Estancada, sentencia Campo Algodonero

Ciudad de México– La sentencia del Campo Algodonero dictada el 16 de noviembre de 2009 en contra de México por fallas en las investigaciones sobre la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, está por cumplir 12 años y fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al marcar un precedente en Derecho Internacional rumbo a la igualdad y las garantías de las mujeres, pero después de estos 12 años “nada de eso ha llegado a cumplirse, no se ha avanzado en nada”, dijo Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México. 

Durante la presentación del Informe Anual 2020/21, Reneaum detalló que parte fundamental de dicha sentencia era el acceso de justicia para las víctimas; sin embargo, el estado mexicano no ha cumplido y las entidades federativas tienen "un enorme" pendiente con el acceso a la justicia; destacó que México no sólo carece de garantías para evitar casos de violencias contra las mujeres sino que el Covid-19 ha puesto al descubierto y agravado la desigualdad sistémica, represión y políticas destructivas en contra de mujeres, refugiados y migrantes. 

Respecto a la problemática que existe en Chihuahua sobre la violencia contra las mujeres y la falta de interés del estado mexicano de activar la alerta de género, Tania Reneaum enfatizó que las violencias contra las mujeres y las activaciones de las alertas de género son decisiones políticas en el ámbito local y coincidir con la sociedad civil y todos los estudios previos que se requieren, pero las atenciones diferenciadas, dijo, están vinculadas a la agenda local de cada una de las entidades federativas.  

"Hay que revisar bien cómo el estado mexicano ha apostado por incrementar penas en el código penal, aumentar el catálogo de delitos relacionados con violencias contra las mujeres, pero no ha apostado a políticas de prevención, que es muy grave, en este sexenio a casi 3 años, no tenemos un programa nacional para prevenir las violencias contra las mujeres, lo habíamos visto en sexenios de otros partidos políticos, y seguimos sin una política de estado que nos dijera cuáles son los pasos a seguir, cuál es el presupuesto que se va a asignar y cuáles son las metas cuantificables para prevenir las violencias contra las mujeres", dijo. 

Mencionó que sentencias como Campo Algodonero o caso Atenco, entre otras, es difícil que sean debidamente cumplidas y que los casos de violencias contra mujeres llegan sólo a las sentencias de las personas responsables y no se crean verdaderas garantías de no repetición, como el caso dijo, de Miroslava Breach "hoy no podemos conformarnos solamente con la sanción penal, hoy tenemos que apostar por una política de estado que nos ayude a crear garantías de no repetición para las violencias contra las mujeres", sentenció. 

Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, mencionó que durante el 2020, líderes de las Américas respondieron a la pandemia con negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos y consideró que con ello se repiten errores que han dejado a la región en el desastre, asolada por la desigualdad, la discriminación y la destrucción. 

"Estados Unidos, Brasil y México han presentado las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo, luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud, no implementaran políticas para proteger a las personas que corren más riesgo y no garantizaran una plena transparencia", afirmó Guevara. 

Explicó que las Américas, ha sido la región más desigual del mundo, situación que empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otras 22 millones de personas, mientras que el número de las que ya vivían en la pobreza extrema aumentó en 8 millones; el Covid-19 golpeó a la extensa economía informal de la región, mientras que las medidas gubernamentales menoscabaron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes se hallaban en las situaciones más precarias. 

"Además, con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, autoridades estadounidenses detuvieron y deportaron a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, expulsaron a más de medio millón de migrantes, detención de refugiados y solicitantes de asilo, dejándolos expuestos a un riesgo elevado de contraer Covid-19 y entre ellos, hasta noviembre de 2020, a más de 13 mil niños y niñas no acompañados", sentenció. 

El informe anual recoge la situación de Derechos Humanos de 21 países del continente, así como un análisis regional de las tendencias de los temas de mayor impacto en la agenda de los Derechos Humanos continentales. El último año ha estado marcado por el impacto de la pandemia de Covid-19 que ha golpeado con especial dureza a las personas de grupos históricamente marginalizados y oprimidos como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas.