Procesan por 'Estafa Maestra' también en Sonora

Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso a una exfuncionaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y al exdirector de Televisora de Hermosillo (Telemax), por una supuesta contratación indebida de más de 311 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.

José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó por uso indebido de atribuciones y facultades a Luz María Orozco Quiroz, exdirectora de Comunicación Social de la Sedatu, y a Daniel Hidalgo Hurtado, extitular de Telemax.

Debido a que el delito imputado no prevé la prisión preventiva de oficio, ambos llevarán su proceso en libertad provisional, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

La imputación de la FGR está relacionada con el convenio general de colaboración suscrito el 19 de abril de 2016, por 311.8 millones de pesos.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación revisó este convenio, lo primero que señaló es que Telemax no contaba con la capacidad para prestar los servicios. De hecho, no llevó a cabo ninguno de manera directa y tuvo que subcontratar a nueve empresas para los trabajos, de manera ilegal.

Pide FGR 12 años de prisión a funcionario cercano a Rosario Robles

La FGR solicitó a un juez federal imponerle una condena de 12 años de cárcel a un exmando y excolaborador de Rosario Robles en la Sedesol, por un contrato de encuestas fantasma en el que se habrían desviado 77.8 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.

El organismo presentó su acusación por escrito en contra de José Antolino Orozco Martínez, exdirector General de Geoestadística y Patrones de Beneficiarios de la Sedesol, y también pidió una reparación del daño por 77 millones 847 mil 14 pesos.

El fiscal Sergio Daniel Callejas, responsable del caso, solicitó condenar a Orozco por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, e imponerle en forma adicional el pago de 150 días multa y la suspensión de sus derechos políticos.

Orozco es de los pocos implicados en la Estafa Maestra que se encuentran en la cárcel; fue detenido el 25 de septiembre de 2021 en Pachuca, Hidalgo, y desde entonces se encuentra internado en el Reclusorio Norte de esta capital.

En el escrito, presentado a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la Fiscalía ofreció 13 testimonios, 19 documentales, 4 peritajes y 12 medios de prueba, como evidencias de su culpabilidad para llevarlo a juicio.

El pasado 27 de octubre se iba a celebrar la audiencia intermedia, para dirimir estas pruebas, pero la diligencia fue aplazada.

La FGR acusó a Orozco de contratar indebidamente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

El convenio entre la Sedesol y la UAEM fue suscrito el 1 de septiembre de 2014 por 77 millones 847 mil 14 pesos.

La FGR afirma que fue una simulación para desviar el dinero porque de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, solo se levantó un millón 48 mil 575 encuestas, el 15.6 por ciento, y nunca se probó que se practicaran las restantes.

Y busca también imputar a exmando de Meade

De igual modo, la FGR busca imputar a Luis Iñaki Alberro Encinas, quien llegó a la Sedesol durante la gestión de José Antonio Meade, por un contrato de 17.8 millones de pesos otorgado en forma presuntamente indebida a la Universidad de Colima, en el caso de la Estafa Maestra.

Alberro, quien fuera director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, es el único de los 10 investigados en este asunto que no se presentó el 6 de septiembre y el 9 de noviembre a las audiencias de imputación programadas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Por razones diversas, ambas fueron postergadas y se espera que finalmente se lleve a cabo hasta 2023.

En la diligencia de septiembre pasado, el fiscal Raúl Mejía Tovar dijo al juez de control José Rivas González que la Policía Federal Ministerial de la FGR ha buscado al ex funcionario en un edifico de la Colonia Condesa, sin poder localizarlo para notificarle el citatorio.

En la sala de audiencias, la defensora pública federal Agustina Teresita Segura estuvo presente como representante de Alberro.

La audiencia de imputación no se ha llevado a cabo porque algunos ex funcionarios han pedido el diferimiento, debido a que no han tenido acceso a todos los documentos que recientemente la FGR ha agregado a la carpeta de investigación.

Alberro ingresó el 1 de octubre de 2015 a la Sedesol, cuando su titular era José Antonio Meade, y se desempeñó como director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios hasta el 10 de diciembre de 2018, periodo en el que también fueron secretarios Luis Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

La FGR lo relaciona con un convenio por el que la Sedesol pagó 17.8 millones de pesos a la Universidad de Colima, para actualizar la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y del que presumiblemente no hay documentación suficiente para confirmar que los trabajos fueron prestados.

Pero este convenio de coordinación fue suscrito el 31 de julio de 2015, tres meses antes de que Alberro entrara a la dependencia.

Libran exfuncionarias pago de 77 mdp

Un tribunal federal anuló la responsabilidad resarcitoria de más de 77.8 millones de pesos impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dos ex subordinadas de Rosario Robles, implicadas en la Estafa Maestra.

María de la Luz Vargas, ex directora general adjunta de Integración de Padrones, y María del Carmen Gutiérrez, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, ambas de la desaparecida Sedesol, libraron la obligación del pago.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) canceló el resarcimiento que el 2 de mayo de 2019 les impuso la ASF, tras considerar que ellas no firmaron un convenio utilizado presuntamente para desviar los recursos del erario.

El resolutivo detalla que otra de las razones para deslindar a las ex funcionarias es que tampoco era su responsabilidad la vigilancia y supervisión del cumplimiento del convenio, lo cual correspondía a la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, a cargo de Simón Pedro de León.

"Y (también) del representante legal de la Sedesol de revisar, verificar y aprobar en su caso, el cumplimiento de los servicios prestados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tal y como se advierte en su cláusula quinta del convenio de coordinación del 1 de septiembre de 2014", dice el fallo.

La ASF ya impugnó este resolutivo y será un tribunal colegiado de circuito el que determine si prevalece, modifica o revierte esta decisión del TFJA.

Este asunto deriva de un convenio de 77 millones 847 mil 14 pesos, suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol con la UAEM, para levantar 6 millones 700 mil 164 encuestas de beneficiarios de programas sociales que, en su mayoría, no se realizaron.

Por este contrato, un juez federal giró 11 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado, entre ellas contra Robles.

Vargas fue aprehendida en noviembre de 2020 por este asunto y Gutiérrez se encuentra evadida de la justicia.