De nuevo, el Poder Judicial

En este espacio he escrito de manera recurrente, casi periódica, sobre los ataques a la división de poderes, especialmente, cuando el Poder Judicial se convierte en colaborador, directo o indirecto, de los gobernantes.

Una de las formas como la teoría trata de dotar a los miembros del Poder Judicial de la autonomía e imparcialidad con que deben desempeñar su función, es atribuirles un período distinto, regularmente más extenso, del que se le asigna al titular del Poder Ejecutivo. Existe la creencia que, de esa manera, los miembros del Poder Judicial no serán sometidos a la presión del gobernante en turno, pues cuando él se vaya, ellos seguirán impartiendo justicia. Dicho principio tiene sentido, mas no es suficiente para garantizar la independencia judicial.

En todas las entidades federativas, hemos visto que muchos integrantes del Poder Judicial se entregan a los mandatos del gobernante en turno, con el fin de obtener de éste mayores prebendas en su carrera judicial. Han sido pocos los casos de gobernadores que no controlan a la mayoría de los miembros del Poder Judicial de la entidad. Cuando esto ha sucedido, muchos gobernadores han intentado infructuosamente removerlos; la alternativa por la que muchos han optado, ha sido aumentar el número de integrantes de dicho poder, para así diluir a la disidencia. Obviamente para poder llevar a cabo un plan como éste, se debe de contar con la colusión de la legislatura local, la cual la mayoría de las veces accede.

El problema de estarle metiendo mano de manera constante al Poder Judicial es que se termina por debilitarlo, debilitando a su vez el Estado de Derecho y poniendo en riesgo la teoría de los pesos y contrapesos.

En el caso federal, vemos que el presidente, en un afán acaparador de poder, ha sometido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a diversas pruebas que le han mermado cada vez más prestigio, y la han colocado en el escrutinio de la muchedumbre que no entiende de procesos judiciales, menos de justicia.

En un principio, señaló a los ministros de la Corte por sus altos sueldos. Después, el tema de Medina Mora, en donde la UIF prácticamente removió un ministro incómodo. Ahora, la Suprema Corte estará nuevamente a prueba en su imparcialidad a partir de la resolución a la consulta popular de enjuiciar o no expresidentes. Creo que en este último caso, el presidente sabe cuál será el resultado, y este será el pretexto perfecto para volver a darle una exhibida a la Corte, pues ésta resolverá basándose en criterios constitucionales y jurídicos, no populistas y políticos. Quizá López Obrador le diga al vulgo que la Corte no quiere enjuiciar expresidentes, cuando en realidad, la Corte estará diciendo que no se requiere una consulta para procesarlos.

Debemos prestar especial atención a los votos de los ministros propuestos por la 4T. Quizá en temas tan obvios (como fue el caso de la Ley Bonilla), es claro que votarán en contra. Sin embargo, en temas de mayor complejidad es donde se verá si efectivamente son imparciales.

Precisamente por estas incertidumbres, es que pienso que la rama judicial debe fortalecerse y blindarse, de otra forma, estarán a merced de los deseos del gobernante en turno, descuidando así la función constitucional que tienen.

Un ejemplo de que esto no es privativo de nuestro país es lo que sucede actualmente en Estados Unidos con la Suprema Corte. Tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en ocupar la posición de juez de la Suprema Corte (después de la paseña Sandra Day O’Connor), una de las juristas más progresistas que ha tenido Estados Unidos, ejemplo de superación y modelo para muchas mujeres, se han desatado una serie de señalamientos de carácter político respecto a quién deba relevarla. Recordemos que el presidente Obama nominó al juez Merrick Garland para la posición que quedó vacante tras la muerte de Antonin Scalia. El Senado, con su mayoría republicana, rechazaron esa nominación pues argumentaron que el presidente no debía nombrar jueces a la Suprema Corte en el último año de su mandato.

Ahora, esa mayoría republicana que todavía controla el Senado, dice que votará la propuesta que haga el presidente Trump, desdiciéndose de lo dicho hace cuatro años. En el caso concreto, la propuesta es Amy Coney Barrett, una jueza conservadora.

Los demócratas ya amagaron que, en caso de obtener mayoría en el Congreso en la elección de noviembre, aumentarán el número de jueces de la Suprema Corte, precisamente para diluir a los conservadores. Justo como lo hacen los gobernadores en nuestro país.