Las amenazas del pinochín ladino

-Las amenazas del pinochín ladino

-Arañando el rojo pero con aliento para verde

-Diputados morenos extrañaron a Rafa

-Lleva las de ganar Gobierno federal en la Corte

“Durante la semana pasada, un servidor y la empresa de la cual soy socio, hemos sido objeto de golpes, calumnias y denostaciones provenientes de algunos medios de comunicación que afectan mi dignidad, prestigio ético, moral y profesional lo que me ocasiona un grave daño moral y que en su momento, valoraré la posibilidad de interponer las denuncias  correspondientes”.

Con esa sinvergüenzada abrió boca ayer en conferencia de prensa el médico y regidor panista, Víctor Talamantes Vázquez (foto en versión digital), quien como por arte de magia apareció dentro de los proveedores del contrato de subrogación de servicios médicos municipales que en los próximos seis meses erogará más de 126 millones de pesos.

No creemos que el negocio se le caiga, pero debiera ser algo honesto y no querer chiflar y tragar pinole; es decir, si le entra, que renuncie al cargo público que ostenta y san se acabó. Sucursales en Campos Elíseos o El Campestre se verían chulas de bonitas.

Al galeno azul se le cayó –hasta ahora- el negocito que traía entre manos, tras el escándalo que hicieron sus propios compañeros de fracción, quejándose de que el servicio médico para los más de 25 mil derechohabientes municipales se prestaría en un centro comunitario y en algunas clínicas de barrio.

Nomás dos semanas de transparentes observaciones mediáticas aguantó el doc Talamantes, tras quedar al descubierto. Ya se frotaba las manos para mandar su primer factura

Pero, aquí cabe la pregunta obligada:  ¿y qué culpa tienen los medios de comunicación?

Ahora resulta que la prensa es la responsable de los actos en los que solito se envolvió el edil panista, aunque en realidad ha sido claro que la clínica de Talamantes no pasó la prueba del ácido ni con su coordinador de bancada, el señor Joob Quintín Flores ni con el resto de sus compañeros.

Creyó que Amparo, Torres, Arredondo, Austria y el propio Joob tienen menos que medio dedo de frente. Le demostraron que por listos están ahí, no por tontos.

En un juzgado, yéndonos al extremo, podría saberse con precisión quién es el pinochín, los medios o el doc. Nadie por excelencia que los regidores azules como testigos.

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Aunque el fin de semana dijo el secretario de Salud, Felipe Fernando Magallanes, que Chihuahua estaba a cinco puntos del rojo y a cinco del amarillo, ayer fueron enviados reportes más positivos a la iniciativa privada estatal, sobre todo de la capital y Juárez.

Según el registro formal que lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se espera que todavía esta semana se vea impactada la productividad de las empresas por la alta cifra de contagios de Covid que se han visto en los últimos días.

La asistencia a los centros de trabajo se ha visto mermada por esta causa, pero así como han sido de menor intensidad que las olas pasadas de contagios, también se proyecta que sea menor la cantidad y tipos de incapacidades.

Esto quiere decir que si bien se esperan dos semanas más de contagios elevados, también ya se proyecta una caída estabilizada en los mismos a partir de los siguientes 14 días.

La reducción y el impacto cada vez menor del virus en las personas, sobre todo en las ya vacunadas, es la base del escenario más optimista que tienen tanto autoridades de salud como los líderes del sector privado.

Eso colocaría al semáforo otra vez en amarillo en vez del temido rojo. Y sobre todo dejaría de pegar en la actividad económica, pues las empresas pierden con cada incapacidad, igual que el IMSS, y no se diga los propios trabajadores.

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Se nota poco el becario senador de Morena por Chihuahua, Rafael “Rafa” Espino de la Peña en el estado. Es prácticamente nula su presencia y su trabajo al menos con relación a la entidad que le entregó el dorado escaño como suplente del hoy alcalde de esta frontera, Cruz Pérez Cuéllar.

Su ausencia era palpable, pero ahora lo es más, y más todavía entre sus críticos diputados federales de Morena por Chihuahua que le echaron de menos –o de más- en los “foros” de la reforma eléctrica llevados a cabo la semana pasada.

Estuvieron en la capital Chihuahua y esta frontera los legisladores Andrea Chávez, Lilia Aguilar, Armando Cabada, Daniel Murguía, Susana Prieto, Mayté Vargas y Jesús Briano. Trajeron a los sábelo todo en la materia de la Cámara de Diputados.

Ellos están conscientes que Espino de la Peña no comparte algunos de los principios básicos de la reforma impulsada por su amigo, pero no camarada en los ideales de izquierda, el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, concluyen que pudo haber acudido a la convocatoria y defender sus puntos al respecto.

Su estribillo, el de Rafa, se reduce únicamente a la necesidad de implementar estrategias para el ahorro de energía y bajar los golpes negativos hacia el ambiente pero nada en favor de las energías renovables a las que ha golpeado su amigo. A ese pantano prefiere sacarle la vuelta.

Eso explica parte de su ausencia en los foros; o quizá hay más razones, pero prefiere guardarlas pecho adentro, allá donde nadie fiscaliza sus opiniones, ni siquiera su amigo el presidente.

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Sin sorpresas avanzó el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las controversias presentadas por casi una veintena de municipios de Chihuahua, contra acciones de la Comisión Nacional del Agua y la Guardia Nacional en el conflicto de la presa La Boquilla.

Desde el jueves pasado y hasta ayer, el máximo tribunal del país comenzó a dar salida a los recursos contra la extracción de agua de la presa y el control de la seguridad a manos de la corporación.

Pese a los graves problemas generados (la muerte de Jessica Silva, la detención de cuatro y millones de pesos en daños), el debate de los ministros se apegó estrictamente a la norma constitucional, por lo que fue dejada de lado cualquier otra consideración.

El proyecto en todos los casos de controversias que hasta ayer postulaba el ministro Javier Laynez Potisek, se orientaba a validar al 100 por ciento la actuación del Gobierno federal en 2020 para extraer agua de La Boquilla con el fin de cumplir un acuerdo binacional.

Básicamente, el alegato es que cualquier convenio internacional de México está al nivel de la propia Constitución de México, así que la decisión de usar la fuerza pública, con los resultados que se hayan obtenido, está justificada.

El tribunal constitucional parece que no habrá de andarse por las ramas en esa batalla en la que, al menos jurídicamente, lleva las de ganar el Gobierno federal.

De forma colateral -es lo que esperan cuando menos las organizaciones sociales del estado que todavía dan la batalla por el que se mantiene preso como producto de ese conflicto, Andrés Valles- es previsible que se ordene a la Cámara de Diputados a dictaminar una nueva Ley de Aguas Nacionales.

De hecho, el proyecto de Laynez Potisek sí desliza la omisión del Congreso de la Unión en legislar en esta materia desde febrero de 2012, porque la instrucción de sacar la nueva norma podría ser el único resolutivo favorable.

Ante todos esos asegunes jurisdiccionales, la pregunta que flota visible a leguas desde el estado grande hasta el altiplano: ¿nadie allá es capaz de combinar el ejercicio jurisdiccional con el auténticamente político para lograr justicia y los beneficiados sean los mexicanos que viven del agua en aquellas presas?