Quedó cadáver de 'El 010' como adorno simbólico

Una hipótesis de varias surgidas luego que alguna facción del Cártel de Sinaloa que opera entre Chihuahua y Sonora regresara con bien a cuatro Lebarones “levantados” en Madera hablaba de los buenos oficios diplomáticos desplegados para el efecto por el jefe estatal de la Policía Ministerial, Arturo Zuany.

Necesariamente hubo una intervención si no de dicho jefe policiaco sí de algún nivel del gobierno para que los delincuentes devolvieran salvos y sanos a los “desaparecidos” cuando hacían una ruta en moto de Nuevo Casas Grandes a Madera. Son potencialmente peligrosas en la actualidad todo ese tipo de rutas: en cuatrimotos, razers y hasta bicicleta.

Alguien acá en Juárez de alto mando en los órganos de seguridad reclamó en tono macabro más que humorístico la “diplomacia” de Zuany o de quien haya sido para conseguir al menos una tregua de los grupos delictivos que el viernes a la media noche rebasaron en el mes las 100 ejecuciones con la masacre registrada en la colonia Héroes de la Revolución.

Ese multihomicidio es idéntico a la inmensa mayoría de los asesinatos ocurrido a lo largo de enero, a los casi mil 500 registrados en el 2021, a los mil del 2022, a los mil 163 del 2023... al levantón de los cuatro Lebarones, a las muertes y desapariciones de cientos en el resto del estado; es idéntico en su innegable relación con el crimen organizado y a la pasividad desesperante en particular del régimen federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Ocurrió la masacre y a las horas fue registrado un hecho inédito en la historia de la seguridad quizá en el país, bajo la firma del Nuevo Cártel de Juárez. La organización criminal le “decomisó” de forma inaudita a sus rivales más de 300 kilos de drogas sintéticas y los dejó con sus respectivas narcomantas en un puente de la carretera en la entrada a la ciudad, dirigidas a varios mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Colocaron el peso de cada tipo de droga: “Esto es el total, por si no saben contar”, decía con poca ironía una de las mantas.

Y con la droga “asegurada” fue colocado el cuerpo de José Domingo Carrera Bermúdez, alias “El 010”, un jefe del Cártel de Sinaloa que operaba en la región de Parral y que fue levantado en otro hecho insólito, en vehículos con logos de la Guardia Nacional desde el mes de agosto del año pasado.

El cadáver de “El 010” quedó de adorno simbólico junto a la droga empaquetada. Justo así como están de adorno las instancias federales como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, que comodinamente, como en todos los casos, limitaron su actuar a resguardar la escena del crimen.

Podemos apostar doble contra sencillo que las corporaciones policiacas y militares tienen la coordinación, comunicación y colaboración que tuvieron los criminales para ejecutar un levantón en agosto y asesinar al sujeto cinco meses después.

Ni el regimiento militar de Juárez tiene la coordinación con el de Madera o el Nuevo Casas Grandes, que la delincuencia organizada sí posee para desaparecer a su presa en Maturana, retenerla en cualquier punto de la entidad y abandonarla muerta en la carretera a Santa Teresa.

Si no tienen coordinación entre dependencias federales o sólo simulan tenerla, qué se puede esperar de la relación con autoridades estatales o municipales. Por eso el símil del adorno simbólico que son el Gobierno federal y el cuerpo sin vida del presunto líder criminal del grupo también llamado Gente Nueva.

La justiciera acción de los “simples delincuentes” que incautaron la droga y la dejaron “a disposición” de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal -con un mensaje orientado a generar más confusión de la existente- pone de relieve el alcance cada vez mayor de las organizaciones criminales.

Independientemente de una presunta complicidad de la Policía Estatal expuesta en el mensaje espectacular que quiso dar el Nuevo Cartel de Juárez, la vinculación entre los grupos da muestra de la existencia, fortaleza, capacidad de maniobra y fuego de las organizaciones que pelean el control del estado y regiones del país.

