Nadie puede atentar contra su propia vida

El título de este artículo, por obvio, puede sonar fuera de lugar o hasta ilógico, porque se da por sentado que la afirmación que contiene, todos la tenemos más que clara, sin embargo, ante los hechos recientes del desalojo que se realizó en los márgenes del Río Bravo, de migrantes venezolanos, convendría bien revisarla a fondo.

Luego de varias semanas de haberse asentado, con casas de campaña y todo, en ese lugar, los venezolanos habían estado rechazando tajantemente ser reubicados a los albergues que existen precisamente para tales condiciones.

La insistencia de autoridades de los tres niveles de gobierno para que se retiraran del lugar, no tuvo eco entre los migrantes, por lo que, finalmente, se decidió utilizar la fuerza pública para retirarlos de ese sitio.

¿Y por qué los querían retirar del Río? Por su seguridad, simple. Por su propia seguridad. Los riesgos de permanecer ahí eran varios, ante la sensible baja de temperaturas, ante la posible crecida del Río por lluvias o nevadas intensas, o ante un incendio de sus casas de campaña, ya que precisamente por el frío habían estado encendiendo fogatas por las noches, sin ningún protocolo de seguridad se quedaban toda la noche prendidas.

De hecho, al momento de ser retirados del lugar, de los primeros migrantes en llegar a los albergues se detectaron más de 25 casos de hipotermia, principalmente en menores de edad, lo cual fue atendido de inmediato para evitar mayores complicaciones de salud.

En las páginas de El Diario se publicó incluso el video del momento del desalojo, que fue un operativo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno, con la presencia de representantes de grupos tanto civiles como oficiales de defensa de derechos humanos.

En ese operativo se detuvo a dos venezolanos que prendieron fuego a tres o cuatro casas de campaña, ellos mismos, como una forma desesperada de evitar el desalojo o quizá de culpar a los efectivos policiacos de violencia excesiva, pero lo cierto es que el operativo fue escrupulosamente cuidado.

El Estado, considerando al conjunto de autoridades de gobierno de las tres instancias, tiene el monopolio del uso de la fuerza pública, la Constitución y las leyes respectivas así lo consignan, y lo tiene precisamente para garantizar el orden social, así como la integridad y seguridad de todos los ciudadanos.

Ante los ciertos y enormes riesgos a que se enfrentaba el grupo de venezolanos asentados en las márgenes del Río Bravo, era más que obligada la intervención inmediata de las autoridades respectivas, para evitar que su permanencia en ese lugar les causara cualquier tipo de afectación a su integridad física o su salud.

Precisamente, ese es uno de los puntos que considera el marco jurídico respectivo, para justificar el uso de la fuerza pública, evitar que una persona o grupo de personas se causen daños físicos o a su integridad o salud.

Ahora bien, a las quejas infundadas de algunas ONG’s, habría que responder con un sencillo cuestionamiento, ¿por qué no intervinieron antes para exigir la reubicación de los migrantes?

En los albergues que existen en la ciudad, se cuenta con colchonetas, cobijas, alimentos, agua embotellada, medicamentos, atención médica, están bajo techo, climatizados adecuadamente, mientras que en las márgenes del Río Bravo los migrantes se encontraban literalmente a la intemperie, a merced del extremoso clima fronterizo, de la lluvia, de la nieve, de una crecida del Río o de cualquier otra contingencia ambiental o hasta delictiva.

¿Por qué estos grupos de llamadas ONG’s sólo aparecen, convenientemente, cuando de criticar a la autoridad se trata? No importa que la crítica sea completamente infundada y hasta malévola, solo por golpetear a la autoridad.

Hay que decirlo con todas sus letras: retirar a los migrantes venezolanos de las márgenes del Río Bravo fue un gran acierto de la autoridad, un gran acierto que ya impidió que muchos de ellos enfermen, o se ahoguen o terminen quemados dentro de sus casas de campaña mientras duermen.

fcortizb@gmail.com