos que fuera la tremenda crisis sufrida por sus connacionales en Juárez, pero no, estará exclusivamente en la capital del estado, para promover la instalación de simuladas casas de la amistad Venezuela-México, algunas reuniones con autoridades locales; y como acto central público, una ofrenda floral en la estatua erigida al Libertador de América, Simón Bolívar, ubicada en el longevo parque Lerdo de la ciudad de Chihuahua.

 Es tal el cuidado que presta a su agenda el embajador que ni por error habrá de voltear a la frontera chihuahuense, por donde han sido deportados o han quedado estancados más de tres mil venezolanos los últimos meses, de los que alrededor de mil fueron desalojados de la ribera del Bravo, donde se habían instalado, para invitarlos a albergues.

 Sin comida ni agua, menos drenaje, medicinas o educación, los miles de refugiados de ese país han quedado a la deriva, mantenidos únicamente por la esperanza de que Estados Unidos asuma un rol más activo en la crisis humanitaria que crece en este lado de la frontera.

 Dice mucho del embajador su aversión a entrarle al problema. Fue de los participantes de la intentona golpista de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, estando al frente del Batallón de Maracaibo, y tras unos meses preso, fue aliado domesticado de Hugo Chávez, cuando el dictador arrasó en las elecciones siguientes.  

 Su nombre en el buscador de Google de inmediato sale vinculado a la lista de funcionarios corrompidos por la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, además de que aparece con montones de acusaciones de cuando fue gobernador del estado de Zulia.

 Con esas credenciales, y además sin el mínimo interés en su gente, resulta inexplicable que visite Chihuahua; mal harían las autoridades locales en seguirle el juego que el diplomático quiere limitar al simplón homenaje al casi santo que veneran en la hermana república bolivariana.  

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 El Cefereso Norte 9 ubicado en Juárez finalmente pasó a manos de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Roberto Fierro Duarte, recibió durante la semana pasada físicamente. Fue sin ceremonias protocolarias ni anuncios rimbombantes debido a que todavía falta mucho para que entre en operación.

 El edificio no está funcional, aunque sea relativamente nuevo, pues quedó abandonado en su infraestructura básica desde el sorpresivo cierre ordenado por el Gobierno federal, que consideró el inmueble como inadecuado para fungir como la prisión de máxima seguridad que se supone era.

 En el presupuesto del año próximo deberán venir recursos para la rehabilitación del inmueble y su interconexión con la plataforma estatal de seguridad, lo que no representa unos cuantos centavos, sino varios millones de pesos, tantos que ni siquiera se han calculado con precisión.

 Será hasta que pueda verse su funcionalidad que el Cefereso, o más bien nuevo Cereso, comenzará a recibir internos y a despresurizar los penales estatales que ya están hasta el tope, el número tres de esta ciudad y el de Aquiles Serdán, considerado el más importante y seguro.

 A la fecha no existe un plan detallado de los traslados que habrán de ejecutarse una vez que esté en operación el penal; deberá hacerse uno con pincitas debido a que los reacomodos previstos en la transición pueden tener repercusiones violentas dentro y fuera de las cárceles.

 De entrada, eso sí, lo previsible es que dicha prisión sirva para albergar a los reos detenidos por delitos federales, segregación que resulta muy importante en el mundo del crimen.

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 Como no se cansan de escándalos en el Poder Judicial del Estado, está por salir otra bombita de la Unidad de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas (UIRA), con la resolución de un conflicto añejo entre una jueza familiar de la capital y el magistrado consejero de la Judicatura, Luis Villegas Montes.

 La razón del pleito es una denuncia de la jueza Sabela Patricia Asiain por acoso laboral contra el magistrado que, además, tiene aspiraciones presidenciales.

 Las instancias que se han involucrado hasta el momento son la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin resolución alguna; y el Juzgado Décimo de Distrito con sede en Chihuahua, cuya titular, Madhay Soto Morales, ha sido inclemente con Villegas, así como con toda la estructura administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

 La UIRA, por otra parte, ha estado limitada a una actuación prudente, aunque una primera resolución interna dio parcialmente la razón a la jueza. Pero falta un dictamen final, es el que está en puerta.

 Lo que no debe perderse de vista, según los funcionarios judiciales que siguen el caso con lupa, es que la UIRA no emitirá un fallo que no haya palomeado antes la magistrada presidenta del TSJE, Miriam Hernández. Dicha decisión es la que podría darse en las próximas horas, a lo mucho días.

 El sentido de esa determinación dirá mucho de la postura de la presidenta, quien no debe estar muy cómoda con las calenturas políticas que afectan su gestión, a la que todavía le falta un año casi completo para concluir.

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 En el gabinete municipal el tema de moda es la síndica morenista, Esther Mejía. Anda muy alejada de sus funciones ahora que están en análisis los presupuestos de las dependencias municipales para el año próximo.

 En algunas reuniones, aseguran, Mejía se ha puesto a presumir que ella puede ejercer el presupuesto para resolver graves rezagos de la ciudad, como el bacheo y otras fallas en la infraestructura, como si los juarenses la hubieran elegido para administrar y no para fiscalizar el gasto público.

 Ella sostiene que cuenta con personal muy talentoso que emplea en sus empresas. Hasta pareciera que anda ofreciendo asesorías y presupuesto a las dependencias para agilizar trabajos; o bien, que anda en campaña con promesas de que ella puede hacer mejor las cosas que los directores.

 Si es de buena fe, dicen en el gabinete, son bienvenidas las ganas de ayudar. El problema es que desconoce todo lo complejo que hay en el tema del uso del presupuesto, el gasto público, gasto corriente y hasta qué estudios deben realizarse en materia de obra, pavimentación, recarpeteo y bacheo de calles.  

 El colmo, además, es que cuestiona y critica con la idea de que en los gobiernos anteriores todo se hacía bien y ahora hay muchas fallas, lo que ya de plano es olvidarse de las convicciones y de la realidad de que está en funciones el primer gobierno de su mismo color guinda.

 Los roces por estos motivos han sido con varios directores. Y todos, pues, no por cuestiones técnicas, sino porque en su poco conocimiento de la administración pública, siempre sale con que en sus empresas se hacen mejor las cosas que en el gobierno de la ciudad.