Así las cosas con la Reforma Electoral

México es un país con una larga historia en materia electoral, cuando el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la constitución, también se instituye la junta empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales, que se encargaban de la organización y calificación de las elecciones; posteriormente en 1946, se promulga la Ley Federal Electoral y se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1951, se aprueba una reforma a la ley para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, pueda revisar y dictaminar la aprobación de los partidos políticos.

En 1973 se forma la Comisión Federal Electoral, representada por todos los partidos políticos y presidida por el secretario de Gobernación, sin embargo, fue hasta 1994 al instituirse los Consejeros Ciudadanos, cuando por primera vez en la historia de nuestro país, las elecciones no estaban en manos totalmente del gobierno ni los partidos políticos. Con eso se dio paso a la alternancia en el poder con lo que llegaron a la Presidencia de la República al PAN, luego al PRI y a MORENA en el 2018.

Es evidente que las condiciones de 1994 no son las del 2022, han entrado en juego una serie de factores que nos permiten competir por puestos de elección popular con situaciones que no están previstas en la legislación vigente y que no pueden subsanarse con pequeñas adecuaciones; tal es el caso de las redes sociales y las nuevas formas de persuasión y comunicación solo por mencionar algunas. Adicionalmente, es importante mejorar los procesos, los actores, las estructuras y la forma de administrar el desarrollo de las elecciones. 

Para llevar a cabo estas adecuaciones al marco regulatorio, el pasado 26 de julio iniciaron los foros de parlamento abierto para la Reforma Electoral, mediante la cual diversos actores de la vida política y social de nuestro país exponen sus ideas sobre lo que es importante mejorar en el sistema electoral mexicano. Con ello se cumple un requisito indispensable en cualquier régimen democrático, el pueblo habla y el gobierno escucha. Hasta el momento, se han llevado a cabo 6 foros de 35 programados, que pueden ser revisados en las distintas plataformas de redes sociales en el canal de la cámara de diputados o en el micrositio de la reforma electoral en la página web de la cámara de diputados.

Por mi parte creo que es conveniente revisar a fondo todo el financiamiento al Instituto Nacional Electoral, permítanme explicarlo; el 24 de enero de 2022, en el Diario Oficial de la Federación, quedó publicado el acuerdo donde el Consejo General del INE aprobó el presupuesto para el año 2022, en dicho acuerdo se determina la cantidad de $13,914,742,268.00 para la correcta operación del órgano autónomo dedicado a organizar y vigilar los diferentes procesos electorales. Esto, aunque 2022 resulte ser un año con pocas elecciones estatales.

Queda claro que el enorme costo tiene que ver con dos cosas importantes, la primera es la enorme desconfianza que, durante muchos años, los partidos políticos tradicionales y los gobiernos sembraron en la sociedad mexicana, mientras que la segunda, consiste en la enorme cantidad de dinero que se les asigna a los partidos políticos. Esto debe cambiar, no es posible que nuestro país siga siendo de los más caros en cuestión electoral.

Otro tema importante que debe incluirse en la reforma es la reducción de diputados, esto lo digo siendo yo un diputado plurinominal. Actualmente son 500 y en la propuesta inicial se habla de una reducción de 200, es decir terminarían quedando solo 300 diputados. Esto representa un ahorro en términos de los gastos que realiza el gobierno, pero también debe plantearse como un requisito para hacer eficiente el proceso legislativo.

Por último, el financiamiento a los partidos políticos para 2022 asciende a $5,543,960,204, una cantidad exorbitante que representa un gasto diario de más de un millón y medio de pesos, que puede considerarse necesario si se pretende salvaguardar a los partidos de los financiamientos oscuros, pero siendo realistas, la pura asignación de dinero no garantiza que no haya recursos ilegales en las campañas.