Editorial: La hermana es asunto de interés público

Ni en las horas últimas de su agónico régimen ha dejado Javier Corral de exhibir su convenenciera ignorancia sobre los asuntos de gobierno como propiedad de la sociedad y no de una sola persona.

De nueva cuenta acusa sin sustento desde su investidura oficial, cuando lo que debiera hacer es responder puntualmente a la contratación sospechosa de aviaduría en su círculo más cercano y con involucramiento directo de su hermana, Leticia Corral.

Explota en contra de quien publica la información, en lugar de colocarse en su papel de salvaguarda de los escasos recursos de los chihuahuenses. Su puesto es el de titular de la administración pública estatal.

Todas las contrataciones pasan bajo su firma, con el tradicional visto bueno.

Su hermana se ha convertido en un asunto de interés público desde el momento en que asume funciones en el gobierno y en el partido (PAN) que no le corresponden, de manera extralegal, y que rayan en flagrante abuso de autoridad, nepotismo, si no es que peculado y otros delitos que debieran ser investigados y sancionados.

Igual ocurre con “su asistente”, Alma Lidia Portillo, adscrita de manera irregular a la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, con sueldo casi de director estatal. Ella por sí sola no es noticia. Es una maestra jubilada muy respetable. Su incursión privilegiada en la nómina oficial, con funciones de asistente real de su hermana Leticia, la hacen noticia.

Aun así, es desproporcionada la reacción del mandatario, en un asunto que está documentado en respuestas de Transparencia y búsqueda periodística, que desvela un manejo discrecional bajo la figura de asesores que se suponía habían desaparecido, pero que continúan existiendo en la sombra de una mentirosa política pública de austeridad.

Los escoltas y vehículo oficial a disposición de su hermana, donde también se pasea “su asistente”, sin ningún procedimiento formal de análisis de riesgo, tendrían que ser incorporados a la protección de los periodistas que continuamente son atacados personalmente por el gobernador. Ellos sí están en riesgo. Miles de chihuahuenses permanecen en verdadero peligro y por ellos no hay preocupación oficial alguna.

En otros tiempos un gobernador sensato y prudente hubiera anunciado una investigación; en lugar de ello, son la estridencia y el insulto como medio de defensa a los que ha recurrido invariablemente en los cinco años de su administración.

Hablamos de lo que hubiera hecho un auténtico mandatario responsable, y no un burócrata perdido en el autoritarismo y el permanente ataque a la libertad de expresión.