Una peregrinación peligrosa

Hace unos días realicé un viaje a la ciudad de Chihuahua, me habían comentado que tuviera cuidado en la carretera porque había migrantes caminando y que ya habían ocurrido accidentes cuyas víctimas mortales eran justamente personas en situación de movilidad. 

No me había tocado ver a tantas personas caminando por la carretera, había grupos de personas adultas integrado por niñas, niños y adolescentes y muy probablemente personas migrantes en situación irregular. Caminaban con todo y el clima adverso, se veían agotados, pero con la esperanza de que un buen samaritano les diera un ride a esta frontera, sin embargo, no era fácil que personas los llegaran a levantar, porque hay miedo por parte de los ciudadanos en auxiliar a las personas migrantes, pues se corre el riesgo de ser acusados de traficantes de migrantes o como comúnmente se le conoce como polleros.

No contamos con canales regulares, accesibles y seguros para la migración, no hay el más mínimo interés por proteger la integridad de las personas migrantes que se encuentran en contexto de movilidad forzada. Y tampoco hay voluntad política por atender esta situación y con ello evitar la violación a los derechos humanos de las personas en movilidad humana.

Pero ¿cuál es la respuesta que hasta ahora han dado las autoridades? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Migración? ¿Dónde está el Consejo Estatal de Población (Coespo)? ¿Dónde está el Consejo Estatal para la Protección y Atención a Migrantes (Coespam)? Por qué razón no están brindando asistencia humanitaria, seguridad y protección a las personas migrantes que transitan con todo el peligro que eso conlleva por la carretera. ¿Será muy difícil que auxilien con traslados seguros hasta Ciudad Juárez, ubicándolos en los diferentes albergues?

Se supone que tenemos una política migratoria de respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, de hospitalidad y solidaridad, de facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad, así lo señala la Ley de Migración, por otro lado, el Gobierno del Estado a través de la Coespo estableció dentro de sus objetivos acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada, cuya estrategia se enfoca en reducir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas en contextos de movilidad humana y sus familias, obligaciones que quedan en letra muerta.

El Estado debe, en toda circunstancia, respetar los derechos humanos, puesto que tienen su fundamento en los atributos de la persona humana, es decir, más allá de la circunstancia de que sea o no nacional o residente en su territorio o se encuentre transitoriamente o de paso en él o esté allí legalmente o en situación migratoria irregular. Dicha omisión puede acarrear responsabilidades internacionales, pues no se está garantizando la protección de derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.

Por otro lado, vemos que ni la Comisión Nacional ni la Estatal de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, ¿que no se supone que las Comisiones de Derechos Humanos tienen por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos? Incluso tienen competencia para conocer de oficio presuntas violaciones a derecho humanos, sin embargo, no les ha importado dicha situación. 

Y no se diga la falta de pronunciamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, que por cierto tiene una oficina en Ciudad Juárez.

Sin duda la atención y protección a las personas migrantes debe ser parte de la agenda política prioritaria de las candidatas y candidatos que próximamente esperan ocupar un cargo público. 

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla