Proponen que funcionarios declaren actividad de cónyuges y familiares

Ciudad de México.— El PAN impulsa una iniciativa para que los servidores públicos informen sobre las actividades de sus cónyuges, dependientes directos y familiares.

"Todos los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de intereses deberán incluir las actividades económicas profesionales o laborales de su cónyuge, concubina, concubino o dependientes económicos directos.

"Para el caso del presidente de la República, secretarios, subsecretarios de Estado, directores de organismos descentralizados y empresas productivas del Estado, deberá incluir además a los parientes por consanguinidad hasta en cuarto grado y por afinidad hasta el primer grado", indica la iniciativa.

Acompañado de una decena de diputados y una manta con la imagen del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, acusándolo de corrupción, el panista Rodrigo Sánchez resumió la iniciativa.

Calificó al primer mandatario como "el rey de las mentiras", al decir que en su gobierno no hay corrupción, e insistió en que sí existe un conflicto de interés en su Administración con Daniel Chávez de Grupo Vidanta.

"El conflicto de interés no es si se paga o es honorífica la relación, que les quede claro, conviene algunos principios de honestidad, austeridad, transparencia y anticorrupción que el mismo presidente ha promovido, aunque sea sólo puro teatro", indicó.

En la propuesta panista se establece que los funcionarios que no presenten su declaración patrimonial o de intereses en los plazos previstos, no los actualicen o den información incompleta recibirán una multa de hasta 3 mil veces el valor de UMAs.

En el apartado de enriquecimiento ilícito del Código Penal, se pide agregar: se computarán entre los bienes y derechos reales que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños los que reciban, los que dispongan, su cónyuge, concubina o concubino, sus dependientes económicos directos o descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, las personas jurídicas de las que sean parte o beneficiarios finales o controladores.

Se argumenta que con esto la sociedad tendrá derecho a conocer las relaciones familiares de los servidores públicos del más alto nivel que sean susceptibles de afectar o incidir en el ejercicio de sus atribuciones y cerrar la brecha de actos de corrupción.