Tensión inesperada por un chofer DiDi

-Tensión inesperada por un chofer DiDi

-Habrá más negocio pero con mejores camiones

-El informe de Maru hasta principios del 2023

-Todo un nuevo reto, el Cefereso 9 al estado

La participación de un chofer de la plataforma DiDi, José Antonio L. E., en el traslado de dos involucrados en el enfrentamiento con policías municipales el jueves negro ha generado extraordinaria tensión entre jueces, ministerios públicos, directivos carcelarios y defensa de los detenidos.

Al interior del Poder Judicial han discrepado la jueza titular del caso Blanca R. con jueces y juezas de turno sobre la hora del enfrentamiento, una y media ó tres y media de la mañana del 12 de agosto, y la supuesta complicidad del conductor con los aprehendidos (seis).

Presumiblemente, al chofer le fue pedido un servicio a las tres de la mañana en un lugar cerca del enfrentamiento. El vehículo fue abordado por dos individuos que pidieron ser llevados lejos de ahí, a la calle Benemérito de las Américas.

En el trayecto fueron detenidos en un retén de la Municipal. Los tres fueron consignados a la Fiscalía zona norte. Uno de los dos detenidos murió horas después en un hospital. Cayó del techo de la casa donde fue el enfrentamiento, según los reportes oficiales.

Hay quienes en todo ese entramado consideran que el chofer no tuvo participación en el jueves negro (el 11 de agosto) y que debe ser liberado, pero la sola cronología de los hechos es confusa en los horarios. ¿Una y media o 3:30 el enfrentamiento... y la detención a las 3:50?

La jueza del caso ha citado a dos audiencias urgentes en sábado a todos los involucrados en el caso para valorar el traslado de los detenidos a cárceles federales de máxima seguridad pero la discusión sobre el “debido proceso” los ha frenado. La primera audiencia fue en la Ciudad Judicial de esta frontera; la segunda fue el pasado sábado en la capital del estado, a donde fueron llevados los aprehendidos.

La situación es en extremo explosiva, delicada. Por una parte está el involucramiento de Los Mexicles, según las distintas áreas de seguridad, municipal, estatal y federal, que detonaron el jueves negro desde el Cereso estatal 3, y por otra parte aparece la indispensable justicia a víctimas y familias de quienes fueron asesinados a sangre fría en las calles de esta frontera. Murieron 12 personas, la inmensa mayoría de ellos inocentes.

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Los concesionarios ruteros siguen haciéndose las víctimas. Se tiran al piso y arrancan sus venas a mordidas.

Las autoridades estatales y también las municipales les están brindando la enésima oportunidad de hacer más negocio con el transporte público, pero han seguido aferrados al auténtico mugrero que usan como camiones y que los ingresos sigan siendo gordos, y extra gordos.

Quedaron los concesionarios a punto de sufrir un infarto ahora que fue nombrado Luis Manuel Aguirre como subsecreario del Transporte. No hubo abanico de sus cercanos que les regresara el aire perdido.

Raúl Rodríguez, uno de los jefes de la mafia transportista, hubiera preferido otro electrizante derechazo a la mandíbula en el patio central de Palacio de Gobierno lanzado por “El Menón” Domínguez que saber de Aguirre posicionado más arriba en el área.

“Si de director era duro, será peor ahora con más power”, se quejó Rodríguez ante un grupo de amigos .

Es duro Aguirre, ya lo ha demostrado, pero no es Aguirre por él mismo. La gobernadora del estado, María Eugenia Campos, y sus operadores inmediatos han escuchado la voz de los juarenses afectados por el pésimo servicio que brindan los concesionarios ruteros y finalmente buscan ponerles un alto, primero con una ley en la materia; luego, con su aplicación.

Con el 50 por ciento de disposición que los camioneros tuvieran de voluntad por mejorar las cosas y si mucho un 20 por ciento de las utilidades que obtienen fueran concentradas en mejor organización y mejores camiones, prestarían un servicio al menos algo digno y mantendrían ganancias importantes.

Pero no quieren aflojar un centavo y mantenerse en la más completa anarquía porque de esa manera solo se rinden cuentas así mismos. No quieren pagar ni las placas vehiculares que cientos de miles de juarenses pagan religiosa, obligatoriamente.

Entendemos, por los mensajes del Gobierno estatal, que si al final del día se amoldan y aceptan las nuevas condiciones no tendrán problema para continuar en el negocio, pero si las rechazan ahí serán dejados llorando tirados en la banqueta.

Luis Manuel Aguirre puede significar, en efecto, un problema mayor, pero también puede convertirse en su principal auxiliar; y no estrictamente por decisión de él sino de sus jefes.

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La gobernadora del estado, María Eugenia Campos, reinició no con los preparativos de su primer informe de gobierno, sino con el primer año de ejercicio gubernamental al frente del Poder Ejecutivo Estatal.

Constitucionalmente, la gobernadora debe presentar su primer informe al Congreso del Estado hasta febrero o marzo del año próximo. Ese será el acto protocolario legal porque así quedó establecido en años recientes.

Era tradicional que el informe correspondiente del gobernador en turno fuera presentado justo con el año paralelo a la toma de protesta, pero luego quiso ser empatado con el año fiscal. Maru lo entregaría entre febrero o marzo.

De ahí que se hable por estos días de los informes que rendirán los alcaldes de los 67 municipios pero no de la gobernadora del estado.

Hasta donde sabemos habrá algunas celebraciones importantes por el arribo de Maru a la gubernatura, pero ninguna relacionada todavía con su primer informe. Será su primer año de actividades como jefa de la primera magistratura del estado, como formalmente es denominada en el mundo político.

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El traslado del Cefereso 9 al estado de Chihuahua para convertirse en Cereso estatal, a mitad del año, es un reto financiero y administrativo.

Es muy buena noticia para despresurizar las cárceles estatales de reos de alta peligrosidad, particularmente con los sucesos muy recientes del jueves negro, 11 de agosto.

A estas alturas están no solo etiquetados, sino ejercidos muchísimos programas tanto de la Fiscalía como de todas las áreas.

Ya se empieza a sentir la presión por el término del año fiscal, que si bien es hasta diciembre, en términos de administración está casi a la vuelta de la esquina, por lo que se antoja que tendrían que redirigirse recursos o inclusive pensarse en una ampliación presupuestal.

Ese Cefereso tiene cuando menos año y medio cerrado, con las consecuencias naturales de la ausencia de mantenimiento. Aun y cuando se piense que es poco tiempo serán millones los necesarios, sin contar la presupuestación de guardias, personal administrativo, y todos los recursos materiales indispensables, para echarlo a andar.

Deben estar los responsables técnicos del ejercicio presupuestal con la ardua tarea de buscar esos recursos entre los recovecos del presupuesto anual del Estado, porque es decisión tomada, ya con avance concreto como es la desincorporación del patrimonio federal.

Más que justificado estará esa inversión, por el beneficio que implica en términos de seguridad carcelaria. Muchos se frotan las manos por el negocio que representará pero otros, los más, lo observan justo como un paliativo a la sobre población existente en los penales del estado.