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Opinión

OPINIÓN

Termina mal relación maestro-alumna en UACJ

Ahora el caso lo ocupan una alumna, o exalumna ya concluida su licenciatura en Literatura y también la maestría, y un profesor con grado de doctor de la misma carrera

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 02 junio 2023 | 06:00

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-Termina mal relación maestro-alumna en UACJ

-Abogado del Tik Tok exhibe a Bienestar

-Va Red Mesa por 500 mil del águila

-Millones para revocación... en escritorio

Otro episodio harto delicado sufre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por relaciones interpersonales entre maestros-alumnos que terminan mal y que terminarían también exhibiendo la práctica del pocas veces sutil intercambio de favores académicos por relaciones personales maestros (as) con alumnos (as) más allá de la amistad.

Entendemos que, por fortuna, la situación no es generalizada en el alma mater juarense ni exclusiva de la misma. Casos hay a pasto en muchas otras escuelas del estado y del país no únicamente de nivel superior, sino también de nivel medio.

Han convertido esas circunstancias en un frente de lucha constante para su combate por parte de la sociedad y de los gobiernos.

Ahora el caso lo ocupan una alumna, o exalumna ya concluida su licenciatura en Literatura y también la maestría, y un profesor con grado de doctor de la misma carrera. Sostuvieron una relación personal-sexual-afectiva calificada por ellos mismos como “tóxica” por alrededor de cinco años.

Esa licenciatura forma parte de la estructura académica del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA) de la UACJ.

Todos los detalles, hasta los más minuciosos, fueron expuestos abiertamente por la exestudiante en redes sociales este mismo mes (ahí siguen). Dibujó una relación bastante tormentosa y en diversos momentos peligrosa para ambos por intercambio de golpes y arañazos, pero insistió en el uso del poder del maestro como catedrático no solo contra ella, sino contra otras alumnas.

Mencionó al menos un nombre y una mala calificación puesta a otra estudiante como supuesto desquite del académico, con unos ocho años de antigüedad en la cátedra.

Una vez que ella “destapó” la situación: “los proyectos que construimos juntos que se los quede, pero con lo que no se volverá a quedar es con mi silencio ni con la comodidad que este le suponía”, una treintena de estudiantes la siguieron, denunciaron otros supuestos casos y obligaron a la intervención de la Unidad de Género de la UACJ, -desde hace poco encabezada por Claudia Espinoza-, y del Consejo Técnico de ICSA.

Una semana antes de partir a vacaciones, programadas para iniciar el 20 de junio, deberá sesionar el Consejo y tomar una determinación al respecto que sin duda será un referente para casos similares presentes y futuros.

Deberán las autoridades universitarias actuar con cautela extrema pues el asunto queda a un centímetro de abandonar el campus y ser trasladado al Ministerio Público.

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La titular de la municipal Coordinadora de Zaragoza, Karen Mora, tuvo la ocurrencia de colocar su foto tamaño poster en su oficina, en lugar de poner la de su jefe el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar; o la del jefe de jefes de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. (Foto en versión digital).

La presunción con esa imagen no ha causado ninguna gracia en Francisco Villa y Malecón no por el hecho en sí mismo, sino porque es una gota más de agua sobre el vaso colmado desde que Karen fue literalmente sacada de la Dirección de Desarrollo Social por su actual director, Hugo Vallejo.

Muy pronto habrá cambios en Zaragoza, aseguran los críticos de Karen en oficinas centrales de la alcaldía, donde abundan también quejas por supuestos múltiples acreedores (as) de dicha funcionaria.

De último minuto, al concluir la redacción del anterior párrafo, llegó corriendo a La Columna, ya sin aire en los pulmones y la garganta atascada por el chisme aguantado por horas y varios kilómetros, una de sus más leales y antiguas fuentes, para asegurar que a media tarde fue notificada Mora de su baja.

Hoy sería de “entrega-recepción” en esa muy importante instancia del municipio.

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En los últimos días, Erick Dour, mejor conocido como “el abogado del Tik Tok”, ha exhibido a la Secretaría del Bienestar en varios municipios del estado por negarles, esconderles o robarles las pensiones a los adultos mayores, a pesar de que es un derecho elevado a rango constitucional.

