Informe de Corrupción, un ejercicio de ciudadanía que incomodó a todos

Espero poder transmitir estructuradamente, las reflexiones que hoy me hacen escribir estas líneas.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua reconoce el derecho humano a la participación ciudadana; su objeto es garantizar el ejercicio de este derecho, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución local, así como de otros instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano; también considera la garantía de la participación política y la participación social.

Esta ley señala que las autoridades deberán fomentar la cultura de participación ciudadana de quienes habiten en el estado, mientras que en el artículo 7 de la misma, indica que los ciudadanos tienen derecho a formar organizaciones de colaboración o de fomento a la participación ciudadana.

Ahora pasemos a la regulación que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En su artículo 6, señala que la manifestación de las ideas será objeto de inquisición judicial SOLAMENTE cuando ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; e instaura que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

A su vez, el artículo 7 establece que no puede violarse la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; y que ninguna ley ni autoridad puede censurar previamente, ni coartar la libertad de difusión.

Finalmente, el artículo 9 de este mismo ordenamiento, garantiza el derecho de asociación y asienta que este derecho no se podrá coartar cuando se trata de reuniones pacificas con cualquier objeto lícito, agregando que no se considerará ilegal y no podrá disolverse una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad.

Para cerrar estos párrafos introductorios, hagamos referencia al principio de legalidad (contenido en varios artículos de nuestra Constitución); dicho principio consiste en que siempre la ley prevalecerá sobre cualquier actividad del poder público; es decir, que los actos de los gobernantes deben regirse por la ley y no por la voluntad del individuo.

Continuemos…

El pasado martes 16 de abril, la asociación civil Plan Estratégico presentó a la comunidad juarense, el Informe de Corrupción. Es importante señalar que este ejercicio de ciudadanía no es un acto nuevo, ni derivado de la circunstancia electoral que actualmente vivimos; dicha asociación civil ha venido presentando este informe anualmente, desde el año 2017 y lo hace como un ejercicio de formación de cultura cívica.

Dichos informes (no es el único informe que esta asociación civil realiza), siempre han provocado reacciones adversas, porque no dejan de ser un señalamiento de las deficiencias administrativas que tienen las administraciones municipales. Por ejemplo, el informe “Así estamos Juárez” evidencia las carencias que padecemos los que habitamos en la frontera, en temas de salud, vivienda, movilidad, transporte, servicios públicos, seguridad, entre otros. Y resulta que la calificación que los juarenses hacen en este informe no es precisamente para colocarnos en un cuadro de honor, al contrario.

Pero volviendo al Informe de Corrupción, desde el año 2017 (incluso antes, aunque no con el formato que hoy se presenta) han señalado los riesgos de corrupción administrativa que hay en la asignación de contratos de obra pública o adquisición de servicios que hace el gobierno municipal, sea emanado del partido que sea. No se trata pues, de un asunto personal o motivado en el proceso electoral que tenemos en puerta, sino de un ejercicio ciudadano de análisis de información, exposición pública y demanda de un uso más transparente de los recursos públicos. 

Las reacciones primeras fueron de los juarenses que asistieron a este informe, cuyo desagrado e indignación por las cifras ahí expuestas, fue evidente. Las siguientes reacciones fueron del presidente municipal, que descalificó la información presentada por la asociación civil e hizo la insinuación de que lo hacían con motivo de la elección del 2 de junio y los “etiquetó” como parte de una alianza partidista estigmatizada hoy, entre algunos sectores de la población.

Además, declaró que, pasado el proceso electoral, interpondría las demandas correspondientes en contra de la asociación y sus representantes, por provocar daño moral. Esto último puede percibirse como intolerancia ante la crítica, no a su persona, sino a su administración, la cual no ejerce solamente él. Es importante precisar que los señalamientos, antes de dirigirse al presidente, se dirigen a titulares de oficinas con rostro, nombre y apellido propios, a quienes el presidente como máximo jefe, puede demandar un mayor esfuerzo y mejor desempeño, someter a una evaluación y ¿por qué no? Prescindir de sus servicios si no son bien evaluados.

Podría decir que el presidente municipal ha tenido actitudes mesuradas, congruentes, ecuánimes; incluso en un incómodo incidente reciente, en el que fue increpado en las puertas de su domicilio particular, por un grupo de ciudadanos, su reacción y las declaraciones dadas a la prensa fueron impregnadas de aplomo; mermar esa prudencia justo frente a una organización ciudadana que siempre se ha dedicado a educar en materia de civismo y democracia, no sería una actuación virtuosa, digna de quien gobierna una ciudad tan importante.  

Ante su intención de ser reelecto para un periodo más como presidente municipal, ojalá pueda, no leer estas líneas, sino leer especialmente los anhelos de los juarenses, que merecen una autoridad municipal que coadyuve al engrandecimiento de nuestra ciudad, con cada uno de sus actos y que en ellos, aliente el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución.