La omisión ante avisos de tragedia

-La omisión ante avisos de tragedia

-Otra vez AMLO fue mal informado  

-Las señales desde la CNDH por tragedia

-Ni licencia podrán sacar papás irresponsables  

Siempre estuvo y sigue latente el potencial peligro de una tragedia humana menor, igual o lamentablemente mayor a la ocurrida el lunes por la noche con el incendio y muerte de casi cuatro decenas de migrantes en el interior del rudimentario centro federal de detención en esta ciudad.

A pesar de esa amenaza tangible, no solamente no tomaron las providencias respectivas los principales funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) relacionados con el suceso, Salvador González, Daniel Goray y Edgar Caro, sino que encabezaron la redada de centro y sudamericanos, los apretujaron en las oficinas, les pusieron llave y evidentemente desaparecieron.

La mecha fue encendida como había sido prendida en acontecimientos similares anteriores. A través de mentiras y/o medias verdades en redes sociales, creyeron que su detención era para ser deportados, buscaron presionar a través de la protesta, del amotinamiento, prendieron fuego a las colchonetas, quedaron a atrapados con las puertas selladas y devino la terrible tragedia de impacto mundial.

Salvador González es el titular del Instituto Nacional de Migración en el estado, Daniel Goray es el responsable operativo de las redadas y Edgar Caro fue quien autorizó que fueran hacinados cerca de 100 migrantes en el centro casi pegado a la Presidencia Municipal. Inconmovible el titular nacional de dicho instituto, Francisco Garduño.

Metieron a 68 hombres y a 15 mujeres en ese lugar en el que apenas había espacio para 40 personas. Esto era sabido desde siempre. Prácticamente, desde la creación del centro, en 1995, nunca aumentó la capacidad; vaya, ni siquiera una remozada tuvo en tantísimo tiempo.

Pero el peligro no solamente estaba en ese lugar, sino en toda la ciudad. Es latente mientras los migrantes llegan por centenas sobre el peligroso lomo de los trenes cargados generalmente de combustibles, cuando más de mil de ellos se instalaron en el bordo del Río Bravo con luz eléctrica obtenida mediante “diablitos” o cuando han tratado de cruzar por la fuerza a los Estados Unidos, o todos los días que miles de ellos deambulan por las calles entre vehículos y circunstancias altamente peligrosas.

Nada de todo ese peligro ha sido tomado en cuenta con seriedad por el gobierno mexicano. De ahí que finalmente ocurriera lo que ha pasado, y sin disminuir el riesgo para los otros miles que siguen en la ciudad y en otras partes del país.

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La tragedia en el Instituto Nacional de Migración de la frontera (INM), que alcanza justamente nivel de crimen por las condiciones inhumanas de detención evidenciadas, parece que no le fue bien informada al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Según la versión presidencial, que pareciera minimizar un hecho tan impactante, la muerte de los migrantes fue a causa de la protesta de ellos mismos porque se enteraron que serían deportados o movilizados del “albergue” donde se encontraban.

Si se presta atención a los términos usados por López Obrador, claramente puede verse que está muy mal informado. Tal vez con mala fe de quienes pretenden aprovechar cualquier tragedia y lo que menos les importa es la verdad o la justicia.

Primero que nada, hubo una redada en las calles para detener migrantes, operativo que, de acuerdo a las nuevas normas en materia de derechos humanos, estaría en los límites de lo legal y lo ilegal, pues no es un delito estar en territorio mexicano sin papeles; es una falta administrativa.

La detención de un migrante, por lo tanto, sólo puede ejecutarse mediante la debida orden migratoria, en la cual debe establecerse el nombre de la persona, motivos y circunstancias para su eventual captura. Seguramente nada de eso existe en los más de 80 expedientes ingresados al lugar.

En segundo lugar, no estaban los migrantes en un “albergue”, como dijo el presidente. Estaban en la Estación Migratoria Juárez que, todo mundo lo sabe, no es tal, sino un par de bodegones (uno de hombres, otro de mujeres) con barrotes, que incumple todo protocolo nacional.

