Más migrantes y más tráfico desde el INM

Cientos, más de mil personas en situación de movilidad; adultos, mujeres, muchos niños, principalmente de Venezuela y Colombia, arribaron el miércoles a Juárez sobre los techos de una gran cantidad de vagones de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y bajo temperaturas que empiezan a tocar los 34 grados centígrados.

A pocos sorprendió la escena porque se ha repetido de manera incesante durante los últimos años. No sorprende pero conmueve, en particular por los más vulnerables soportando condiciones de hambre y sed extremas, mujeres y niños.

También es asombroso que eso siga ocurriendo sin que medie una intervención sustancial del gobierno para preservar los derechos fundamentales en ese trágico éxodo.

Más que esperar ayuda del Instituto Nacional de Migración (INM), los extranjeros lo que temen son agresiones, de ahí que regularmente algunos de ellos vengan “armados” con piedras levantadas de las propias vías del tren. Siempre son latentes los incidentes y potenciales las catástrofes.

Cómo olvidar el 27 de marzo de 2023 cuando ocurrió la tragedia que marcó la historia de esta frontera, y la de México.

Fueron 40 los migrantes que perdieron la vida en el incendio que tuvo lugar en la estación migratoria del INM ubicada en el puente de la avenida Lerdo en esta ciudad.

Ese incendio se suscitó como consecuencia precisamente de las enormes negligencias en que ha incurrido ese organismo del Gobierno federal. Todo el mundo volteó a ver el enorme desaseo en el manejo de la política migratoria en nuestro país. Si a eso le podemos llamar política.

La lógica indicaría que a partir de un evento tan trágico como aquel, las autoridades federales pondrían mayor atención; sin embargo, es evidente que las condiciones están dadas para que exista el riesgo de que algo grave pase de nuevo.

Desde su campaña presidencial en 2018 (e incluso ya en el gobierno) el presidente López Obrador ha insistido en que “hay que voltear a ver al sur”.

Pero la conducción por parte del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco “Paco” Garduño, parecería ir en contra precisamente de todo lo que AMLO prometió en su momento.

A más de un año de la tragedia, sigue habiendo más preguntas que respuestas y la misma movilización de extranjeros en las mismas deplorables y peligrosas condiciones.

En cualquier país desarrollado el titular de Migración estaría cesado y en prisión. Acá en México no es así. Solventa su proceso penal con viáticos oficiales y sueldo de gobierno.

El hilo se rompió por lo más delgado. Se encuentra actualmente recluido en un penal de la ciudad el entonces delegado del INM en el Estado, Salvador González Guerrero, junto con algunos otros exfuncionarios migratorios.

El hecho que Garduño continúe en su cargo ha permitido echar tierra encima al problema, y redoblar las prácticas de corrupción que algunos agentes de Migración ejecutan siempre con su aval y jefes inmediatos.

Por la condición geográfica de nuestra ciudad se sabe que los grupos criminales que operan en la frontera se han dedicado por décadas al trasiego de drogas y de armas de un lado de la frontera al otro.

De unos años para acá han descubierto que les resulta igualmente redituable el tráfico humano, pero ahora con la abierta complicidad de ese orden de gobierno.

Recientemente, fue publicada en El Diario información detallada sobre la forma de operar de Garduño y su “banda”. En la frontera sur, particularmente en Chiapas, se expiden los permisos humanitarios para que una persona ingrese al país y pueda recorrerlo sin temor hasta llegar a la frontera norte. Ya de aquí el migrante solicitará cita en Estados Unidos que puede demorar meses o incluso años.

Existen testimonios que dicen que muchos de estos permisos son posteriormente alterados en el sistema informático de Migración.

Colocan una fotografía de otra persona y lo vuelven a imprimir. Es decir, se han expedido permisos con un mismo número, y con un mismo nombre a dos o tres personas distintas, pues los mismos se imprimen con papelería oficial de Migración.

Por otro lado, las autoridades migratorias son tolerantes con las bandas delictivas que se dedican a la misma práctica. En cierta forma, Migración tiene un doble rol: el de ser autoridad en materia migratoria, pero a su vez competencia también de las bandas de polleros... o cómplices.

Al ser juez y parte, Garduño tiene acceso a las reuniones bilaterales con autoridades migratorias norteamericanas. En ocasiones las autoridades vecinas han solicitado detener el flujo en determinados estados fronterizos, pero esta misma semana presenciamos el resultado, cero; al contrario, los flujos continúan por miles y en situación de peligro permanente.

