Opinión

OPINIÓN

Muerte y cárcel por defender el agua

Ahora es el líder del movimiento por la defensa del agua, Andrés Valles Valles, quien ha sido detenido por policías de la Fiscalía General de la República (FGR)

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 22 julio 2021 | 17:40

-Muerte y cárcel por defender el agua

-Sufre por desvío de ocho mil millones y más

-Pide CFE donaciones para evitar apagones

-Fue la holgazanería y no la Suprema Corte

Ahora es el líder del movimiento por la defensa del agua, Andrés Valles Valles, quien ha sido detenido por policías de la Fiscalía General de la República (FGR).

Casi nunca sale a cuadro el delegado estatal de esa corporación con sede en Juárez, Ernesto Badillo. Ahora asomó la cabeza para calificar la aprehensión como “exitosa”.

El movimiento por la defensa del agua comprende una gran extensión del centro y parte del sur del estado. Desde Meoqui, Delicias y hasta Ojinaga, donde están ubicadas las presas más grandes del estado, alimentadas por el Río Conchos.

Gran porcentaje de la agricultura, la mayor del estado, depende del agua de ese río y sus presas, las que fueron defendidas por miles de productores el año pasado contra la extracción federal para pagar un antiguo tratado internacional de agua con los Estados Unidos.

Hubo grandes protestas en septiembre del 2020. En una de ellas fue acribillada por militares de la Guardia Nacional una pareja de esposos. Por la espalda murió Jessica Silva, su marido sufrió lesiones graves de las que aún no se recupera.

Mucho tiempo se tardó la Federación para consignar a los elementos responsables. Poco se sabe hoy del proceso penal correspondiente.

También fueron detenidos por la Guardia Nacional los campesinos Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera. Aún permanecen en la cárcel acusados sorprendentemente de terrorismo.

Quienes lideraron el movimiento sufrieron el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dos exgobernadores, varios alcaldes y exalcaldes, entre ellos.

Desde entonces andaban los federales tras Valles. En el inter la ciudadanía de aquella región se volcó políticamente contra la Federación y los candidatos de Morena. Fueron arrasados en toda la zona. Ahí perdió Juan Carlos Loera la gubernatura. Otros factores, el PRI, Fuerza por México, etc., fueron solo plus para la ganadora Maru Campus.

No hay más explicación para comprender la detención del influyente líder agrícola Valles que la venganza política, la revancha cruda y fría, sin temor alguno a las propias consecuencias políticas futuras para el partido guinda. Y como joya de la corona, una violación flagrante a los derechos humanos, a la libertad de manifestación tan promocionada en el discurso de la Cuarta Transformación.

Desde Juárez, el alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar exigió cese la persecución contra los defensores del agua. Y es de Morena.

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Las ojeras, los nervios, la desesperación, que han momificado drásticamente el rostro del secretario de Hacienda del Gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, tienen su explicación en las graves cuentas mochas que está entregando a sus sucesores en el cargo encabezados temporalmente por Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda del Gobierno de la República.

Para quienes reciben la información del equipo de la gobernadora electa, Maru Campos, no cabe duda que diversos movimientos financieros llevados a cabo por el secretario de Hacienda de Javier Corral, y firmados por este, necesariamente derivarán en denuncias penales y eventual cárcel. Los catalogan como “delicadísimos”.

Habrían sacado Fuentes Vélez y Corral, solo en uno de los casos, alrededor de ocho mil millones de pesos (o algo más) de los intocables fondos de garantía del Fideicomiso Carretero para meterlos a pago de gasto corriente y todo tipo de necesidades requeridas como “prioritarias” para el gobernador, como el mantenimiento de su flotilla aérea y gastos “de representación”, o viáticos.

Malgastó el actual régimen estatal los pocos pesos que ingresaron por las reestructuras de la deuda pública, también los casi 15 mil millones de carísimos créditos de corto plazo, no mejoró en los cinco años el ingreso general, no consiguió ni un peso extraordinario de la Federación por pasarla peleando y pidiendo perdón, así que debió echar mano a escondidas y sin permiso de los fondos de del Fideicomiso Carretero.

A eso debemos sumar la corrupción en Obras Públicas, Secretaría de Salud, Fiscalía General del Estado, Comunicación Social, Secretaría de Seguridad Pública, Fideicomiso de Puentes Fronterizos, recaudaciones de rentas en los municipios, etc.

