Ocultó jefe narcomanta antes de incendios

• Ocultó jefe narcomanta antes de incendios

• Larga encerrona de la gobernadora con Canaco e Índex

• También la JMAS exige a empleados prueba Covid

• Quiere “Benjamón” echarle papa caliente al IEE

El arranque del enésimo operativo contra la violencia anunciado ayer en Juárez fue precedido, desde luego, por mes y medio de casi 200 homicidios y el extremo de los incendios de vehículos y negocios registrados el jueves.

Pero un día antes de los incendios fue colgada una narcomanta en un crucero de los más transitados de la ciudad, que mucho debió tener de seriedad porque el jefe de la Policía del Estado en esta frontera salió de sus oficinas corriendo a quitarla, sin avisar a nadie del hecho hasta que fue conocido en reunión de seguridad, hasta el viernes, después de ahogado el niño.

El texto decía lo siguiente:

“Realivazquez doble cara títere de La Línea junto con tus marranos parada soto arguijo benjamin solis y silva ya les cargo la v... marranos” (sic), así, tal cual.

El mensaje dedicado al jefe de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Juárez, Ricardo Realivázquez, fue ubicado en la Tecnológico y Simona Barba, pero de inmediato fue retirado por los policías estatales a cargo del sistema de videovigilancia local. Al día siguiente, jueves, fue la jornada de fuego y balazos.

Imposible desligar un asunto del otro, a la vista de quienes conocen tan delicado ambiente de inseguridad y violencia que se vive. Parece que Realivázquez Domínguez no quiso verse afectado en su imagen ante su nuevo jefe, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y por eso buscó ocultar por todos los medios tan caluroso saludo de algún grupo delictivo de los que conoce.

Pero aunque fue escondida la amenaza y no quedó registro gráfico, –al menos no se ha hecho público–, el tema fue abordado en la mesa de seguridad que reunió en la frontera el viernes al secretario general de Gobierno, César Jáuregui; al fiscal Roberto Fierro y al propio Loya, además de los mandos de todas las corporaciones.

No deja de perseguir la polémica al jefe de la CES en la Zona Norte. Antes de terminar el quinquenio trágico, el 24 de junio del año pasado, también fue señalado de forma similar, cuando fue colgada otra manta en un puente del viaducto Díaz Ordaz.

Desde mayo de 2020 y hasta la fecha, se mantiene el funcionario al frente de la estrategia de seguridad preventiva estatal, de la que poco puede presumirse.

La Policía estatal, junto con la Guardia Nacional y algunos exmandos de la municipal (Tócoli y su grupo), han sido las corporaciones mayormente señaladas por su involucramiento en distintas actividades delictivas como extorsiones a negocios, a migrantes y a sus familias.

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En domingo, casi convaleciente y sin esperar si son reintegrados más militares en los operativos contra la inseguridad, la gobernadora del estado arrancó el nuevo plan en busca de disminuir la violencia; dijo, no sólo en Juárez sino en todo el estado.

Fue un evento en el Pueblito Mexicano donde, al fin, reaparecieron el jefe de la Quinta Zona Militar, Federico Solórzano, y el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo. Ni sus luces del súper delegado del Gobierno federal, Juan Carlos Loera.

El presidium fue ocupado prácticamente por funcionarios integrantes del gabinete de Maru: César Jáuregui, Luis Serrato, Roberto Fierro, Gilberto Loya, Oscar Ibáñez...

Solo hablaron la jefa del Ejecutivo estatal y el presidente municipal de esta frontera, Cruz Pérez Cuéllar, quien dejó clara la necesidad de la coordinación entre los tres niveles de Gobierno y su disposición para respaldar el operativo Juntos por Juárez, como fue llamado por Maru.

Al concluir, la gobernadora sostuvo una larga encerrona por espacio de 2 horas con el presidente y el expresidente de Canaco, Rogelio Ramos y Rogelio González, respectivamente, la presidenta de INDEX, Fabiola Luna, el siemprero de las Mesas de Seguridad, Jorge Contreras Fornelli, el fiscal general, Roberto Fierro, el secretario de seguridad Gilberto Loya, y el representante del Gobierno estatal en Juárez, Óscar Ibañez, con quienes amplió intercambios sobre los distintos delitos que afectan a la ciudad y la forma de afrontarlos.

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Siguió la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) el mal ejemplo de una empresa maquiladora que pretendió obligar a sus empleados a practicarse la carísima prueba Covid antes de entrar a sus instalaciones.

También el viernes pasado, la dependencia a cargo de Sergio Nevárez, quien había dado positivo a la enfermedad días antes, trató de aplicar la ilegal y discriminatoria práctica sobre la que incluso se han pronunciado en contra la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tal despropósito carga a los empleados el costo del examen de laboratorio que, cuando es de antígeno, cuesta entre 300 y 600 pesos, pero se dispara hasta más de tres mil pesos cuando se trata de la famosa PCR.

Parece increíble que en una dependencia estatal como la JMAS, sean intimidados los colaboradores para costear pruebas que, además, en muchos de los casos son innecesarias. Eso sin contar lo molesto que es esperar por horas para hacerlas y lo caro que resultan.

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Casi sin disimular, fue el diputado morenista Benjamín “Benjamón” Carrera quien envió al grupo de “ciudadanos” al Instituto Estatal Electoral para solicitar un referéndum sobre la nueva estructura de la deuda que busca la administración de Maru Campos.

En la foto que boletinaron los promotores del instrumento de participación ciudadana –entre los que se encuentran Verónica Meléndez, Rocío Hernández, Héctor Aarón Wong, Aída González Díaz e Iván Roberto Álvarez, entre otros–, hay más morenistas que en la sede estatal del partido.

Sobre todo a Álvarez Olivas, casi autoproclamado vocero del grupo, lo distingue el nexo con el legislador, quien tiene la estrategia, según lo que se comenta en su propio círculo, de aventarle una papa caliente al IEE con la petición.

La Ley de Participación Ciudadana, se ha dicho hasta el cansancio, se diseñó más como norma de los políticos para el golpeteo que como herramienta real para los ciudadanos.

De ahí se agarra “Benjamón” para mandar la bola a la autoridad electoral, que bien puede argumentar aspectos tributarios y fiscales implicados para resolver en contra, o bien puede dejar que el diputado se ponga a trabajar en la colecta de las más de 12 mil firmas que necesita para darle entrada al trámite.

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Avanzará lento, pero lo hará, el proceso iniciado contra el juez Samuel Uriel Mendoza, que revelara haber actuado por presiones del corralismo para dictar resoluciones y aun así fuera ratificado por el Consejo de la Judicatura del Estado.

El viernes pasado –es lo que reportan de la Ciudad Judicial con sede en Chihuahua– se instauró de forma oficial el procedimiento contra el juzgador.

No hay causas especificadas oficialmente, puras generalidades, pero es obvio que tienen que ver con actuaciones dentro de los casos que llevó.

La lista de lo que puede fundamentar las acusaciones que enfrente es interminable, pues para eso era juez obsequioso y de consigna del Palacio de Gobierno, como otros nombrados dentro de un mismo proceso opaco y tramposo.

La investigación se llevará con sigilo extremo para evitar equivocaciones. Es la instrucción de la magistrada presidenta del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura, Miriam Hernández, quien ha advertido que las ratificaciones recientes de jueces no garantizar su inamovilidad.