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Ciudad de México– Las multas para las empresas que incumplan con el pago de utilidades van desde los 24 mil hasta 481 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y la capacidad económica del infractor.
Según un análisis de EY, en caso de que el incumplimiento afecte a más de un trabajador, se podrá imponer una multa por cada uno de ellos.
Además de la multa, la autoridad podría requerir el pago de diferencias de utilidades que se adeuden a los trabajadores.
Reforma de ‘outsourcing’
La fecha límite para el pago de esta prestación es el 31 de mayo y como resultado de la reforma en materia de subcontratación habrá más personas que reciban este beneficio, ya que antes estaban en un esquema de ‘outsourcing’.
Para el sector patronal, aquellas empresas que no cumplirán con el pago de esta prestación son las nuevas o las que no reportaron utilidades.
En el caso de las empresas grandes, que tuvieron mayor crecimiento, se hará un pago de las utilidades de acuerdo con las nuevas reglas, dijo José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Sí hay un aumento importante en el número de empresas que lo pagan, sobre todo las grandes empresas; donde hubo mayor crecimiento, hay mejores resultados. Pero el gran reto son las empresas que no se han recuperado y puedan generar utilidades”, comentó.
Porcentaje no se incrementó
A su vez, Jorge Sales, abogado laboral de la firma Littler, dijo que la cantidad a repartir entre los trabajadores dependerá de la realidad de cada empleador.
“Las utilidades son un porcentaje de la renta gravable que genera el patrón, pero el porcentaje no se incrementó. Aquí lo que hay que hacer es atender a la realidad de cada compañía. Ahora lo tiene que repartir con más empleados que antes. Se incrementa el número de trabajadores que tienen derecho a las utilidades que antes, por estar en un esquema de subcontratación, no tienen acceso”, explicó.
Comentó que si la empresa no cumple con el pago de este beneficio, se puede hacer acreedora no sólo a multas, sino a consecuencias jurídicas, ya que los sindicatos pueden emplazar a huelga si no se les otorga este derecho.