El fondo ideológico de la oposición a los libros de texto

Cuando uno se pregunta por el fondo que subyace a la empecinada oposición que insistió en evitar la circulación de los libros de texto entre una población infantil y adolescente que suma en el estado de Chihuahua cerca de 750 mil personas; todos ellos nacidos en los comienzos de este siglo XXI: simplemente nadie encuentra una respuesta racional a semejante decisión. 

Cuando se sabe que estos estudiantes que hoy cursan la Educación Básica (en su ciclo completo de 12 años) pertenecen a las generaciones de chihuahuenses nacidos entre 2009 y 2019, que ya fueron afectadas por el impacto una pandemia que los privó de cinco semestres de una indispensable formación presencial e interactiva, bajo la supervisión de sus profesores: tampoco se alcanza a imaginar la cordura de un acto de autoridad que bajo el pretexto de obedecer una resolución judicial; suspende abruptamente los procesos de aprendizaje de quienes ya han perdido un tiempo irrecuperable en su tránsito formativo.

Cuando también se conoce que la Suprema Corte de Justicia es un Tribunal por su esencia constitucional, que debe garantizar el respeto a todos y cada uno de los preceptos contenidos en nuestra carta magna y, en apego a las convenciones internacionales, todas y cada una de las garantías individuales y, en particular, por su especial relevancia, el derecho de los niños a la educación: nadie puede aceptar la justeza de los argumentos que fundamentaron la resolución de un ministro y últimamente una jueza para truncar el proceso de aprendizaje de todos las niñas, niños y adolescentes chihuahuenses nacidos a partir del año 2009.

Cuando es de todos sabido que los pasajes más cuestionados de los libros de texto están muy lejos de constituir una muestra representativa de los conocimientos esenciales que precisa la formación básica de los estudiantes ¿qué sentido tiene mantener una posición de autoridad que vulnera hasta hacer imposible el disfrute de un derecho tan sagrado como es el derecho a la educación?

Cuando se conoce que la inmensa mayoría del magisterio ha reconocido la utilidad de los libros de texto para acompañar, bajo su conducción procesos de aprendizaje más autogestivos y participativos; ¿de dónde proviene la autoridad moral que levanta un muro para segar la formación de los chihuahuenses que le darán sentido a la vida material, científica, cultural, humanística y artística de Chihuahua a lo largo de todo el Siglo XXI? 

En verdad, en las decisiones de autoridad que se han tomado para trastocar los procesos de aprendizaje de nuestros hijos, no hay argumentos racionales, ni legales, ni pedagógicos; pero tampoco fundamentos éticos; se trata de un desplante ideológico, anacrónico, oportunista, autoritario y temerario.

Ideológico, porque encuentra sus raíces en una postura sectaria de oposición sistemática a toda reforma educativa, que se origina en el pensamiento conservador de la Unión Nacional de Padres de Familia, los segmentos más conservadores de Acción Nacional (Yunque, DHIAC), asociaciones patronales y el clero ultraconservador.

Anacrónico, porque ha perdido sentido la censura, en una sociedad cada día más abierta, en que la información de todo tipo fluye incontenible, sin que pueda ocultarse, y donde es más racional generar pautas generales para que el estudiante sea capaz de discriminar, por cuenta propia, lo que en cierta circunstancia a su juicio convenga.

Oportunista, porque la rudeza y precipitación con que se suspendió la circulación de los libros de texto coincidió con una circunstancia política especial; en la que falsamente se supuso que en el país se generalizaría la condena a los libros de texto, en el momento en que el Frente Amplio por México buscaba agigantar la figura de su candidata recién designada.

Autoritario, porque quienes tomaron la irracional decisión de paralizar los aprendizajes de nuestras niñas, niños y adolescentes, no tienen el respaldo, ni siquiera de su partido. La decisión, sin más respaldo que el mal juicio de un ministro ha sido absolutamente rechazado por maestros, padres de familia y la sociedad misma. Muy pocos se han sumado a este acto de autoridad que está derogando el derecho a la educación que tienen las niñas, niños y adolescentes de nuestro pueblo.

Finalmente, es un acto temerario, porque se ha realizado sin calcular el daño irreparable que está bárbara resolución está causando en el proceso formativo de nuestro futuro; si está parálisis continua, no habrá forma de recuperar los aprendizajes negados a las pequeñas y pequeños artífices de nuestro destino.

Por último, una invitación a los responsables de este extravío:

¡Por favor escuchen la voz de nuestro magisterio!