Mediante el juicio de amparo individual o colectivo, el litigante chihuahuense ha hecho una labor social impresionante, a grado tal que le ha ganado fama y reconocimiento de los adultos mayores, pese a que basa su estrategia comunicativa en una red que tiene su mayor penetración en sectores juveniles.

La labor social del abogado también es ampliamente reconocida en el gremio. No por nada rebasa los 500 mil seguidores que lo consultan y difunden sus videos cortos, muy explicativos sobre diferentes temas del derecho.

Pero no es el éxito de las gestiones del joven Dour lo que ha llamado la atención dentro y fuera de la dependencia a cargo de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo importante es que, de fondo, existe un problema de grandes dimensiones en el programa de becas o pensiones a los adultos mayores en Chihuahua, por la cantidad de apoyos desaparecidos por supuestos robos o extravíos de documentación, tarjetas bancarias o hasta el efectivo que debe entregarse de forma bimensual.

La pensión del Bienestar, como es conocido en síntesis dicho apoyo social, debe cubrir a toda la población de 65 años o más de las comunidades indígenas y de 68 años o más de todo el país. El único requisito es la edad, no hay otro criterio para discriminar a los beneficiarios.

Sin embargo, según los casos que ha comenzado a documentar Dour e incluso a ganar mediante el amparo, hay poblaciones en varios municipios de la entidad, rurales y urbanos, donde decenas de adultos mayores han quedado fuera del programa.

Las sospechas van más allá de los errores administrativos, que también hay muchos; apuntan a casos de corrupción dentro de la dependencia a cargo del superdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa, quien debería investigar si hay transas individuales o una especie de red dedicada a drenar esos apoyos que no llegan a los beneficiarios.

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De acuerdo con una fuente que solicitó anonimato, la Red Mesa de Mujeres, encabezada por Imelda Marrufo, está buscando quedarse con un contrato de 500 mil pesos por sus servicios para actualizar la normatividad que rige el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), siendo la organización parte del mismo consejo que toma la decisión para adjudicar dicho contrato.

La elección del organismo ganador la tomará el consejo que rige el IMM, en el cual tienen voz y voto Red Mesa de Mujeres y cuatro organizaciones más, además de dependencias municipales y academia.

Sin embargo, dicho consejo está básicamente tomado por la Red, tras la llegada de Elvira Urrutia a la cabeza del Instituto, quien sirve de frente a los manejos de Marrufo.

Para el cambio de la normatividad, que requerirá trabajo legal y con perspectiva de género, concursaron cinco personas (entre morales y físicas), de los cuales fueron desechadas propuestas de 800 mil pesos por superar el techo presupuestario, y de 100 mil y 130 mil pesos, estas últimas hechas por abogadas con experiencia en perspectiva de género.

Las dos que quedaron fueron Iniciativa Spotlight, cuya propuesta económica estuvo en 280 mil pesos, y Red Mesa de Mujeres que cotizaron su trabajo en los 500 mil pesos, pero en las sesiones del consejo rector del IMM las organizaciones civiles que arropa la Red han cabildeado que sea "una organización que conoce de Juárez" la que realice los cambios normativos.

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Solo ciertas áreas del Instituto Estatal Electoral y ahora del Congreso del Estado de Chihuahua conocen el documento en el cual está planteado de manera tentativa, no oficial, el presupuesto para los procesos de revocación recientemente autorizados.

Como ya sabemos, piden los solicitantes la remoción de los alcaldes morenistas de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, y de Práxedis G. Guerrero, Celestino Estrada, así como de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del distrito 10; del PRI, quieren quitar a la alcaldesa María de los Ángeles Moreno, de Gómez Farías.

Los números son millonarios para realizar el ejercicio, muy lejos de la austeridad republicana -menos de la pobreza franciscana-, pensando en instalar más del 80 por ciento de las casillas, que son un montón tomando en cuenta que en Juárez hay un millón de electores.

Serán necesarias para Juárez arriba de mil 800 casillas -ahí mismo serán recibidos los votos de revocación para el distrito 10-, los demás municipios son irrelevantes en cuanto a número, en cuanto a recursos económicos, más bien el esfuerzo de capacitación ciudadana, insaculaciones, etc.

Para darnos una idea, en el último proceso electoral se utilizaron 457 millones por el IEE. ¿Costará esa revocación la mitad de ese recurso? ¿Un tercio? Sigue siendo un montón.

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