-Es el policía y golpeador de ‘El Caballo’

El pasado sábado ocho de julio en Parral, alrededor de las 10 de la noche, Julio César y su esposa dejaron una reunión familiar. Ella comenzó a sentirse mal, hasta con dificultades para respirar. Decidieron buscar atención en la clínica local del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para su mala suerte, la pareja pasó por la avenida Independencia. Había ahí un retén montado por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los agentes hacían revisiones aleatorias; de esas revisiones mal llamadas “de rutina”, que en realidad son violatorias de las garantías constitucionales, aunque digan que son para detectar conductores ebrios. 

Por la emergencia, Julio César reaccionó alterado con los elementos, a quienes no les importó la situación de la mujer ni de las hijas menores de la pareja que iban en el mismo vehículo del conductor.

Lejos de cualquier intento de solución o de alguna advertencia con la autoridad legítima que tienen las fuerzas del orden, los agentes sometieron al sujeto, pero incluso ya neutralizado lo golpearon de forma salvaje en el lugar, arriba de una patrulla y hasta en los separos municipales. 

El relato consta en la denuncia con folio 32-2023-0001982, seguida en la Fiscalía del Estado Zona Sur. El agredido acudió a presentar la querella una vez que fue liberado, atendido e incapacitado por el IMSS, a donde llegó todavía con las marcas de la aporreada que le dieron el día previo.

Ocho días después de lo ocurrido, también en Parral, le tocó una dosis similar de golpes a Abraham Jurado, cuando bajó de un vehículo en el Lienzo Charro, en medio de una discusión.

Tres agentes de la Policía de Parral sometieron a culatazos con sus rifles de cargo a Jurado, en un caso que adquirió mayor resonancia porque la víctima es hijo de Miguel Jurado Prieto, excandidato a alcalde de dicho municipio, gobernado en los hechos por alguien que no despacha como funcionario, pero tiene el poder en sus manos.

Ambos casos relatados tienen diferencias abismales, pero hay un factor en común que los liga: Cruz Portillo, jefe antirrobos de la corporación, sobre el que pesan no sólo acusaciones de golpeador por encargo, sino de manejo de giros negros y de prestar servicios de escolta al exalcalde Alfredo “Caballo” Lozoya.

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Cruz Portillo no se manda solo, es lo que dicen en Parral quienes han visto pasar desde la Policía Municipal los cinco años de gestión de Lozoya (2016-2021, con licencia para contender por la gubernatura del estado) y los que van de César Peña Valles, al menos en lo formal.

El jefe policiaco no ha dejado de tener el mismo cargo de policía que le deja apenas unos 15 mil pesos al mes, que no le alcanzarían para el estilo de vida que lleva.

Pero ha sido escolta del comerciante Alberto Tarín, al que le cuida todavía su negocio en la plaza Doroteo 1923, y del exalcalde Lozoya, al que sigue sirviendo tal vez por instrucciones directas de Peña Valles o tal vez porque sus hilos ni siquiera son manejados en la Presidencia Municipal que le paga su sueldo oficial.

Esos nombres detrás del policía (Tarín, Lozoya y el que heredó la alcaldía parralense), son claves para entender la trayectoria del elemento, así como el papel actual que juega en una tarea tan delicada como descuidada: la seguridad pública de un municipio considerado de los más importantes de la entidad.

Por eso mismo, los jefes del mando policiaco tienen una ineludible responsabilidad por el actuar de Cruz Portillo. A ellos obedece la actitud y los presuntos abusos de poder atribuidos. 

Si bien en el caso de mayor escándalo, por la agresión al hijo de un excandidato, fue provocado por una orden directa del escoltado exalcalde que le instruyó el ataque; el otro caso no es menor, pues es una consecuencia de omisiones de la autoridad formal a la que debe obedecer.

Es más, la actitud de un mando policiaco debe ser ejemplo de moralidad, trabajo, honestidad y valentía para su tropa, lo que evidentemente no cumple un golpeador con charola de agente municipal. Su sola presencia arrastra hacia abajo la imagen y percepción de toda la corporación.

