El plan C

Se ha anunciado ya, para el 26 de febrero en la capital y Ciudad Juárez, en Chihuahua, y todo el país, la realización de eventos masivos para protestar por el conjunto de reformas legales impulsadas por el presidente López Obrador, llamadas en conjunto “el plan B”. Lo que en consecuencia da inicio a la ejecución newtoniana (“a toda acción corresponde una reacción…”) del que llamaré el “plan C”.  

Todo comenzó el año pasado con el intento del presidente de hacer una reforma constitucional que modificara radicalmente la naturaleza, composición y funciones de Instituto Nacional Electoral. De hecho lo quería desparecer y crear uno a su gusto, es la dura verdad.  Dos cosas lo impidieron. Manifestaciones masivas sin precedentes de los ciudadanos, el 13 de noviembre, y que el oficialismo no logró comprar ni doblar a suficientes legisladores opositores para construir una mayoría calificada de dos tercios de las Cámaras del Congreso Federal. Inmediatamente propone un paquete de reformas a leyes secundarias, que en los hechos tendrían un efecto muy parecido a la reforma constitucional. Eso se consigue con mayoría simple, la que sí tienen, raspados, pero les da. Dichas reformas eran por un lado a la ley general de comunicación social, y a la ley de responsabilidades administrativas. Estas fueron aprobadas ya por ambas Cámaras y promulgadas el 27 de diciembre. Y fueron impugnadas por controversia constitucional, primero por el alcalde capitalino Marco Bonilla, lo que se explicó en artículo de la semana pasada. 

La segunda parte de reformas son ordenamientos que tienen que ver con los temas electorales, como Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de partidos políticos, y otras. Aquí es donde modifica radicalmente la manera de organizar y realizar las elecciones del próximo año. Estas propuestas llegaron a la Cámara de Diputados y aprobadas literalmente de un día para otro. O sea, unos cambios de tanta trascendencia y profundidad no merecieron ser transparentados, reflexionados, analizados. Lineazo para aprobarlos y ya. Solo que en la Cámara de Senadores hubo mayor resistencia, incluso por algunos del mismo partido Morena, y tuvieron que modificarlas, algunas cuando se dieron cuenta que se habían errores, eran ilegales, contenían contradicciones, y las regresaron. El caso es que no ha concluido el proceso legislativo para aprobarlas, lo que se espera suceda en el período que recién empezó. Se impondrá igual, por la fuerza de una mayoría que se limita a obedecer al Ejecutivo, y es, como dijo en su momento el gran panista chihuahuense, Don Guillermo Prieto Luján, “ciega, sorda, muda y ataráxica”. 

Por ello se espera que finalmente queden publicadas entre el 10 y 15 de febrero, y a partir de esa fecha podrá ser impugnadas mediante controversia constitucional y quizá otros procedimientos, incluso por ciudadanos. Y no solo por la vía legal, sino también, no podía ser menos, por la vía de la presión social, política, mediática, que es lo que constituirá justamente la realización del “plan C”, es decir, el de los ciudadanos, aquellos a quienes nadie les preguntó si querían esa reforma, nadie les pidió propuestas, pero que siendo, como señala el 39 constitucional, depositarios de la soberanía, esto es, no hay nadie con más poder que el pueblo, ni siquiera el residente de la república y sus afanes autoritarios, pues se pone en marcha y participa para decir que no la quiere y va para atrás con todo y chivas. 

Las reformas del plan B son verdaderamente dañinas. Ya han explicado esto, en forma práctica y con números, tanto el INE, como la consejera presidenta del IEE Yanko Durán, para el caso local. Simplemente no habría posibilidad de contratar a quienes recluten funcionarios de casilla, capaciten, lleven el material, cuenten los votos. Habría menos casillas, que se traduce en más complicaciones para emitir el voto. Seguramente no habría conteo rápido ni manera oportuna de conocer resultados, lo que abre un espacio a que se haga cualquier cosa para alterar los números. Tampoco se podrán fiscalizar los gastos de campaña, con lo que las campañas pueden ser impulsadas con dinero ilícito, del narcotráfico (¿nos va sonando cómo encaja esto en las amistades y conducta del presidente?). Y muchas cosas más igual de peligrosas. 

Y esto se reflejaría no solo en las elecciones federales, sino en las locales de Chihuahua, para alcaldes y diputados. Ejercer el voto es una libertad fundamental, fuente de libertades. Esta es una lucha fundamental y hay que darla. Nos jugamos el futuro del país. A ejecutar el “plan C”, de ciudadanos.