Del puente chueco al ‘error’ en la gaza

-Del puente chueco al ‘error’ en la Gaza

-Mueve el tapete Bankaool a socios

-Rogelio deberá entregar CCE a Manuel

-A un pelito de comparecer en el Senado

Al fin pudieron corroborar miles que la gaza del Juan Pablo II y Francisco Villarreal presenta como primer gran defecto de planeación la falta de una ‘U’ que permita retornar a los conductores que salen de varios fraccionamientos hacia el norte de la ciudad.

Ya comprobamos que el puente de la Arizona y Juan Pablo II quedó algo chuequito porque la Secretaría de Obras Públicas a cargo del exalcalde, Gustavo Elizondo, no tomó en cuenta el enorme colector de la Junta de Aguas ni un gran poste de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Llevar a cabo esos movimientos después de iniciada la construcción del puente provocó un retraso de casi seis meses y costos extraordinarios superiores a los cinco millones de pesos.

La evidente falta de un retorno en la gaza es el primer gran defecto que salta en el siguiente puente.

A media tarde ayer las autoridades reconocieron la falla y anunciaron que harán la corrección. A ver de cuánto es el golpe. Andan los trabajadores a punto de echar la pintura y ahora deberán reventar cemento hidráulico todavía oliendo a fresco.

Los vecinos ya no tenían planeado quejarse con las autoridades estatales, no hacen caso la mayor de las veces, lo habían hecho de entrada con el diputado local de Morena, Benjamín Carrera, y si no tenían eco ahí marcharían con el alcalde Armando Cabada, que agrega ahora a su chamba la de bombero de Palacio.

Otra mancha más al tigre, y las que siguen con el puñado de obras que a matacaballo decidió el gobernador Corral llevar a cabo al concluir su administración por arterias fundamentales para la movilidad de la ciudad que por ahora lucen estranguladas debido a la improvisación y a la imposición.

¿Alguien fuera de gobierno y las constructoras dentro negocio vio que al proyecto ejecutivo de la gaza le faltaba ese retorno? Nadie siquiera supo que la obra sería construida hasta que empezaron las máquinas a trabajar.

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En plena pandemia y con aquel historial cuestionable que lo hizo pasar de Progreso a Bankaool, dicha institución crediticia y de ahorro con origen y asiento en la poderosa región agrícola Delicias, abrió nueva sucursal en la ciudad de Chihuahua.

A varios accionistas no les hizo gracia ninguna la “inversión” de sumar otras instalaciones y más personal mientras bancos chicos similares o refuerzan su cartera de clientes o planean retiradas estratégicas, como Famsa.

Además la imagen descompuesta particularmente durante el sexenio pasado no ha mejorado.

Aun más entre algunos de sus socios sobre todos menores sigue fresco el affaire de los 65 millones metidos ahí por el exgobernador, César Duarte Jáquez, motivo de una denuncia en la otrora Procuraduría General de la República (PGR) que terminó en nada más que más mala fama.

Tampoco han quedado en el pasado los 80 mil millones de pesos del Gobierno estatal que cruzaron también como jinetes de rodeo sobre cuentas de aquel Progreso ahora con nombre de Bankaool. En el nuevo maquillaje llegó un supuesto inversionista principal, un estadunidense del que poco saben los propios delicienses.

En la apertura de la nueva sucursal fue visto el director general de esa institución bancaria, Sergio Segovia Sáenz; los consejeros René Orduño, Tomás Bermúdez, Ever Medrano y Raúl González, así como la jefa del Departamento Jurídico, Sandra Aguilar.

Hubo sacerdote y agua bendita.

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Así que parte de los cólicos en el estómago del Centro Coordinador Empresarial (CCE) son producidos por el inminente relevo de Rogelio González Alcocer al frente del mismo.

El controvertido por corralista presidente de Canaco debe quedar fuera de la coordinación gremial empresarial a más tardar en octubre, y al relevo deberá ingresar sin mayor trámite el también polémico presidente de la Asociación de Transportistas, Manuel Sotelo.

Las verdades dichas por Sotelo sobre la operación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y algunas obras derivadas de recursos ahí obtenidos han hecho enfurecer tanto al titular de ese organismo, Sergio Madero, como a su intolerante patrón, el gobernador Javier Corral.