No hay duda que se comunican y coordinan los cárteles para producir y vender drogas, matar rivales, generar estrategias de penetración y permanencia, secuestrar, robar, extorsionar y cometer ene mil cantidad de delitos, lo cual tiene su origen en la delincuencia organizada, definida con toda claridad en una ley federal de muy rara aplicación. O de aplicación a conveniencia especialmente en este sexenio.

Es tan claro lo ocurrido ayer en el puente de la carretera Panamericana, como la misma masacre previa de cinco personas, ejecutada por un grupo armado que tranquilamente llegó al funeral de un hombre que también contaba con antecedentes delictivos.

Cinco homicidios -más dos en grado de tentativa- no dejan de ser del fuero común, incluso juntos, pues el delito de masacre como tal no existe en los códigos, pero la acción concertada para matar lleva detrás acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud, narcomenudeo, trata de personas, secuestro y otros ilícitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Hay que sumar a ello las ejecuciones "de rutina": las más de 100 que rebasamos ayer en Juárez -cifra superior a la de siete meses del año pasado (diciembre 98, octubre 94, septiembre 89, junio 79, abril 75, febrero 93 y enero 94)- todas tratadas como homicidios simples.

Como si no los asesinatos violentos en las calles, los más de mil levantones o desapariciones del año pasado, constantes en varios focos rojos que tiene la entidad, no implicaran todo un entramado de actividades delincuenciales interestatales y hasta internacionales.

La estadística de ejecuciones, atribuidas al crimen organizado entre un 80 y un 90 por ciento, ha mostrado bajas relativas en comparativos fríos que se hacen en las reuniones de seguridad, encuentros en los que priva la simulación de una colaboración jamás alcanzada.

El concierto de líderes delincuenciales, de grupos, células, facciones de los cárteles, es un elefante enorme que, sin embargo, no ven en las mesas de seguridad que se replican a nivel nacional, regional y local.

Son más efectivos los encuentros clandestinos de los líderes criminales en los puntos más alejados de la sierra -a donde nomás se puede llegar a pie o por aire- que esas reuniones de los funcionarios de seguridad municipales, estatales y federales, donde las buenas intenciones sobran, pero no ocultan ausencia total de voluntad para colaborar con eficiencia.

De esa excesiva mortandad en la zona urbana de la frontera, podemos irnos hacia esa sacudida que tuvo la entidad el lunes y martes pasados, cuando desaparecieron los LeBaron en Madera y contra todo pronóstico fueron liberados con vida.

La operación policiaca y política que implicó ese delito con cuatro víctimas mostró también, precisamente, la simuladora colaboración federal, contra la cual seguramente pusieron el pecho el fiscal del Estado y el secretario de Gobierno, César Jáuregui y Santiago de la Peña, atizados ambos por la gobernadora Maru Campos para dar respuestas y resultados inmediatos.

Es muy posible que la tensión acumulada en Campos Galván, ante un pachorrudo y centralizado aparato federal que los chihuahuenses conocemos de siempre, la llevó a “pendejar” a López Obrador y a exhibir su “indolencia” ante la situación de violencia que padece la entidad y buena parte del país.

Algunos considerarán que la gobernadora se excedió en el calificativo impuesto en medio de esa crisis de seguridad de principios de la semana pasada; otros pensarán que le faltaron unas cuantas altisonantes más para describir mejor al presidente.

Pero una realidad innegable es que en la materia de los delitos concurrentes, la Federación ha optado por la comodina actitud de dejar en el fuero común las carpetas de investigación que se acumulan por decenas en los escritorios de cada uno de los agentes del Ministerio Público.

En vez de asumir su responsabilidad en el combate al crimen, ha optado porque los estados se hagan cargo de todos los delitos que implican delincuencia organizada, como si fueran puros robos de unos cuantos kilos de cacahuates, al parecer más valiosos que las miles de vidas perdidas cada año.

Entonces, esa indolencia federal merece más que la simple “pendejeada” recetada por Maru, la cual terminó por dejar callado, sin defensa, al señor presidente.