‘No hallaban qué hacer con los cadáveres...’

-‘No hallaban qué hacer con los cadáveres...’

-Legisladores solo heredarán la tragedia

-Para Juárez los primeros Mercedes

-Les puede pasar lo que a Salgado Macedonio

“No hallaban qué hacer con los cadáveres...”, dice hoy un jefe policiaco al observar la incredulidad en los ojos de los delegados estatales de Fiscalía General de la República (FGR), Ramón Ernesto Badillo; Juan Carlos Loera, del Bienestar, y del Instituto Nacional de Migración (INM), el militar Salvador González Guerrero.

Fue la catástrofe ocurrida la noche del 27 de marzo del año pasado en la “estación” migratoria del INM. Dichos funcionarios no daban crédito a la desgracia frente a su cara. “Como que no lo creían y, por lo tanto, no sabían qué hacer con tanta persona muerta. Los lesionados ya habían sido llevados a hospitales”, agregó el jefe.

Finalmente, la Fiscalía estatal Zona Norte entró al quite, sus peritos ordenaron los cuerpos semiquemados y los prepararon para ser llevados al Servicio Médico Forense de la propia institución del estado.

Debió ser conseguido un camión refrigerado que generosamente ofreció Transportes Sotelo mientras era abierto el espacio necesario en el siempre saturado Semefo.

La irresponsabilidad, la indolencia, el menosprecio oficial por los viajeros, cubrieron ese día de luto a la ciudad y al mundo. Murieron 40 de ellos de distintas nacionalidades.

Fallecieron asfixiados, algunos parcialmente quemados, en un centro de detención bajo jurisdicción del Gobierno federal cuyos responsables operativos a nivel local y nacional quedó probado que no le daban importancia alguna.

El trágico 27 de marzo fue cuando conoció apenas ese edificio a su cargo el contralmirante González Guerrero, hoy recluido en el Cereso estatal 3. De ahí su sorpresa, y la de Loera, y de Badillo.

Las víctimas fueron encerradas en celdas literalmente enrejadas, “vigiladas”, selladas con candados, por personas de una empresa de seguridad privada que no tenían ni la más remota idea del debido trato a personas en situación de movilidad, no delincuentes de ninguna naturaleza.

Nada ha cambiado en esa relación, o falta de relación, entre los extranjeros caminantes y las instancias responsables de su atención, el Gobierno federal. Continúan peligrosamente abandonados y bajo el mismo desinterés por generar un orden o implementar medidas mínimas de seguridad a lo largo de sus trayectos.

Y nada cambiará, a juzgar porque el máximo responsable operativo de aquella tragedia, el entonces director o comisionado en el país del INM, Francisco Garduño, ha sido sostenido al frente de dicha institución a pesar de enfrentar un proceso penal en libertad por tales hechos.

Dolida por aquellos acontecimientos y las circunstancias presentes, la exfuncionaria federal de la 4T, editorialista de El Diario y catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Deirdré Bazán, se refirió ayer en su artículo “a quienes permanecen en prisión sin merecerlo”, y tácitamente le puso nombre a Garduño... “mientras otros individuos, cuya responsabilidad legal y operativa era muy superiores, llevan su proceso en total libertad y con medidas cautelares mínimas...”

Así es, con el desesperanzador agregado que ni el interés por los resultados electorales despiertan algo de conciencia por mejorar la situación aunque sea parcialmente.

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En ese sentido, bastante retrasado y lento se ha visto el grupo de trabajo plural conformado por senadores para darle seguimiento a la tragedia del 27 de marzo.

El mismo boletín de prensa publicado por el Canal del Congreso a finales de febrero dice que “11 meses después de los acontecimientos que costaron la vida a 40 personas” en la Estación Migratoria de Lerdo-Stanton en Ciudad Juárez, los senadores se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De ahí no se desprende nada nuevo, más allá de conocer de la propia voz del organismo derecho humanista que existen irregularidades en muchos de los procesos penales y que se reconocieron violaciones a derechos humanos de 90 personas.

También les fue informada por el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, la recomendación 11VG/2023, la cual se hizo a Secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM), además de las medidas cautelares emitidas por el organismo autónomo a favor de la atención médica.

