Un ingreso para sobrevivir la pandemia

El impacto de la pandemia en las economías familiares es devastador hoy, hoy, hoy. De acuerdo a la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos realizada por la Universidad Iberoamericana en el mes de mayo, a esas fechas ya habían perdido su empleo 8.6 millones de personas en todo el país, sobre todo del sector informal y dos de cada tres hogares encuestados manifestó que, desde que inició la cuarentena sus ingresos se han reducido en promedio más de la mitad (52%). (www.equide.org).

En Chihuahua no tenemos desagregados los datos, pero lo que sí sabemos es que, a finales de junio, 31 mil personas habrán perdido su empleo formal. No hay datos sobre las personas que trabajan en el sector informal, que, a pesar de que nuestra entidad es la que tiene el segundo sector informal más reducido de todo el país (37% de la ocupación, 15 puntos menos que el promedio nacional), aun así, la Secretaría de Economía e Innovación calculaba en diciembre de 2019 que laboraban en él 269 mil 535 personas. Podríamos aventurar la hipótesis que en este sector ha habido más personas que pierden su empleo, pues aquí se ubican lo mismo vendedores ambulantes que boleros, empaquetadores de supermercados, cuidadores y lavadores de autos, trabajadoras domésticas, incluso instructoras e instructores de gimnasios, etc. Ojalá se pudiera avanzar y llevar un registro de todas estas personas que desde hace más de cien días están sufriendo económica, física y moralmente. 

Ante esta realidad, desde mi participación en los Diálogos de Coparmex, el pasado día 11 propuse un plan de siete puntos para la recuperación solidaria de la economía y del empleo. Una de ellas puede activarse para hacer frente al problema de las personas que en Chihuahua han perdido su empleo y su ingreso. 

Se trata de garantizar un ingreso mínimo por dos meses a las personas que han perdido su empleo durante la pandemia. Yo lo ajustaba a una cantidad de mil 500 pesos, pero creo sería mejor ajustarlo a lo que el Coneval considera mínimo para adquirir la canasta alimentaria básica en las zonas urbanas: mil 649. 65 pesos y no a dos meses, sino a tres. Inicialmente ese subsidio se puede dar a las personas que perdieron su empleo formal, que ascienden a 31 mil. Entonces la cantidad requerida llegaría a poco más de 59 millones de pesos mensuales, por tres meses, 153 millones y medio, aproximadamente. No es una cantidad exagerada si se toma en cuenta que se podría dividir entre el Gobierno del Estado, los gobiernos municipales y el sector empresarial. Tan sólo una referencia: durante el 2018 el subsidio de mil 343 pesos mensuales que el Gobierno del Estado otorgó a más de 16 mil personas mayores ascendió a 240 millones de pesos. De que hay capacidad, la hay.

¿Y las personas que perdieron su empleo en la economía informal? Hay que considerar que muchas de ellas han sido atendidas por uno o varios programas de los gobiernos federal o estatal, sobre todo. Por ejemplo, el programa federal de créditos a la palabra ha llegado a 20 mil beneficiarios, a quienes se prestaron 25 mil pesos y el programa de las Tandas para el Bienestar beneficia a 10 mil personas con microcréditos de 6 a 24 mil pesos. Podría decirse que la mayoría de ellas están en la economía informal.

Por su parte, el Gobierno del Estado también ha hecho un esfuerzo considerable por otorgar créditos blandos a emprendimientos familiares y por brindar diversos tipos de apoyos alimentarios, incluso subsidiando a establecimientos de barrio que expendan comida a gente necesitada.

Eso no demerita que las personas que perdieron su empleo en el sector informal que no hayan sido beneficiadas por ningún programa federal o estatal puedan ser incluidas en este programa para garantizarles el ingreso mínimo para adquirir una canasta alimentaria básica por tres meses. Supongamos que se tendría que doblar el número de personas atendidas entonces se requerirían 306 millones de pesos por tres meses, cantidad que sigue siendo manejable.

Una iniciativa como ésta no es tan ambiciosa como la del Ingreso Vital Mínimo, que está siendo promovida por un amplio grupo de legisladoras y legisladores federales y varias docenas de organizaciones de la sociedad civil. Ya se llevó a un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados. Plantea un ingreso equivalente al salario mínimo de tres mil 745 pesos durante tres meses a 34.7 millones de hogares que se tienen identificados como poblaciones en situación de vulnerabilidad y que la epidemia ha agravado su situación económica por desempleo o disminución de ingresos. (ingresovital.org).

Esta iniciativa resulta muy interesante, pero requiere toda una batalla ciudadana presupuestal y legislativa para ver de dónde y cómo se obtienen los 130 mil millones de pesos que se necesitan para sufragarla. 

Entre tanto, Chihuahua puede ir tomando la delantera, como lo ha hecho en muchas otras situaciones límite para el país. Lo mejor va a llevar tiempo, lo bueno puede comenzarse ya.