La justicia del predial

El artículo 115 Constitucional establece a los municipios como base de la división territorial de los estados, así como de su organización política y administrativa. Señala también que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

A su vez, establece las funciones y servicios públicos que el municipio tendrá a su cargo: agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, traslado y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública sólo en lo que concierne a policía preventiva municipal y tránsito; y las que determinen las legislaturas locales.

Prevé que cuando sea necesario, podrá coordinarse con el Estado para que éste, directa o indirectamente, se haga cargo de la prestación de algunos de estos servicios. Hasta aquí, es información interesante porque la realidad de nuestro municipio, en varios renglones, no corresponde a lo establecido en el artículo referido. 

Dicta además, que los municipios están dotados de libertad para administrar su hacienda, formada ésta por los rendimientos de los bienes que posee, por contribuciones, ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo, ingresos previstos por la legislatura local y las participaciones federales.

Para finalizar esta introducción, el mismo artículo 115 refiere que los ayuntamientos “propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”.

Pues bien, el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Juárez, en sesión ordinaria de Cabildo, aprobó actualizar las tablas de valores catastrales, acción que si es aprobada por el Congreso local, impactaría necesariamente en el cálculo de los importes para el pago del impuesto predial. Una vez turnado el acuerdo al Congreso, éste recomendó a la autoridad municipal ajustar a la baja las tablas de valores catastrales, con el argumento de que atenta contra la economía de las familias juarenses.

La discusión  y el debate (político y mediático) acaparó notas periodísticas en las semanas subsecuentes, y el pasado viernes, el alcalde compareció ante los diputados y argumentó la toma de esta decisión, la cual se centró en el incremento al valor de las propiedades; habló incluso de una ciudad “devaluada” y en cierto sentido, es atinada la expresión.

Pero es aquí cuando surge la interrogante, al margen de los dimes y diretes que cualquier representante popular asuma en los próximos días, ¿vale la pena pagar impuestos?

¡Obligado es, de eso no hay duda! Como hemos visto, la Carta Magna establece esa facultad a los municipios, pero… ¿por qué existe renuencia al pago de dichas contribuciones? Quizá la resistencia surge cuando ese recurso no se ve materializado en obras y acciones de calidad; cuando los servicios provistos no son visibles o útiles, y generan la sensación en el ciudadano de que lo recaudado se derrocha o se gasta en cosas superfluas.  

En otros países existe una actitud de cooperación por parte del ciudadano sujeto de esta obligación; el ciudadano lo ve y lo entiende como una forma de cooperar con su gobierno en el mejoramiento de su ciudad y la prestación de servicios que elevan la calidad de vida de sus habitantes.

Si los servicios brindados por un Gobierno local son de buena calidad, y esto se sabe comunicar a los ciudadanos, pero además se les comunica que dichos servicios son financiados con el pago de sus impuestos, el ciudadano ve conveniente cumplir con esa obligación tributaria. ¡Sí vale la pena!

Ahora bien, la percepción del ciudadano sobre qué tan efectiva es la provisión de servicios públicos financiados con sus impuestos, forma la imagen y aceptación de un gobierno. Así pues, el reto que tendrá el alcalde y toda la estructura gubernamental local, será hacer lo necesario y con la calidad necesaria, para que el ciudadano vea materializada su contribución en la recepción de mejores servicios por parte de su gobierno.