Definitivamente, la intervención del comisionado es clave para la operación del tráfico, en particular de quienes poseen algo de recursos para los viajes en camión, vans o avión.

Se ha dedicado a crear nuevas rutas “seguras” para ello, en acuerdo con las organizaciones criminales. Una vez que los migrantes cruzan la frontera sur son trasladados al aeropuerto de Cancún o al de la Ciudad de México de donde posteriormente vuelan a Ciudad Juárez, o a Chihuahua capital.

Bajo esa lógica delictiva, Garduño ha tejido una red de funcionarios de su confianza y los ha colocado concretamente en los aeropuertos de Ciudad Juárez y de Chihuahua.

Carla Angélica Oliver Pacheco fue colocada en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Se ha dicho en los pasillos de Migración que Oliver Pacheco mantenía “una relación muy cercana” (dicho por ella misma) con el entonces delegado, Salvador González Guerrero.

El rol que juega Oliver en este esquema criminal es facilitar el paso de los migrantes por esta frontera, evitándoles contratiempos, a aquellos que hubieran pagado las respectivas cuotas.

De forma paralela, en Chihuahua capital, Garduño nombró a Zaira Carrasco. Está encargada del organismo en el aeropuerto Roberto Fierro de la capital del Estado para el mismo fin.

Su interés es controlar los dos aeropuertos del Estado y ‘apretar’ en otras vías de acceso a la frontera como lo son carreteras y el propio ferrocarril.

Todo ello significa que Migración presiona y ejerce sus funciones en las carreteras para obligar a los migrantes (y a las bandas que se dedican al tráfico humano) a que necesariamente transiten por los aeropuertos y así tener mayor control de quienes se acercan a la frontera.

Esta labor es desempeñada por la jefa de la Delegación en el Estado, María Esther Martínez Zúñiga.

Su función se limita a cerrar el paso a los migrantes para que deban usar los aeropuertos y que Oliver y Carrasco tengan control de quienes pasan, para ver si “ya se arreglaron”. Martínez Zúñiga tiene prohibido intervenir en los aeropuertos que son del dominio directo de Garduño a través de Oliver y Carrasco.

Ante tanta irregularidad, se han registrado renuncias masivas en la Delegación estatal sin que se autorice la contratación de personal para llevar a cabo las labores propias del Instituto.

Sabemos que desde las oficinas centrales de Migración enviaron a Jessica Aldana, quien constantemente disputa el control de la delegación a Martínez Zúñiga. El común denominador entre ambas es el trato despótico y abusivo al personal de la Delegación en Chihuahua. Ambas han sido señaladas de todo tipo de hostigamiento en contra del personal (incluso sexual).

Todo este caos tiene un solo responsable, Garduño; sin embargo, al encabezar el Instituto Nacional de Migración puede fácilmente manipular cifras, endurecer acciones en ciertas entidades federativas y ser flexible en algunas otras. Esto le ha permitido engañar incluso a secretarios de Estado, comandantes militares e incluso gobernadores de estados fronterizos. Les asegura que son cumplidos los compromisos adquiridos. La realidad es completamente distinta en calles, carreteras y ciudades.

Si otras autoridades (como la FGR, Guardia Nacional, entre otras) se involucraran en atender esta problemática, saldría a la luz todo el caos que impera en esta materia.

Sigue siendo urgente la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar el respeto irrestricto a las personas que son víctimas del tráfico de personas.

Todo este antecedente refleja que los días de Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración estarían contados, pero no le quita el manto protector su amigo el presidente AMLO.

El grupo de trabajo integrado en el Senado para analizar la tragedia del 27 de marzo de 2023 emitió una recomendación al Ejecutivo para separarlo en lo que se resuelve su situación jurídica, pero entre más exigencias hay por quitarlo más lo sostiene López Obrador.

Senadores de todos los grupos parlamentarios (incluidos del oficialismo) habrían coincidido en que Garduño no puede estar al frente de Migración mientras se encuentre sujeto a proceso.

Pero el funcionario ahí sigue, el peligro continúa tanto como las condiciones infrahumanas de los miles que siguen llegando a Chihuahua y esta frontera.

Ninguna solución a la vista, ni por mediana que fuera, solo tragedias y ganancias exorbitantes para polleros y funcionarios migratorios.