En pocas palabras llaman arrastrado a Luis

• En pocas palabras llaman arrastrado a Luis

• Cuidan diagnóstico del desastre corralista

• Casi se infarta Lilia al ver lo que dejaron

• El mensaje es que deben pagar si quieren la JMAS

Tras la conocida renuncia del diputado Carlos Olson como presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, fue designado en su lugar otro corralista arrepentido, Luis Aguilar, oriundo de Camargo y presumido como experto en finanzas públicas.

Tal vez a la bancada que coordina Mario Vázquez le faltaron leales que dominen el delicado tema del presupuesto, por eso le tocó a Aguilar Lozoya una de las comisiones más importantes del Congreso. Vázquez Robles debió quedarse como secretario de la misma comisión, en papel de vigilante.

Desde que asumió como diputado reelecto, al legislador panista le sobraron felicitaciones, principalmente de los bots que maneja en sus redes.

Pero hubo una reacción inesperada bastante ácida, que muestra las condiciones en las que quedó Aguilar con quien lo hizo secretario de Desarrollo Social.

Fue la expresidenta del DIF, Cinthia Chavira, quien le comentó: “Felicidades, Luis. Empezó con el pie izquierdo y de resbalón... Pero, qué importa? El tiempo nuevo al que ud se ha sometido exige incondicionalidad. Y eso a ud se le da” (sic). Imagen en versión digital de La Columna.

La referencia tiene que ver, según quienes conocieron la relación Aguilar-Javier Corral, con la doble cara del exsecretario y legislador.

Pero en la bancada albiazul se ha justificado la decisión de entregarle tan importante comisión en el hecho de que siempre fue claro Aguilar con sus lealtades. Cuando la gente de Maru Campos lo buscó, él nunca negó la cruz de su parroquia.

Se dijo en todo momento del lado de Gustavo Madero como plan A, pero si no resultaba candidato del PAN a la gubernatura se sumaría de inmediato al otro proyecto sin mayores condicionamientos. De ahí que le hayan pagado tan bien.

En fin, visto como traidor del lado corralista con ese insulto de la exprimera dama (que también tuvo lo suyo con la explotación sin fin de la flotilla aérea igual que su consorte), y aunque no tenga todas las confianzas en el otro grupo, le fue entregada la influyente comisión que en cosa de unas semanas habrá de enfrentar la primera prueba de fuego con el paquete económico estatal 2022.

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Antes de salir a hablar en público, los secretarios del gabinete de Maru Campos deberán armar todo el cuadro en sus respectivas dependencias para que sea irrebatible el diagnóstico que presenten del desastre corralista.

Tal es la instrucción que tienen. De hecho el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, ya anticipó que primero evaluarán, revisarán a fondo todos los detalles en los ramos de la administración y luego los darán a conocer.

Aventurarse ahora por el mero afán de aparecer en medios es lo que a varios secretarios les llama la atención. Pero darse a conocer y estar visibles no debe ser tomada como prioridad, no es lo que le interesa a la mujer que toma las decisiones en Palacio de Gobierno.

Lo que busca el régimen estatal es tomar las lecciones que dejó Javier Corral, cuyos secretarios salieron a los pocos días a denunciar el montón de irregularidades del duartismo desde el comienzo de la gestión anterior, pero ni el uno por ciento fue judicializado.

Resultaron los corralistas unos habladores. En muchas dependencias los supuestos actos de corrupción no eran tales, mientras que en otras tantas tal vez lo eran, pero no fueron eficientes en reunir la evidencia necesaria para procesar a los presuntos responsables.

Por eso deberán irse con pies de plomo los nuevos titulares de la administración estatal. No vayan a salir con lo mismo de sus antecesores, que presumieron corruptelas que luego ni denunciaron formalmente, así que no tuvieron efectos jurídicos.

Tendrán todo el tiempo del mundo para diagnosticar, pero sin que se les vaya la administración en eso; es decir, que deberán avanzar en planes, proyectos y presupuestos a la par que investigan el desorden que les heredaron.

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La que casi se infarta fue la exsenadora priista Lilia Merodio, designada secretaria de Desarrollo Rural de la nueva administración estatal. El concepto de caos parece ser insuficiente para describir lo que le dejaron en la dependencia.

La inoperancia de los programas de apoyo a la agricultura y ganadería, subejercicios, plaga de barzonistas domesticados con la nómina, aviadores y descontrol administrativo general, fue lo que encontró la juarense en el área que cayó por sorpresa en el gabinete de Maru Campos.

Según los reportes de los interesados en el sector agropecuario, la gestión del primer secretario corralista del ramo, Rubén Chávez Villagrán, fue de menos a más.

Tuvo sus prietitos en el arroz en esos dos años que funcionó como secretario y varios altibajos por el choque de visiones entre su forma directiva empresarial y el montón de vividores del presupuesto que le mandó Corral para que los refugiara en la dependencia. Así salió adelante un par de años.

El sucesor, René Almeida Grajeda, caminó al revés. Fue de más a menos con su nado de muertito en el que permitió convertir Desarrollo Rural en una entidad fantasma.

Ese fue el batidero que le heredaron a Merodio Reza, quien seguramente todavía no se repone de los sustos que día tras día, jornada tras jornada, le llegan en cascada desde que acudió a tomar las riendas de la dependencia.

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Alcanzar la municipalización de la Junta de Agua y Saneamiento que maneja el Estado está tan lejos como seis, siete o hasta ocho mil millones de pesos. Algo así como el doble o hasta más del presupuesto de Juárez durante todo un año.

La petición que hará formalmente en unos días el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para que la administración estatal de Maru Campos entregue la dependencia, no tiene buen augurio por ese motivo.

El Gobierno del Estado en la gestión Marucampista apunta a mantener la directriz administrativa de los últimos sexenios. Habrá plena disposición a municipalizar lo que sea, si los municipios pagan los miles de millones de pesos que cuesta la infraestructura y los activos de las dependencias. Estribillo de Corral y todos sus antecesores.

Es decir, en términos simples, que si cualquier municipio quiere controlar su Junta de Agua, nomás tiene que cubrir el valor de los pozos, tuberías, redes de distribución y almacenamiento, equipos, vehículos y demás activos propiedad del Estado. Nomás eso, cosa de nada.

Así que el asunto no es jurídico solamente. En un litigio, seguramente cualquier tribunal fallaría a favor de un municipio por el precepto constitucional que establece facultades claras para cada orden de gobierno.

Pero ello no implica la transferencia gratuita de la infraestructura. Iría una indemnización fuerte de por medio dentro de cualquier fallo judicial.

Es eso lo que por años ha mantenido como estatales a los organismos que en teoría deberían ser municipales. Agua y vigilancia vial preventiva, son las dos principales.

En el caso de los puentes fronterizos se trata de una concesión federal que sólo está en el ámbito de ese nivel de gobierno. Pasarlo al Municipio implica otro procedimiento que, de darse, podría violar el contrato con el Estado, lo que también tiene tantas salidas como consecuencias.

Sin embargo, no cabe duda que cederá el régimen a la petición municipal si hay buena voluntad política. Ya veremos.