Opinión

Tiemblan en la UACH y en el Tribunal de Justicia

Los cambios forzados en la UACH y en el Tribunal Superior de Justicia alimentan inercias del control absoluto

Manuel Narváez
Analista

domingo, 07 noviembre 2021 | 23:06

Los cambios forzados en la UACH y en el Tribunal Superior de Justicia alimentan inercias del control absoluto.

Los recientes movimientos cupulares en la Rectoría de la UACH son consecuencias de los acomodos obvios después de que se renueva el Poder Ejecutivo estatal.

Eso de que la autonomía de la universidad es inviolable es una vacilada como aquella de que las entidades federativas también lo son.

Por encima de dicha “autonomía universitaria” están los designios de quien manda en el palacio de cantera de la calle Aldama, entre la calle 11ª. y la Vicente Guerrero; así ha sido siempre, y esta vez no es la excepción.

Con un presupuesto de dos mil trescientos sesenta y dos millones de pesos para este ejercicio fiscal que ya fenece, la UACH es un botín muy apetecible, tanto para los que integran su gobierno interior como para los que gobiernan el estado.

El dinero proviene de subsidios federales: 947 millones y medio de pesos (cordón umbilical con la Presidencia de la República), 678 millones de pesos de subsidio de las arcas estatales (otra ubre gubernamental), 197 millones de pesos del Impuesto Universitario (de los contribuyentes directamente) y 480 millones de pesos de la vaquita que juntan los alumnos con inscripciones y una larga cadena de pagos similares a los de universidades particulares.

Los más de 25 mil alumnos están repartidos en 11 municipios y tres poblaciones, por lo que la UACH representa un botín muy jugoso por el presupuesto que maneja, por los privilegios que gozan el rector, los secretarios, los directores de facultades y los consejeros universitarios, amén de los votos para las elecciones constitucionales.

Las remuneraciones y pensiones de aquellos catedráticos de tiempo completo que se cuelan a las direcciones de facultades, posgrados y a la Rectoría están a nivel dios, es decir, tan espectaculares como los ingresos de un senador de la República, de diputados federales, de magistrados, del auditor, de consejeros y comisionados de organismos autónomos estatales. 

No es raro entonces que el titular del Poder Ejecutivo estatal en turno ambicione el control de la UACH para, primero, prevenir movimientos indeseables como el ocurrido en 1985; segundo, para acomodar en horas-clase a afines, o consolar revoltosos, y tercero, para contar con el apoyo incondicional de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

¿A quién le rinde cuentas la UACH?, a la comunidad universitaria lo básico, a la sociedad y contribuyentes prácticamente nada, pero al Poder Ejecutivo estatal todo.

Por su parte, en el Poder Judicial de Chihuahua las cosas no son muy distintas, salvo que este es uno de los tres poderes donde las decisiones de jueces y magistrados sí tienen consecuencias terribles cuando se usa para fines aviesos como lo hicieron los exgobernadores César Duarte y Javier Corral.

En el caso más reciente no se olvide que Corral Jurado impuso desde el Congreso estatal, cuando lo controlaba, jueces de consigna para doblegar a sus adversarios políticos, como lo hizo en contra de su antecesor Duarte Jáquez y en contra de su sucesora, Maru Campos.

Por lo demás, es igual de apetecible para controlar porque, como la UACH, tiene un presupuesto generoso de dos mil ochocientos treinta millones de pesos.

Por eso la tentación de derrocar al presidente del Tribunal Superior de Justicia se justifica cuando hay puestos de jueces, magistrados y en la Judicatura estatal para reacomodar a los propios y afines.

Es cuanto.

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