Desprestigio del fuero

Existen en la Cámara de Diputados federal diversas peticiones hechas por fiscalías generales de los estados y la General de la República que reclaman el comportamiento ilícito de algunos integrantes, que por el solo hecho de ser diputados, son portadores del fuero constitucional. Entre los destacados, el de Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, por una acusación de enriquecimiento ilícito, y la acusación contra el diputado de Morena Saúl Huerta por violación de menores.

La pasada semana, por tercera ocasión la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente no fueron capaces de encausar un dictamen para que fuera conocido por el Pleno, y resolver así, la procedencia o no de la petición de desafuero de ambos personajes.

Dada la publicidad de ambos casos y la reprobación generalizada que han traído, particularmente la conducta del violador, pareciera un caso de simple trámite para que una autoridad jurisdiccional someta a proceso penal, respetando la presunción de inocencia, a los imputados. Sin embargo la protección política que raya en la complicidad de la mayoría del bloque legislativo que se ampara dentro de la Cuarta Transformación, impidió la convocatoria para quitar la inmunidad parlamentaria a estos diputados.

Con esta actitud se da un motivo de desprestigio más, para una institución jurídica que nació desde el año 1215 cuando se firmó la Carta Magna en Inglaterra, estableciéndose en su apartado 21 que los Barones del Reino no podían ser acusados por el Rey Juan, conocido como el que no tenía tierra, más que por delitos y faltas graves y previa autorización de sus pares, o sea el antecedente de las asambleas legislativas.

Así surgió lo que es un acto de impunidad en lo que tiene que ver con las expresiones que manifiesten los parlamentarios en el ejercicio de su encargo, y la inmunidad con que se cuenta para no ser procesados ante la presunta comisión de un delito, hasta en tanto no lo autorice una mayoría de sus compañeros, como es el caso del bloque mayoritario en la Cámara de Diputados.

Y es un desprestigio, porque habiendo nacido como una fuente de protección frente a los embates que llevaban a cabo autoridades judiciales y el Ejecutivo cuando alguna expresión por parte de los parlamentarios les incomodaba y arremetían con actos de venganza y represión, maquillados de afanes de justicia. Por esas pasiones insanas determinó nuestra Constitución, generar un cuidado especial para que no se menoscabara en ningún momento y tiempo la libertad de expresión, de crítica o de acusación, que en no pocas ocasiones deben llevar a cabo los verdaderos congresistas, teniendo la potestad de actuar sin temores frente a las amenazas o las invenciones de cargos por parte de malos gobernantes.

Pero en este caso, ante la transparencia y publicidad que han resentido los casos y las acusaciones que provienen de las mismas autoridades del partido Morena, como lo es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se acredita un deterioro, por el abuso a la posición de privilegio que es lo que se debe evitar en cualquier caso, pues no hay que olvidar que el fuero es la protección a la función legislativa y no a la persona que lo porta.

Hoy la han librado nuevamente los presuntos delincuentes mencionados, pero la tranquilidad les debe durar poco por la exigencia ciudadana de efectivo acceso a la justicia.