Violencia jurídica: novedoso método de censura

Todos queremos que la violencia se erradique,cualquier tipo de violencia, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, la violencia hacia los adultos mayores, la violencia de cualquier tipo, es intolerable, porque la actitud agresiva, invasiva,violenta nunca será la solución a ningún tipo de conflicto, en ninguna circunstancia, de ninguna forma se puede aceptar que la violencia sea una norma de conducta entre los seres humanos, por eso es inaceptable cualquier tipo de violencia.

De acuerdo con todas las definiciones del diccionario, se ejerce violencia cuándo se utiliza la fuerza para obtener un fin, es el empleo de la fuerza para dominar alguien contra su voluntad, cuando existe dominio contra la voluntad de las personas estamos siendo violentos.

Ya señalamos que esta fuerza que se utiliza para dominar a alguien, para obtener un fin propio, puede ser fuerza física, fuerza económica, fuerza psicológica, pero también existe en nuestros tiempos la fuerza jurídica, trataré de explicarlo.

Hoy en día, está de moda utilizar la ley, las novedosas leyes sobre la violencia de género, sobre todo entre las mujeres que se dedican a la política, acusar a quienes las critican o las señalan de diferentes actos que pueden ser motivo de critica o señalamiento, de estar utilizando la violencia de género para acallar esos señalamientos y esas críticas, lo cual viene a ser una forma de utilizar la ley para obtener un fin en este caso, evitar los señalamientos y las críticas.

Así, diversas servidoras públicas han utilizado este recurso de poner demandas por violencia de género en su contra, en contra de quién es señalada por determinados actos, conductas o declaraciones, incluso llegando a utilizar la vía judicial para callar estos señalamientos.

El caso más reciente y notorio a nivel nacional incluso, es el de la diputada federal Andrea Chávez, juarense, quien interpuso una denuncia por violencia política de género en contra de la articulista Denisse Dresser por haber realizado algunos señalamientos de actividades y de beneficios que, de acuerdo con la periodista,obtuvo indebidamente la diputada Andrea Chávez, al provenir estos beneficios o tratos privilegiados, de su estrecha relación con el ex secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, incluso una sentencia a su favor a través de una determinación de tribunal electoral en la que se le obliga a pagar una multa, a disculparse públicamente, y a tomar un curso sobre lo que es la violencia de género, además será inscrita en el padrón nacional de violentadores de género.

He leído y releído con mucho detenimiento y acuciosidad, un par de artículos escritos por Denisse Dresser en el periódico Reforma, en los que habla sobre la actividad de la diputada federal Andrea Chávez, y no encuentro por ningún lado la dichosa violencia de género. La crítica, de la periodista, proviene y está enfocada directamente a la actividad política de la legisladora, es decir, se trata del absoluto y genuino ejercicio de la libertad de expresión de una periodista que hace señalamientos acerca de conductas que ella considera fuera de la norma, y que lejos de responder en ese sentido la diputada federal, aclarando o explicando las conductas por las que fue criticada, alo cual está obligada como servidora pública, en lugar de eso, presenta una denuncia por violencia de género y las autoridades jurisdiccionales le obsequian una sentencia su favor.

Todos los servidores públicos, hombres o mujeres, de cualquier nivel de gobierno, de cualquier instancia pública, deben tener claro, clarísimo, que sus actividades relacionadas con el encargo que tienen,están bajo escrutinio de la sociedad, de los periodistas y de los activistas sociales, eso lo deben de tener muy claro siempre, incluso aquellas actividades de carácter privado que deriven en el mal ejercicio de su función o en cualquier acto indebido, incluso esas actividades a las que regularmente acuden cuando no quieren explicar una situación de carácter privado, incluso esas, están bajo escrutinio y en ese sentido, hay una amplia jurisprudencia por parte de la SCJN, que habla sobre que las personas públicas, los funcionarios,tienen un umbral de intimidad o de privacidad mucho más reducido que cualquier persona o cualquier ciudadano, precisamente por ser funcionarios o servidores públicos.

Y así pues utilizar la ley para matar la libertad de expresión, resulta no sólo perverso sino letal contra la democracia de nuestro país, pero todavía más allá, que lo haga una legisladora juarense ofende las libertades,atropella el derecho a la libertad de prensa y vulnera derechos superiores de los mexicanos para expresarse libremente.