Tiene razón Fuentes Vélez de estar preocupado por su presente y su futuro. Ahora sufre lo que disfrutó durante más de cuatro años sin medida. Es la cruda tras el despilfarro y la robadera.

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Tal parece que de poco sirvieron las presumidas visitas de Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera, hace unos días, a los altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta la fecha la empresa estatal sigue sin concretar sus planes para garantizar el abasto a la frontera.

El problema de la red de generación y distribución de energía eléctrica es añejo, pero en lo que va de la administración federal no se le ha metido un cinco de inversión.

Eso ha llevado a las crisis ya recurrentes de apagones, registradas cuando sube la demanda por picos naturales o cuando hay problemas climatológicos. Sin embargo, esos fallos apuntan a ser menores ante la verdadera dimensión de la problemática que ocasiona la falta de inversión.

En las plantas de la maquiladora de exportación, vital para Juárez, y otras de la industria pesada, están en jaque los proyectos de expansión por sobrecostos que impone la política de la CFE, cerrada a meterle dinero a su red eléctrica.

Se habla en esas industrias de que entre siete y ocho de cada 10 proyectos de expansión o de instalación de nuevas empresas se ven afectados porque no hay garantía en el abasto de electricidad.

Además, la CFE ha comenzado a pedir que esos proyectos privados contemplen inversiones millonarias en la red eléctrica de propiedad federal. Que se realicen con dinero privado y, sin más, se donen al patrimonio de la paraestatal.

Eso si quieren tener garantizado el suministro para arrancar o expandir sus operaciones, lo que representa una enorme traba para cualquier proyecto, desde el más modesto en una empresa pequeña hasta uno que sea para todo un parque industrial.

En la iniciativa privada ven un exceso en que la CFE prácticamente pida donaciones de infraestructura costosa, a manera de chantaje para garantizar el servicio; y no ven para cuándo le meta la paraestatal recursos, ni siquiera en los cientos de transformadores anunciados hace semanas para la frontera.

La incapacidad de ampliar la red para tener garantía del abasto es un freno brutal a la inversión en la ciudad. Sin duda ya comienza a repercutir en su crecimiento.

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En los 35 casos de duartistas que se le cayeron a la Secretaría de la Función Pública privó la holgazanería de su titular, Mónica Vargas Ruiz. No fue precisamente la actuación jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, los casos se derrumbaron por un dictado general, no específico a esos casos, del máximo tribunal del país. Pero la mejor prueba de que la Función Pública se durmió en sus laureles puede notarse hasta la fecha, en que no ha movido un dedo para reponer en forma los procedimientos.

Hasta esta semana la dependencia estatal no ha hecho más que remover los expedientes contra los acusados para dictar acuerdos de inicio de investigación.

La gravedad de las omisiones es que la SFP sabía desde octubre de 2020 que los casos se le cayeron, aunque esto se haya hecho público hasta finales de junio de 2021, casualmente después de las elecciones.

Nueve meses después apenas la dependencia comenzó a reponer procedimientos que, por los tiempos de la burocracia y la justicia administrativa, no van a pasar del respectivo acuerdo de investigación.

Es holgazanería, pues, combinada con negligencia y el plan para dejar al nuevo gobierno esos expedientes que jurídicamente habrán de resultar improcedentes.

Así, de forma tan burda, le tratarán de echar la culpa de su ineficiencia a la siguiente administración de Maru Campos y a quien ella nombre al frente de la Función Pública.

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Ayer sufrió en carne propia un funcionario municipal la mala fama del delegado de Relaciones Exteriores en la ciudad, Jorge Vázquez.

Grita, insulta y humilla a los usuarios de esa delegación federal en esta frontera. Su jefe máximo es Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores incluido por AMLO como postulante a la Presidencia de la República.

Imaginemos a un salvaje con mayor poder como Vázquez. Sería lo mismo que permitir el regreso del inepto Javier Corral a la función pública una vez que deje la gubernatura con el rabo entre las extremidades inferiores.

Usuarios de Relaciones Exteriores se comunicaron a La Columna para señalar a Vázquez por su maltrato de manera general, pero que entre sus víctimas ubicaron ayer a Daniel Pando, el jefe de Servicios Públicos en el municipio.

Ahora que regrese Juan Carlos Loera a la jefatura de las delegaciones federales ojalá ponga los puntos sobre las íes.

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