En Chihuahua, la única estación migratoria como tal, con dormitorios, baños, regaderas y área recreativa, es la de Janos; de ahí en fuera todas son instalaciones pobres, indignas e insuficientes para las labores de detención, las cuales deben aplicarse en casos muy específicos.  

El “albergue” que dijo AMLO estaba muy lejos de tener las condiciones adecuadas para ser utilizado como lugar de detención. Cero respeto a derechos humanos. Algo de total competencia federal, ni municipal ni estatal, como para no hacerle frente al problema y tratar de repartir culpas.

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Sí están en aprietos los responsables del Instituto Nacional de Migración encargados del centro de detención en el que estaban los migrantes.

Hay cuando menos dos recomendaciones muy recientes por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –a la cual no puede tacharse de “conservadora” o “fifí”- en las cuales podemos encontrar clarísimas referencias a maltrato y abuso en contra de migrantes, ocurridos en idénticos centros de detención, uno en la Ciudad de México y el otro en Tapachula, Chiapas.

En el caso de Chiapas, está la recomendación 176/22, en donde migrantes haitianos decidieron exigir atención inmediata a su reclamo, que no era otro que les permitirán proseguir su camino por el país con destino a los Estados Unidos. Como respuesta, la Guardia Nacional los gaseó y sometió en uno de los patios, tirados en el piso y bajo la intensa lluvia característica de aquella zona geográfica.

En la Ciudad de México, la recomendación es la 87/22, referente al trato dado a los migrantes en la estación denominada “Las Agujas”. Eran dos migrantes que llegaron vía área, detenidos en el aeropuerto sin razón alguna, cuando tenían permiso para ingresar y permanecer en el país en calidad de turistas.

En una y otra recomendación –dos casos diferentes, porque en el primero los migrantes carecían de documentación para acreditar legal estancia en el país, y en el segundo caso sí contaban con dichos documentos-, la CNDH hace hincapié en el respeto a la dignidad de los migrantes, y el libre tránsito, con seguridad, por la condición de vulnerabilidad en que se encuentran.

La Observación General 27 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su párrafo 5, explica que “...el derecho de circular libremente se relaciona con todo el territorio de un Estado... las personas tienen derecho a circular de una parte a otra (...) el disfrute de ese derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular...”.

No tenían entonces nada que hacer esos migrantes en este centro fronterizo, aún con la justificante de que estaban de manera ilegal en el país, y menos en las condiciones de riesgo que terminaron materializándose en su grave perjuicio, por la lentitud con que actuaron los funcionarios del INM. Ambas recomendaciones, de abril y agosto pueden ser consultadas en la página oficial de la CNDH, las dos firmadas por María del Rosario Piedra dirigidas al responsable del INM, Francisco Garduño.

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La reforma a la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada por el Senado de la República la semana pasada, rebasó por mucho las disposiciones estatales en materia de deudores alimentarios, es decir de los padres de familia, generalmente hombres, que no se hacen cargo de mantener a sus hijos.

En Chihuahua quedó aprobado el Registro Estatal de Deudores Alimentarios apenas en 2021; fue hasta diciembre del año pasado que fue acordada su creación y operación más allá del papel, sin que existiera claridad sobre sus alcances. La obra fue bien acreditada a la exdiputada priista juarense, Rocío Sáenz.  

En el plano local quedaron limitados algunos derechos políticos para los irresponsables, entre ellos el de postularse a cargos de elección popular. Pero en el plano nacional la reforma fue más lejos, dado que los deudores alimentarios no podrán tramitar ni la licencia de conducir ni el pasaporte, entre otros documentos oficiales.

Los adultos que no cumplan sus obligaciones de asistencia familiar, además de que estarán en riesgo de ser acusados de un delito penal, verán obstaculizada casi toda su existencia con las nuevas disposiciones. Serán restricciones muy serias las que cobren vigencia con la normativa drástica recién aprobada.

El Poder Legislativo estatal deberá darse prisa para homologar las disposiciones nacionales. No es cosa del otro mundo, dado que ya existe el precedente local, nomás hay que agregar las nuevas restricciones que van a pegarle duro a esos que huyen de las obligaciones y los compromisos obligados hacia los hijos e hijas.