Diario
Nacional
domingo, 01 diciembre 2019 | 08:25
Ciudad de México.- Al cumplir este domingo su primer año de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega con varios frentes abiertos: la violencia que no cesa, el crecimiento económico que no llega y la administración pública que apenas va entendiendo sus políticas públicas.
Pese al histórico despliegue de las fuerzas federales con casi 63 mil militares en todo el territorio, la violencia no cede.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de este año se registraron 28 mil 741 homicidios, cifra 2.1 por ciento más alta que el año pasado.
De mantenerse esos niveles durante el último bimestre, el año concluirá con más de 34 mil 400 víctimas, la cifra más alta.
Esto a pesar de ser una de las prioridades del mandatario, quien a diario sesiona con el Gabinete de seguridad.
El mismo Sistema revela que un total de 3 mil 142 mujeres fueron asesinadas en México durante los primeros 10 meses de este año -100 más que en 2018--, lo que representa un promedio de 10 al día.
La creciente violencia y la inseguridad no sólo se han visto reflejadas en las cifras, sino --además de las fosas en Jalisco y los ataques en Minatitlán y Veracruz-- en dos momentos clave: la toma de Culiacán y la masacre de la familia LeBarón.
En el primero, con ataques a soldados y civiles, el Cártel de Sinaloa sometió al Gobierno para que liberara a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras un operativo fallido y mal planeado, con el que pretendían capturarlo y entregarlo a Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de extradición.
En el segundo, seis niños y tres mujeres fueron ejecutados y quemados, en los límites de Sonora y Chihuahua, desatando una ola de indignación que revivió a las caravanas que exigen paz y justicia y que llevó a los deudos de la familia LeBarón hasta la Casa Blanca para pedir que los narcos mexicanos sean perseguidos por Estados Unidos como si fueran terroristas.
Al inicio de este año, el presidente prometió resultados en materia de seguridad en un plazo de seis meses. Los informes oficiales hablan de un "punto de inflexión" en los delitos. AMLO ya pidió un año más de gracia.
El otro gran pendiente de este primer año es el crecimiento económico que no llega. Apenas el Inegi reveló que la economía no reportó crecimiento en términos reales al tercer trimestre y que en términos acumulados la variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros nueve meses de 2019 fue 0.0 por ciento.
Y es que la promesa inicial era que México crecería a un ritmo del 2 por ciento, aunque el discurso cambió para posicionar al "desarrollo" y no al crecimiento como el factor más importante de avance en lo económico.
Pese a ello, el tabasqueño destaca que ha logrado ganarse la confianza del empresariado, que el pasado martes presentó un paquete de obras de infraestructura por 859 mil millones de pesos, entre los que hay carreteras, autopistas, segundos pisos, ferrocarriles suburbanos y hasta un estadio.
Aunque los representantes de la Iniciativa Privada acuden frecuentemente a la oficina presidencial, los analistas advierten que la falta de confianza ha impedido que fluyan los recursos.
Los empresarios fueron testigos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el freno a la industria de la construcción en la Ciudad de México y las presiones para renegociar los contratos firmados para los gasoductos con empresas nacionales y extranjeras.
El 13 de junio, el Presidente y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron un acuerdo para promover la inversión y desarrollo incluyente con un monto de 32 mil millones de dólares, es decir, más de 624 mil millones de pesos, sólo para este año.
Sin embargo, cinco días después, el presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín, se presentó en Palacio Nacional para reclamar al Mandatario la decisión de cancelar las rondas petroleras.
"Expresamos una sorpresa porque por un lado firmamos un convenio de promover la inversión, entre otras en el sector energético, y por otro lado una sorpresa de sin decir agua va se cancelan los contratos", reprochó.
La respuesta del mandatario fue que nunca se comprometió a permitir nuevos contratos privados en materia petrolera y lo cumplió hasta el último momento.
La lista de pendientes en el primer año de la Cuarta Transformación también incluye el fracaso en la venta del avión presidencial.
La aeronave comprada por Felipe Calderón y estrenada por Enrique Peña Nieto fue puesta en el mercado en marzo pasado, aunque fue trasladada hasta California desde diciembre de 2018.
Cada mes, el Gobierno federal debe pagar a la empresa Boeing alrededor de 60 mil dólares -un millón 200 mil pesos- por la renta del hangar en Victorville, además de los servicios especiales por mantenimiento, y otros 34 millones de pesos por la deuda que tiene con Banobras por la compra de la aeronave.
En julio, el Gobierno contaba con seis ofertas para la transacción. Sin embargo, en octubre, el Presidente informó que se habían reducido a un solo postor, sin que a la fecha se haya concretado la venta.
En paralelo, el proceso de descentralización de la Administración federal se ha retrasado. Hasta ahora, sólo la Secretaría de Energía se ha mudado a Villahermosa, Tabasco, e instaló un campamento en Paraíso, donde se construye la refinería de Dos Bocas.
La Secretaría de Cultura se cambió a medias a Tlaxcala, ya que no despacha allá de tiempo completo, la de Turismo prometió iniciar con el traslado de una de sus subsecretarías a Chetumal, Quintana Roo, y la de Educación anunció un cambio gradual a Puebla que podría tardar hasta tres años.
El presidente informó que la oficina de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ya opera en Zacatecas; la subsecretaría de Minas en Chihuahua y Nacional Financiera en Torreón.
Hace un año, frente a un Zócalo lleno, prometió que, con el fin de reactivar la economía en distintas regiones del País, las secretarías serían reubicadas en los estados, de manera voluntaria y sin afectar a los trabajadores.
La idea no sólo ha enfrentado resistencias presupuestales y burocráticas, sino también la preocupación de los servidores públicos que se pueden ver afectados por el cambio.
Pese a dificultades técnicas y boicots legales, los proyectos prioritarios de la administración, como el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas avanzan.
Para el mandatario, en los primeros 12 meses ha logrado sentar las bases de un nuevo régimen de gobierno basado en la austeridad y el reconocimiento de la corrupción como un delito grave, las compras consolidadas de insumos y una gestión basada en la entrega de apoyos sociales a los más desfavorecidos.
López Obrador busca ahora que su Estado de Bienestar quede asentado en la Constitución garantizando a los más pobres pensiones de la tercera edad y para personas con discapacidad, apoyos a los estudiantes y la garantía de salud a pesar de no contar con servicio social.