No abona nada la intervención de los legisladores del PVEM, PT, PRD y Morena, integrantes de dicha agrupación plural, a un año de ocurrido ese catastrófico evento en esta frontera. Y menos si apenas están analizando los pasos a seguir.

Las reacciones tardías de los senadores no van más allá de pronunciarse para “evitar que la tragedia se repita”, o de condenar los hechos.

No hay propuesta legislativa para que antes de irse haya un cambio en la política migratoria mexicana, que es por donde podría haber una respuesta efectiva a la crisis que vive el país en esa materia.

La legislatura termina en escasos seis meses; para entonces no podría pasar otra cosa que los representantes populares hereden a los que les preceden mínimo alguna iniciativa.

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Son pocos los tiradores, pero ahí están ya preparando su documentación para, en dado momento, arrimarse al partido Morena si son requeridos, si el Tribunal Estatal Electoral cumple con los más terribles presagios de los candidatos a diputados locales que ya acariciaban la reelección y hoy la ven tambalear.

Los primeros en derecho son los suplentes, con una condición interesante, porque ellos tendrían que esperar a tener derechos adquiridos, no solo el registro que será autorizado el próximo dos de abril, sino la constancia de mayoría la primera semana de junio.

Antes de tener ese papelito, los suplentes solo tienen una expectativa de derecho, sobre la cual pueden pasar los órganos estatutarios, de manera particular la Comisión Nacional de Elecciones, como se ha venido manejando de manera centralista. Obvio, esto puede ser tema también de litigio.

Si no fueran los suplentes, quienes ocupen esos espacios, entonces vendría el libre juego de los grupos, o bien, jugada directa con los legisladores defenestrados, poniendo a sus esposas, esposos, hijos, etc., que también es práctica común, con definición del máximo órgano partidista. Ya lo hizo Salgado Macedonio en Guerrero y a nivel gubernatura.

Pero para que todo esto opere es necesario que la resolución del Tribunal sea contraria a Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería, Rossana Díaz, y los demás legisladores denunciados por Adriana Terrazas.

Por eso fueron a mandar mensaje a Palacio de Gobierno, y a los órganos electorales; sienten que viene una decisión que los va a afectar, sin nadie que pueda auxiliarlos, más que el –pintado de guinda- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ya en etapa de revisión.

Les están saliendo caras las groserías y maltratos prodigados de manera intermitente contra la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas.

Lo más seguro es que aún y cuando salga adversa para ellos la resolución, podrán seguir en campaña hasta en tanto adquiera firmeza, por lo que la espada de Damocles pesará sobre sus cabezas inclusive durante un tramo de la campaña.

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Todavía habrán de pasar una o dos semanas para que los nuevos Mercedes-Benz empiecen a rodar por Juárez. A pesar de que las primeras remesas del total de 80 camiones adquiridos por Gobierno del Estado son para la frontera, falta la capacitación de choferes y el arranque de la fase preoperativa.

El pasado lunes por la tarde, nos reportan, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, encabezó en privado en los talleres de la capital la recepción de las primeras unidades que arribaron por tierra desde Veracruz, para inspeccionarlas personalmente.

Luego de ver a fondo los camiones y revisarles hasta los puertos USB de cada asiento, porque hasta con ese nuevo equipamiento llegaron, De la Peña dio instrucciones para concentrar esta primera remesa en la capital de perdida hasta el comienzo de la otra semana.

Ya con 20 unidades como mínimo, porque vienen de uno por uno en cuanto son liberados por la aduana veracruzana, habrán de trasladarse a esta frontera por la carretera y, una vez aquí, comenzará la capacitación a los conductores, quienes van a estar checaditos en todo momento con cámaras, para verificar que sus hábitos de manejo sean los adecuados.

Los nuevos camiones generaron algunos comentarios en la capital por el diseño y acomodo de las puertas, dado que la configuración de los primeros que llegaron sería incompatible con los paraderos existentes en la única ruta troncal de Chihuahua.

Eso se debe a que el diseño de estas unidades es a la medida de los paraderos y las rutas de la frontera, que es la prioridad en cuanto a transporte, tanto para hacer más decente el funcionamiento de las troncales como para avanzar en la inacabada tarea de regular a las ruteras.