Violencia, vulnerabilidad, candidatas y candidatos

En este 2021 se cumplen 14 años en los que la violencia homicida se ha expresado en múltiples formas, las que no pueden considerarse inhumanas, salvo que se pretendiera evaluarlas desde un deber ser que a todas luces es ignorado, subordinado a valores y objetivos distantes de un orden moral y del llamado imperio de la ley. Como se sabe, en los años 90, esta ciudad fue también identificada con la violencia en contra de las mujeres, en su forma más extrema: el feminicidio. Estos crímenes son recurrentes, como los son los homicidios, configurando un escenario que hemos denominado el espacio tiempo de las violencias.

Así lo evidencia el hecho de que en tres años consecutivos: 2008, 2009 y 2010, Ciudad Juárez fuera reconocida como la ciudad más violenta del mundo. Que en 2011 y en 2019 ocupara el segundo lugar y que en 2018 fuese el quinto lugar en la clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con el seguimiento que realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

En el año 2019, de acuerdo con ese organismo, se registraron mil 522 homicidios, categoría en la que se incluyen también las mujeres que han sido privadas de la vida. En 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado a mil 637 personas les fue arrebatada la vida de manera dolosa, cuando en el año previo, de acuerdo con esta fuente, se registraron mil 509 casos.

Con relación a las condiciones de inseguridad vinculadas con la delincuencia, el fiscal del Distrito Norte, como el secretario de Seguridad Pública Estatal, coinciden en que existen dos dimensiones que deben ser atendidas: la prevención y la aplicación de la ley, la que se expresa, entre otros aspectos, en el ejercicio de la justicia, como se desprende de lo expresado por ambos funcionarios de acuerdo con la nota de Luz del Carmen Sosa de este 2 de mayo en El Diario de Juárez.

En esta época, donde el proceso electoral en marcha ocupa diversos espacios noticiosos, conocer de las y los candidatos a los diversos puestos en disputa, sus lecturas y propuestas sobre la seguridad es un requerimiento de primer orden.

Esto aplica, sin duda, para quienes pretenden ocupar el Ejecutivo estatal, la Alcaldía, la Sindicatura o el Congreso.

Por una parte, la prevención, como aquí se entiende, no se limita al incremento del estado de fuerza de las policías, ni a más patrullas o cámaras de videovigilancia. Sin duda, el recurso humano capacitado, honesto y bien remunerado, así como los implementos tecnológicos son importantes, más ningún recurso será suficiente si no se atienden las condiciones de desventaja social que prevalecen en amplios sectores de la población.

En este sentido, propuestas como incrementar el número de policías y los recursos invertidos en tecnología, carecerán de sentido si no se acompañan de programas sociales que atiendan las diversas caras de la vulnerabilidad social, lo que implica, en primer lugar, evitar la exposición a condiciones de riesgo, como la violencia misma.

Implica también, favorecer las capacidades de las y los ciudadanos para hacer frente a las situaciones de riesgo. Esto significa, entre otras cosas, trabajo con salarios justos, acceso a la salud con atención expedita, tratamientos y medicamentos en calidad y cantidad necesarios para el restablecimiento de la salud y/o brindar la mejor atención posible. Se requiere también revisar las normas vigentes con la finalidad de asegurar la construcción de viviendas dignas, la construcción y rehabilitación de espacios de recreación y esparcimiento para todas y todos.

No basta, tampoco, con responsabilizar al pasado y desconocer la participación que se ha tenido en la construcción del estado de cosas actual. 

La justa indignación ciudadana no debe ser sólo una eventual consigna de campaña, útil para la mercadotecnia, más carente de sustento para un programa de gobierno con sentido social. 

La violencia de la que han sido objeto miles de ciudadanas y ciudadanos no es una bandera digna para asumirse como una más de las víctimas.

Como dicta la ciudadanía formal, todas y todos somos iguales ante la ley. No obstante, la ciudadanía que se vive en los hechos, muestra que hay quienes son más igualitarios en su riqueza y posición social, y otros y otras en la marginalidad o la pobreza, producto de las inequidades prevalecientes.

Estamos en un momento óptimo para conocer qué propuestas plantean candidatas y candidatos. Esperemos que también nos den a conocer cómo pretenden implementarlas.