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Si es escolta permanente o comisionado ocasionalmente a esa tarea, el caso de Portillo debe ser investigado a fondo por la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral, que para eso tiene un área de Asuntos Internos. Ello, independientemente de las investigaciones que realice la Fiscalía del Estado por las denuncias de abusos.

Pero más aún, como coordinador del grupo antirrobos de la Policía Municipal, su actuación debe ser sujeta a mayor escrutinio, dado que el último informe del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), muestra un panorama lamentable de la ciudad en este renglón.

Los robos a negocios en Parral aumentaron un 183 por ciento, el robo de autopartes un 45 por ciento y el robo a viviendas un 22 por ciento. En todos los casos es el comparativo con cifras del año anterior, donde únicamente los hurtos a transeúntes y de vehículo no crecieron.

Esta falta de resultados de la Policía Municipal está directamente relacionada con la ineficiencia operativa de esta área específica de la corporación.

Los elementos consultados consideran que el fenómeno es algo simple de comprender: un mando no aceptado, sin experiencia en el trabajo de la calle y que funge más como escolta o protector de políticos que como policía, difícilmente puede ordenar, supervisar y ejecutar la labor policiaca.

La mayor parte de los agentes están en contra de mandos como el impuesto en el grupo contra robos. Y aunque han buscado que sus reclamos sean escuchados por sus mandos, hasta el mismo alcalde, la atención ha sido nula. Ni los ven ni los oyen.

El resultado de dicha situación puede medirse en los números, pero también en la percepción de la ciudad hacia el resto del estado. 

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A la brutalidad policiaca atribuida al jefe-escolta Portillo, hay que sumarle la realidad que vive la región. Obviamente no es responsabilidad exclusiva del señalado, sino de un grupo de agentes al que manda y otro grupo político al que obedece.

Es el “Caballo” Lozoya, expresidente municipal independiente y luego candidato a la gubernatura por el minipartido Movimiento Ciudadano, el que aparece como figura central en una cadena de sucesos lamentables que vienen desde sus tiempos de primera autoridad de la ciudad.

Lozoya Santillán ha ido de menos a más en la gravedad de las agresiones que le atribuyen por sí mismo o a través de terceros, en los que de forma recurrente aparece el ahora coordinador antirrobos, entre otros personeros y subordinados políticamente al que ahora busca la dirigencia estatal de su partido.

Incluso fuera de Parral, el “Caballo” ha exhibido el temperamento que le hacen sacar sus rivalidades. Ahí están las “pendejeadas” grabadas en video que le dio al excandidato de MC por la capital, el expanista Miguel Riggs Baeza, apenas el pasado mes de junio.

Seguramente eran bien ganadas las majaderías vertidas contra Riggs luego de que reclamara su exclusión de una visita del dirigente nacional de MC, Dante Delgado, el mayor protector político del exalcalde. Independientemente de lo bien ganado de los insultos, queda de manifiesto la escalada de violencia atribuida al parralense.

A ese episodio en Chihuahua, bien pueden sumarse, en apenas siete semanas, otra denuncia de un regidor golpeado a las afueras del estadio de Parral; el pleito directo con Miguel Jurado y su hijo durante la cabalgata villista, así como una peligrosa confrontación personal con el alcalde de Balleza, Augusto Medina. 

Tal vez esas historias que van de lo caciquil a lo gansteril en una región distinguida no precisamente por su tranquilidad y seguridad, llevaron a voltear la vista a la mandataria estatal, Maru Campos, quien catalogó como una “bestialidad” lo denunciado por los Jurado padre e hijo. 

“No lo vamos a permitir en el estado de Chihuahua. Luego se siente que hay control sobre una cierta jurisdicción y que se puede hacer lo que una persona mande y dispone sin tener ninguna autoridad”, sentenció la gobernadora cuando fue abordada en el mismo marco de la cabalgata villista en Parral. 

Ella parecía hablar de forma más global, con un mensaje que debería ser muy bien leído por quienes pretenden hacer pequeños islotes dentro de la entidad, como si no existiera gobierno estatal con capacidad para poner orden.