Ha puesto el líder transportista el dedo donde más le duele al mandatario estatal, la falta de calidad y pertinencia entre algunas de las obras emprendidas al final de la administración y el riesgo de que sea retirada la concesión de los puentes por el Gobierno federal al estatal.

El año entrante es de otra batalla electoral. Se espera dura, férrea, quizá políticamente sangrienta y de resultados impredecibles hasta el momento.

Corral y sus intereses electorales están urgidos de apoyos y legitimación. Las agrupaciones empresariales son peleadas justo por sus votos, su voz y su peso económico.

Los seguidores de Corral en el CCE han decidido moverse y tratar de nulificar a Sotelo en ese objetivo pero el transportista también cuenta con adeptos y con los propios estatutos de su lado.

Lo sacaron del comité técnico del Fideicomiso de Puentes y de la tesorería del CCE pero no de su representación gremial bien afianzada hasta la Ciudad de México.

Son muchos los dolores que aquejan ahora con la pandemia al mundo de los comerciantes, industriales, grandes empresarios, etc., inscritos en una u otra cámara, pero la batalla mayor parece que va encaminada por el control de los órganos...

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Por culpa del exsecretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, el gobernador Javier Corral está a un pelito de comparecer ante el Senado de la República. Fue el rechazo a tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que puso al mandatario a unos pasos de enfrentar a los senadores de mayoría morenista.

De hecho la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, está personalmente a la espera de las pruebas de cumplimiento de las recomendaciones. De no hacerlo seguro insistirá en que el paseño sea llamado a cuentas por la recurrente violación a los derechos humanos en el sector educativo estatal.

Los casos dieron inicio durante la gestión de Cuarón. Con el relevo en Educación a cargo de Carlos González las recomendaciones se siguieron toreando.

Fue hasta hace justo un mes, el 10 de julio, cuando la CNDH tronó los dedos al gobernador dado que se habían pasado por alto las recomendaciones del organismo nacional en casos muy específicos durante los últimos años.

La corrupción en Servicios Educativos para asignar plazas docentes, la violación a la libertad sindical en la Universidad Tecnológica y los casos de acoso sexual en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa -acreditados al extitular Rodolfo Bermejo- fueron los motivos de las recomendaciones iniciales.

El alegato estatal atribuido al exsecretario señalaba que ya había procesos administrativos diversos contra los funcionarios señalados. Confundió siempre el sistema no jurisdiccional de derechos humanos con el sistema jurisdiccional y administrativo. Error de primaria.

La gota que derramó el vaso fue una somera revisión de la CNDH sobre las quejas presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, relacionadas con la Secretaría de Educación. Del total de quejas 11 concluyeron en recomendaciones; de éstas sólo fueron aceptadas dos y las demás fueron rechazadas por el Ejecutivo. Así el nivel de soberbia de los funcionarios del ramo.

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La única reforma que pudo sacar el Congreso del Estado en materia electoral, aplicable ya en la elección 2021, fue atorada por don Rubén Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El eterno dueño de la franquicia del Partido del Trabajo en Chihuahua, apoyado por toda la coordinación nacional del PT, logró impugnar las modificaciones que promovieron los panistas Miguel La Torre y Fernando Álvarez Monje, para incrementar el financiamiento privado a las campañas.

Le dio entrada a la acción de inconstitucionalidad la ministra Yazmín Esquivel Mossa a finales del mes pasado, lo que pone en vilo la vigencia de la reforma. Un extracto del acuerdo de admisión puede verse en la versión digital de La Columna.

Con esta novedad comenzaron a ser notificados el Congreso del Estado, el Ejecutivo por haber publicado el decreto, el Instituto Estatal Electoral, la Consejería Jurídica de la Presidencia y hasta la Fiscalía General de la República. Cada uno deberá rendir informes y análisis de la controvertida norma que muy discretamente el PT se encargó de detener en la Corte.

Las modificaciones son en apariencia inocuas y los argumentos del PT risibles. Aducen que podría haber riesgo de perversiones en la democracia y hasta corrupción al incrementar el financiamiento privado a partidos y campañas políticas.

Lo dice el partido acusado de comprar diputados para sumarlos a bancada y de vender sus votos al mejor postor. El burro hablando de orejas, pues.