Policías, escoltas del crimen organizado

-Policías, escoltas del crimen organizado

-Funcionarios codos con su partido, el PAN

-Tiene Cruz su propia consulta por Juárez

-Deja Armando sus últimos 15 días para feria

Hasta el cuello le alcanza el lodo al secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Emilio García Ruiz, y a su jefe el gobernador, Javier Corral.

El pasado fin de semana ocurrió un zafarrancho más en la ciudad de Chihuahua, en uno de los lugares de mayor lujo y también con mayor presencia constante de familias, el Paseo Central.

Un hombre fue agredido hasta quedar inconsciente en el interior de dicha plaza comercial por varios individuos, presumiblemente escoltas de un empresario, pero con placas de policía. Cobró bastante notoriedad en redes el video correspondiente.

Tras una rascadita muy superficial encontramos que los escoltas efectivamente son policías, pero “rentados” por la SSPE a supuestos emprendedores relacionados de manera directa con el crimen organizado.

Comerciantes medianos o pequeños que rentan sus locales en esa plaza y en otras todavía más nice de la ciudad de Chihuahua, Fashion Mall, y el Distrito Uno, han sido testigos de peleas constantes similares por venta de drogas o de plano borracheras en los antros.

En la gresca del viernes quedó comprobada la participación de una “unidad” de la Secretaría de Seguridad Pública que llegó a Paseo Central a rescatar al “escolta” agresor. Fue publicada ayer la foto respectiva en los Diarios de Chihuahua y Juárez. La mano negra para el escape fue obvia.

Emilio García solo confirmó los hechos, pero no admitió la participación de su área en los mismos a pesar de la evidencia. La Fiscalía de Justicia menos quiso saber del asunto. Ni un dato de la investigación.

Desde que fue creada al inicio del régimen corralista la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que luego sería transformada en Secretaría pudo ser advertido que su objetivo era la extorsión a la delincuencia organizada. Ahora su inmersión en la misma es total.

Una prueba más es lo ocurrido justo en el Paseo Central.

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Cantidades que van de los 20 mil hasta los 120 mil pesos son los que adeudan por cuotas al PAN municipal de Juárez casi 100 funcionarios medios y altos. No pagan ni con salarios dorados de entre 40 mil y hasta más de 100 mil pesos mensuales.

De acuerdo a los reglamentos internos de Acción Nacional, los funcionarios públicos pertenecientes a dicho partido deben aportar el dos por ciento de su sueldo. Hay algunos que tienen años sin pagar, otros no pagan desde febrero.

El ejemplo de mayor tacañería está representado por el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Óscar Fidencio Ibáñez. Su deuda supera los 120 mil pesos.

Significa que no ha pagado durante los casi cinco años que lleva laborando en el Gobierno estatal. Ha sido muy consentido por sus siglas partidarias, pero ha resultado bastante codo. Y amenaza con repetir en el mismo cargo durante el régimen entrante que encabezará Maru Campos.

También aparecen en la lista deshonrosa Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Agua en Juárez; con aproximadamente 100 mil pesos de adeudo; otros 100 mil el cuestionado por corrupción secretario de Obras Públicas, Gustavo Elizondo Aguilar, la misma cantidad el consejero jurídico Espinoza, Jorge Espinoza Cortés, el mismo que ha pasado varios años persiguiendo al duartismo sin más resultados que declaraciones triunfalistas en medios.

Así como ellos, los enlistados con adeudos a su partido son cerca de 100. En algunos casos justifican su falta de cumplimiento por supuestos manejos de los recursos que simplemente no les agradan. Meros pretextos.

Si imperara la ética estarían muy molestos con su patrón Javier Corral porque se ha gastado decenas de millones de pesos en vuelos y mantenimiento de la flotilla aérea del Gobierno estatal.

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Arrancaron la semana los diputados locales con un preacuerdo para convocar a un período extraordinario de sesiones entre el ocho y el 10 de agosto, a fin de terminar de una buena vez la legislatura.

