Diario
• Su enojo es porque no quiere dejar la gubernatura
• Equipo médico para Juárez terminó en Chihuahua
• Apenas 50 millones para Juárez... de más de 274
• Deberá tesorero perder el amor a otros millones
Javier Corral ha decidido no abandonar la gubernatura al concluir su período en septiembre del año próximo. Ha resuelto ampliar su mandato a través del senador Gustavo Madero Muñoz, un político panista que como senador ha sido ignoto para los juarenses. Un desconocido por completo sin más posibilidad de triunfo que un eventual fraude de cualquier índole.
La nueva ofensiva del gobernador del estado contra El Diario, contra la libertad de expresión, contra el derecho de los lectores a la información oportuna y veraz, tiene su explicación en ese objetivo de la sucesión.
Es considerado este rotativo su principal obstáculo porque diversas publicaciones tienen qué ver con la corrupción de su régimen, su autoritarismo, sus arbitrariedades, y su fracaso general como administrador público. Todo es del conocimiento de los juarenses.
Desde la construcción de un puente (Arizona) con un retraso de cuatro meses, el abandono del personal médico y administrativo en los hospitales estatales aun frente a la pandemia, hasta una deuda pública que va casi en los 60 mil millones de pesos y una violencia que ha privado de la vida a más de ocho mil personas en el estado durante los casi cuatro años que van de administración. Por decir lo menos. El Diario sólo ha publicado hechos conocidos y comprobados.
No tiene Corral más defensa frente a todo ello que tratar de acallar al medio informativo de una manera burda, abusiva y desplegando todo el poder en sus manos, sin reflexionar que esa conducta no le ayudará a ser mejor gobernante, mejor político, mejor persona, y por lo tanto, alcanzar la autoridad política necesaria para trascender a sus cinco años de gobierno imponiendo a un sucesor.
No se saldrá con la suya en ninguno de los casos, no echando la culpa de todos sus males a El Diario. La cobardía y el despotismo nunca llevan al éxito.
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El siete de agosto de 2018 la nota del gobernador Javier Corral y el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la vuelta al país. Estaban en Juárez, en el esqueleto del Hospital de Especialidades, abandonado por gobiernos priistas. Ahí mismo, uno y otro se comprometieron a terminarlo con los más de 500 millones de pesos que le faltaban a esa inversión inconclusa.
También hablaron de hacer lo necesario para instalar un acelerador lineal que se usa en los tratamientos de radioterapia en pacientes con cáncer, lo que implicaba infraestructura especial adecuada. Sobra decir que a la fecha la obra negra permanece igual que hace 21 meses. No hubo presupuesto estatal ni federal en lo que quedaba de 2018, tampoco en los dos años siguientes.
El abandono se prolongó con dos nuevas administraciones, una panista y otra morenista. El escenario surrealista donde se tomaron la foto los mandatarios se mantiene. Pues bien, la semana pasada Corral Jurado comenzó unas obras en el Hospital General de Chihuahua. De dicho acto oficial lo único que se destacó políticamente fue cómo la subsecretaria de Prevención o “comandanta contra el coronavirus”, Mirna Beltrán, parecía sustituir de facto al becado secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda. Pero hubo algo más grave que quedó sepultado entre las politiquerías y la cizaña palaciega. Médicos especialistas de Juárez aseguran que Corral comenzó con esas obras en la capital para construir el búnker que requiere un acelerador lineal, el mismo equipo que estaba comprometido a la frontera, pero al final se decidió instalarlo en Chihuahua.
El sofisticado equipo proveniente de Viena, Austria, cuesta unos 30 millones de pesos y requiere del doble de inversión para instalarse. Es una donación del Organismo Internacional de Energía Atómica promovida por destacados doctores chihuahuenses. Y como en Juárez el hospital es una obra negra a la que ya no le han metido un peso, se determinó entonces dejarlo en la capital. Así de sencillo.
El mismo gobernador lo dijo en una ceremonia oficial que se hizo casi en privado por la contingencia sanitaria. Ni la mínima explicación de la negligencia estatal y federal por la obra negra, el elefante blanco o como se le quiera llamar a ese hospital a medias.
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El comunicado oficial del Gobierno del Estado CCS /8794, girado la tarde del viernes pasado, llegó a reiterar lo que desde hace unos días se comenta en círculos gubernamentales y del sector privado. En el Plan Emergente Estatal para hacerle frente a la contingencia la frontera ha sido relegada.
La actualización muestra que de 345 mil personas supuestamente beneficiarias de apoyos sociales estatales, sólo 37 mil son de Juárez, poco más del 10 por ciento. De 274 millones de pesos dispersados sólo 50 millones han aterrizado en la frontera como apoyo a la población en desgracia. Ni de lejos es una cifra destacable en un universo de 1.3 millones de habitantes. Tampoco si se compara con el nivel de desempleo, desocupación temporal o población con baja drástica de ingresos en esta crisis. Aparte de eso sobresale la inexistencia de un criterio de aplicación transparente de los recursos.
La región que comprende la capital y una decena de municipios aledaños, que están muy lejos de alcanzar el nivel poblacional de la frontera, ha recibido más de 85 millones de pesos en supuesto beneficio de casi 95 mil habitantes.
Las ciudades de Cuauhtémoc y Parral, según el mismo boletín, son segundo y tercer lugar, antes que Juárez y después de la capital. En la primera se reportan 61 millones de pesos para 101 mil beneficiarios; en la segunda 44 millones, poco menos que la frontera, pero su alcance supuesto es de 66 mil habitantes. Por lo visto la frontera más importante del estado, la más poblada, productiva y con la problemática más compleja, es ciudad de segunda... y ahora hasta se presume oficialmente.
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Recién acaba de aprobar el Cabildo de Juárez la extensión de los descuentos en derechos e impuestos municipales hasta julio y al tesorero Gerardo Ronquillo ya lo tienen arrastrando el lápiz otra vez. Como ya se había previsto, a fines de la semana pasada y a propuesta del independiente alcalde, Armando Cabada, el Ayuntamiento dio luz verde a prolongar dos meses las exenciones.
Se habían aprobado desde el pasado mes de marzo y se ampliaron ocho semanas más. Ante la crisis económica la administración municipal determinó que debería amortiguar el impacto que van a resentir los contribuyentes del impuesto predial, traslación de dominio y derechos por licencias de construcción, funcionamiento y otros conceptos.
Traducido en pesos y centavos el impacto es millonario para las arcas municipales. Eran contribuciones ya contempladas en la Ley de Ingresos 2020, que ya no existirán por las obligadas medidas de alivio fiscal. Apenas aprobada la extensión la semana pasada, dicen que el alcalde no descarta una nueva prolongación de plazos. Si es necesario se hará para todo el año, pues las dimensiones de la crisis económica que está encima no son para menos.
Por ello Ronquillo Chávez ya debe estar haciendo cálculos y números del impacto de los primeros 60 días de abril y mayo, lo que implica la medida para otros dos meses y lo que significaría si se aplica lo que resta de 2020. Además de los incentivos fiscales, las otras áreas de la administración ya deben estar metidas en sus planes de ahorro y gasto para este y el año que viene. Siguen las necesarias medidas de astringencia presupuestal para enfrentar los retos postpandemia.