Tiene el Congreso del Estado en agenda varios pendientes antes de entregar a la nueva mesa directiva que comienza en septiembre.

De todos, el asunto más espinoso es de la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública propuesta por Javier Corral para dotarse de escoltas una vez que deje el cargo, junto con el fiscal César Peniche y los secretarios Emilio García Ruiz y Luis Fernando Mesta.

Con este plazo, los diputados tendrán poco más de dos semanas entre la famosa (todavía inexistente) mesa técnica que evaluará la pretensión corralista de quedarse con escoltas al terminar su mandato y el día de la sesión en la que habrán de tomar una decisión.

Más que mesa técnica, el tiempo servirá para la negociación entre la despintada mayoría panista y las otras fuerzas políticas.

Al menos Morena y el PRI, a través de Miguel Ángel Colunga y Omar Bazán Flores, han anticipado su negativa, así que los azules que operan la propuesta habrán de apostarle a los minipartidos y los recientemente declarados independientes.

Pasar el costo político a Corral Jurado, quien nada tiene que perder dada la forma en que desperdició el tiempo de su gestión, es la gran tarea política de los diputados que coordina Fernando Álvarez Monje, a quien, sobra decirlo, más de la mitad ya no le responden a él ni al Palacio de Gobierno.

A la legislatura actual no le queda de otra que cerrar en medio de penurias como esta, la de acabar su gestión con una decisión que seguramente será escandalosa.

Tras 16 meses de aislamiento, -la torre dorada de los diputados sigue sin abrir sus puertas a pesar del semáforo epidemiológico amarillo-, el Legislativo terminará con un extraordinario que para colmo también se prevé sea virtual, con un tema que marcará de forma negativa a los diputados.

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El alcalde electo de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, tiene su propia consulta ciudadana, pero virtual, desde un dominio de internet (forosjuarez.com) lanzado de forma previa a la serie de encuentros que se anunciaron para realizarse entre el dos y el 20 de agosto.

El sitio plantea el siguiente cuestionamiento: “¿Cuál considera que es el problema público más importante que debe resolverse en cada uno de los cinco ejes del próximo Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del nuevo gobierno de Juárez, Chihuahua?”.

Tras la pregunta se disponen respuestas múltiples en cada uno de los ejes y se pueden seleccionar más de una.

Dicha consulta será base para la realización de los foros “Juntos Cambiemos Juárez”, que habrán de centrarse en materia de orden territorial, economía, justicia social, gobierno moderno y, el más difícil de todos, el de seguridad pública municipal.

La realización de los foros, cuya organización corre a cargo de Julio Herrera y Héctor Ortiz Orpinel, se planeó de tal forma que no se empalme con la consulta nacional del 1 de agosto y a la vez deje tiempo a la organización de un documento que sirva de arranque a la gestión de Pérez Cuéllar.

Tras los foros se buscará el acuerdo al interior del Cabildo para que se fije lugar y hora de la protesta del nuevo presidente municipal.

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Los socios políticos del neomoreno alcalde, Armando Cabada, ya sabían que vendría una “extraordinaria”, -una sesión extraordinaria del Cabildo- para aprobar cinco milloncitos de pesos del presupuesto público a la Feria Juárez.

Para esos socios no hubo sorpresa; hasta la publicidad la tuvieron lista antes que la decisión fuera aprobada por los miembros del ayuntamiento por ahí del mediodía de ayer. Urgía, prácticamente tendremos feria en 15 días más.

Discretitamente el alcalde saliente planchó el voto de los votos necesarios con suficiente anticipación: el de los regidores panistas, Enrique “Quique” Torres y Amparo Beltrán Ceballos, y todos los demás. Solo votó en contra el moreno Maleno Silva.

Cabada no tuvo que convocar siquiera a la “batería” pesada en el Cabildo porque no hubo necesidad. Dejó que siguieran de vacaciones por Puebla, Cancún y Puerto Vallarta, Rosario Valadés, Jacky Armendáriz y Mónica Mendoza, respectivamente.

Habrá Feria Juárez sea como sea. Ya quedó debidamente aprobada.